Reporte Índigo

Si el anuncio del despido de los tres mil 600 profesores que se negaron a tomar la prueba de evaluación se cumple -y no hay por qué dudarlo- por fin el gobierno estará sentando un muy sano precedente.

 

Aurelio Nuño ya dijo que la decisión de los despidos es irrevocable, que no existe tercera oportunidad y que se van sin liquidación como lo marca la Ley General del Servicio Profesional Docente.

Con ello, el secretario de Educación está dando muestras claras de que su posición va más allá de dar discursos diarios cuando va a izar una bandera todas las mañanas en alguna escuela primaria o secundaria.

Por supuesto que la medida generará la furia del ala radical del magisterio. Ni duda hay de que veremos manifestaciones de los despedidos y de sus sindicatos afines. Como el de Telefonistas, entre otros.

Pero lo que está en juego va más allá del Estado de derecho. Lo que se pone sobre la mesa, y todo indica que Nuño lo tiene muy claro, es el recuperar la autoridad sobre un sindicato que lo pedía todo pero que a cambio daba muy poco.

Un sindicato que era premiado, más que por sus capacidades educativas, por su capacidad de acarreo para influir en las urnas. El más poderoso brazo operador que cualquier partido podía tener el día de la elección.

Lo probó el PRI durante décadas, con Carlos Jongitud primero y con Elba Esther Gordillo después. Hasta que vino “el madrazo”.

Y de la mano de Carlos Salinas, “La Maestra” se fue a apoyar la campaña de Vicente Fox primero y la de Felipe Calderón después. Hasta que vino el priista Enrique Peña Nieto y la recuperó para su campaña en el 2012.

Ya instalado Peña Nieto en Los Pinos vino el deslinde. Y Elba Esther fue detenida, acusada de malversar los fondos del Sindicato, y enviada a prisión donde hoy espera la sentencia definitiva, con la posibilidad de pagar por su edad una condena en arresto domiciliario.

Esa detención marcó el quiebre que no pudo enmendar el mexiquense Emilio Chuayffet. Por eso entró Nuño. Porque la apuesta política de un operador con mano dura, sin compromisos, sería provechosa para el gobierno, pero sobre todo para México.

¿Imaginan al gobierno en tiempos del sindicalismo poderoso, anunciando el despido de tres mil 600 maestros por no acatar el cumplimiento del examen que por décadas rechazaron? Impensable, sin que le costara la cabeza al secretario de Educación.

La mejor noticia, empero, es que a los maestros que aprobaron el examen con excelencia se les va a aumentar su sueldo hasta en un 35 por ciento. Muy justo y merecido.

En cualquier sociedad que se precie de moderna, se premia al que cumple con creces y se castiga al que no tiene ni las capacidades ni los deseos de cumplir o de progresar.

El despido de los tres mil 600 maestros es un paso en la dirección correcta… Ojalá que se contagie en otras instancias de un gobierno urgido de ponerle fin a la impunidad.