Principio de convencionalidad, pro homine y justicia. Un anhelo del pueblo de Oaxaca

  • Opinión / Colaboradores Sábado, 09 de Marzo de 2013 16:00 hrs, por Jorge E. Franco Jiménez

La reforma constitucional en materia de Derechos Humanos que trasciende el entorno de protección a través del juicio de amparo, convertido ahora en un instrumento que formalmente garantiza al gobernado la tutela de los mismos, como se observa en el amplio espectro de los artículos 1º, 103 y 107 Constitucionales y de los criterios formulados por el más alto Tribunal en el caso Radilla Pacheco, que derivaron en principios y pautas que, por su importancia y lo que representan para los habitantes de la República, merecen ser difundidos, por tratarse de cuestiones que buscan asegurar que el Estado de Derecho en México y en Oaxaca, tenga contenido material, objetivo que involucre a las autoridades y sociedad en el tránsito a la seguridad y certeza jurídica, en el desarrollo de la vida comunitaria sujeta a relaciones reciprocas de dar y recibir que enfrentan colisiones, conflictos, controversias, resoluciones que, de una u otra manera, requieren de que la decisión final se acerque a ese parámetro antiguo de dar a cada quien lo suyo y exigir a los demás su respeto, cuestión que en nuestro país y en el estado no ha logrado legitimarse, ante las debilidades que presenta el sistema de justicia, frente al influyentísimo, la recomendación, la corrupción, la impreparación y la mala fe que afecta al sistema de justicia en Oaxaca, agudizado a pesar del discurso y propaganda oficial.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación en el expediente varios 912/2010, estableció los lineamientos o parámetros que debe observarse para el control de la protección constitucional de los derechos humanos, mediante la convencionalidad, como consecuencia de la reforma constitucional en esa materia por parte de todas las autoridades. En ese tenor, señalo tratando hacer lo menos complicada la comprensión de los términos jurídicos que llevan consigo esas medidas de alta jerarquía, para obtener un efectivo respeto a los derechos del hombre; se mencionan: la firmeza y obligatoriedad para las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es secuela de la Convención Americana suscrita por el Estado Mexicano, resaltando que el compromiso es a ese nivel en forma integral, no para cada uno de los tres Poderes, porque en si son un segmento de ese ente estatal, de ahí que el principio de convencionalidad, tenga que ver con la observancia de los puntos resueltos en ese nivel internacional, así como de los discernimientos que se formulen para ser aplicados mientras mantengan su vigencia.

 

La resoluciones que emite la Corte Internacional, en juicios o controversias en que no sea parte el Estado Mexicano, tienen carácter orientador para las autoridades nacionales y, esencialmente, para las decisiones de los jueces, siempre con vista en aquello que sea favorecedor a la persona, que es lo que se denomina regla o principio “pro homine”. De acuerdo a este esquema, todas la autoridades se encuentran constreñidas, no solo por los derechos humanos contenidos en los instrumentos internacionales firmados por México, sino también por los previstos en la Constitución Federal, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende a favor de la persona y que, en el caso de la función de los jueces, estos no pueden hacer una declaración general sobre la invalidez de una norma o sacar del orden jurídico las leyes que consideren contrarias a los derechos humanos, pero están obligados a dejar de aplicar las normas inferiores, dando preferencia a los contenidos de la Constitución y a los tratados internacionales, al ejercer el control de la convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos, acorde con el sistema establecido.

 

En este sentido los lineamientos consideran: “El ejercicio de dicho control presupone realizar tres pasos: a) Interpretación conforme en sentido amplio. Ello significa que los jueces del país, al igual que todas las demás autoridades, deben interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los cuales el Estado Mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia; b) la interpretación conforme en sentido estricto, implica que cuando hay varias interpretaciones de las leyes, preferirse aquella que hace a la ley afín a los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales para evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de estos derecho; y, c) inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no sean posibles….”.

 

El control de la convencionalidad según los tribunales, no es más que "la interpretación del derecho conforme con los tratados, y con dicha interpretación lo que se realiza es la exploración de las circunstancias de iure y de facto que subyacen al acto de autoridad reclamado, sin importar si la voluntad estatal se externó, en actos positivos, normas generales, actos concretos o bien, si no hubo voluntad y la omisión provocó una vulneración a algún derecho humano”. Los Tribunales Federales, han determinado en este propósito que: "La tutela jurisdiccional se ha definido como el derecho de toda persona para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales para plantear sus pretensiones o defenderse de ellas, con el objeto de que mediante la sustanciación de un proceso donde se respeten ciertas formalidades se emita una resolución que decida la cuestión planteada y, en su caso, se ejecuten las decisiones, es evidente que el respeto a esos derechos y libertades no debe supeditarse a requisitos innecesarios, excesivos, carentes de razonabilidad o proporcionalidad; por ello, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito, adviertan tal circunstancia, deben analizarla preponderantemente, en ejercicio del control de convencionalidad, con la finalidad de proteger y garantizar los derechos humanos, aun cuando no exista motivo de violación o agravio al respecto.”

 

Es importante reproducir el contenido de los artículos 1º, 103 y 107 Constitucionales, para tener una comprensión, al menos literal de sus alcances, señalan: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”. “Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;” “El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.".

 

Finalmente, debe concluirse que nuestro sistema constitucional abrió un espacio amplio de tutela a los derechos fundamentales del hombre que, como resultado debe ser esgrimido en esa extensión, mediante la exigencia cotidiana que obligue a todas las autoridades del Estado a introducirse en el esquema de un real y efectivo respeto a los alcances constitucionales que prevé en orden jurídico nacional e internacional, en su caso, se incentive la práctica de la denuncia de esas violaciones por mínimas que sean y el pago de su reparación a cargo de propio Estado.

 

jfranco_jimenez@hotmail.com

 

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El Quesillo

Por la calidad educativa…

Inusual en sí misma, la decisión presidencial de interponer sendas controversias constitucionales contra los congresos locales y/o los gobiernos de Oaxaca, Chiapas, Sonora y Michoacán, por la no armonización adecuada de sus legislaciones —“invade atribuciones federales y viola contenidos...”. Permite entrever que, a nivel federal, al menos, el chantaje del magisterio irresponsable por mantener privilegios extralegales no está operando... sin importar que el mismo provenga de impresentables maestros-vándalos afiliados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) o de quienes forman las filas del ahora, en opinión de no pocos, domesticado Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

EXCELSIOR / Enrique Aranda

UNAM

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