REFORMA

Virgilio Sánchez

Oaxaca, México.  La Comisión de la Verdad de Oaxaca señaló un probable fraude en un fideicomiso administrado por la Sección 22 de la CNTE y que fue abierto por el Gobierno federal para la reparación del daño a activistas víctimas de violaciones a derechos humanos durante el conflicto social de 2006.

En su informe final, el organismo creado por decreto del Congreso local señaló que este fondo especial tuvo un presupuesto de 5 millones de pesos, que administró la Sección 22 junto con el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) y que supuestamente benefició a 16 personas.

“La Comisión, al momento de verificar algunas de las muertes que estaban incluidas en este fideicomiso, no pudo confirmar la existencia de cuatro personas supuestamente fallecidas, no encontramos actas de defunción, no encontramos los domicilios”, explicó el consejero Diego Osorno.


“De acuerdo a las investigaciones realizadas, se presume la existencia de un fraude cometido en la administración de dichos recursos. Este fideicomiso fue administrado por un comité integrado por representantes de la Sección 22 y la dirección del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca”, refiere el informe en la parte de sus recomendaciones.

Por lo tanto, la Comisión solicitó que se investigue al magisterio y al IEEPO por esta irregularidad cometida en la administración del Fideicomiso de Inversión y Administración para el Apoyo a Familiares de los Caídos en el Conflicto Social de 2006 Número F/2001442.

El fideicomiso fue suscrito el 27 de octubre de 2006 a través de una minuta entre el Gobierno federal y la Sección 22 de la CNTE.

Revelan presión de Calderón a Fox

Por otro lado, el documento que este lunes presentaron los tres comisionados de este organismo público reveló que el ex Presidente Vicente Fox relató en su comparecencia que Felipe Calderón, entonces Presidente electo, lo presionó para realizar el operativo de la Policía Federal en Oaxaca para disolver la protesta de los maestros y de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).

“Fox Quesada declaró la presión que recibió por parte de su sucesor, Felipe Calderón Hinojosa, para enviar las fuerzas federales a Oaxaca, ya que de esto dependía garantizar que el PRI estuviera presente en la toma de protesta presidencial efectuada el 1 de diciembre de 2006” , expuso.

Esta Comisión reiteró que el ex Gobernador Ulises Ruiz es responsable de violaciones graves a los derechos humanos cometidos en el conflicto de 2006 y 2007.

Por ello, recomendó a la Fiscalía General del Estado reiniciar las indagatorias en su contra y de 4 de sus ex colaboradores a fin de que se finquen las responsabilidades penales por delitos y violaciones graves a los derechos humanos, en especial, de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y tratos crueles inhumanos y degradantes.

El presidente de este organismo, el sacerdote Alejandro Solalinde, afirmó que el trabajo que hizo el Gobernador Gabino Cué respecto a estos hechos fue insuficiente.

Incluso, reportó que premió con nuevos cargos públicos a algunos de los funcionarios señalados como responsables de estas violaciones a derechos humanos.

Uno de estos cosas, expuso, es el actual Fiscal General del Estado, Héctor Joaquín Carrillo Ruiz, que al momento del conflicto fungía como director de averiguaciones previas en la Procuraduría de Justicia del Estado.