El TEPJF el TEPJF confirmó la disposición del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), que estableció como requisito el 2% de firmas apoyo de la lista nominal en favor de los candidatos independientes

 

México.-El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que el requisito de reunir 2% de la lista nominal de electores para apoyar una candidatura independiente, en el estado de Oaxaca, es constitucionalmente correcto, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha establecido hasta un tres por ciento.

Al resolver el recurso SUP-JDC-0902-2016, el Pleno confirmó esta disposición establecida por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca y determinó que la petición de anexar cédulas de apoyo ciudadano a la copia de la credencial para votar es inconstitucional, por lo que no es exigible.

La Sala Superior estableció que el porcentaje de 2% de apoyo ciudadano para las candidaturas independientes no constituye una limitante desproporcionada e injustificada, dado que el requisito constituye una medida adecuada para garantizar la participación real de los aspirantes en el procedimiento electoral respectivo.

La magistrada María del Carmen Alanis Figueroa se pronunció en contra de considerar constitucional el 2% de respaldo ciudadano para la obtención de una candidatura independiente, en este caso para presidente municipal, en virtud de que para ella es excesivo y fuera de parámetros internacionales dicho porcentaje, donde, por ejemplo, la Comisión de venencia ha establecido que el 1% es suficiente.

Además, la juzgadora comentó que la Sala Superior ha estipulado en diversos precedentes que el 1% es suficiente para cumplir con dicho requisito.

Por su parte, el magistrado ponente Flavio Galván Rivera expuso que al confirmar los acuerdos emitidos por la autoridad electoral local se cumple lo previsto en las normas constitucionales y convencionales. “El tema no es buscar la proporcionalidad ideal o quizá la más fácil de alcanzar, sino determinar si este 2% es constitucional o no”.

“Lo que se busca es dar seriedad política y jurídica a la participación de los ciudadanos que pretenden postularse como candidatos independientes en un procedimiento electoral. Además, demostrar que efectivamente el que aspira a ser candidato independiente tiene presencia en la comunidad”, dijo.

“Demostrar que aquel que participa en un procedimiento electoral tiene viabilidad de ganar las elecciones, de tal suerte que el 1, 2 ó 3%, yo me atrevería a decir, incluso, 4 ó 5% estaría dentro de los márgenes constitucionales”, recalcó.

El magistrado Pedro Esteban Penagos López indicó que en los análisis no pasa desapercibido que los referentes internacionales indican que lo ideal sería 1%, tal como se exige en México para los candidatos independientes a la Presidencia de la República.

“Además, sostenemos un criterio que lo hemos esbozado en otras resoluciones y se refiere a que anexar la copia de la credencial de elector restringe el derecho fundamental de ser votado, debido a que esta medida no puede entenderse como una necesidad para verificar los datos asentados en la credencial”, señaló.

El magistrado Salvador Nava Gomar explicó que en las revisiones al porcentaje de apoyo ciudadano se debe valorar el contexto de la libertad que tienen las Legislaturas para determinar el requisito para los candidatos independientes. “Es claro que lo hemos hecho y votado: que el porcentaje sea menor, pero ha sido distinto”, expuso.

“En otros asuntos hemos reconocido el trabajo de los institutos electorales; el Oaxaca, el organismo puso políticas públicas para llevar a buen puerto la elección que tiene de frente. Quién mejor que el Instituto para conocer el contexto de la entidad y frente a esta complejidad determinar, dentro de parámetro constitucional, el porcentaje idóneo”, refirió.

Constancio Carrasco Daza, magistrado presidente de la Sala Superior, mencionó que las acciones implementadas por la autoridad electoral estatal fueron adecuadas y representaron un reto mayúsculo, ante la ausencia de leyes que ayuden a instrumentar reglas para los candidatos independientes.

En este sentido, Carrasco Daza precisó que la controversia radicó en señalar si el porcentaje del 2% que determinó el Instituto Electoral local es proporcional y razonable para contender de manera efectiva como candidato independiente para los ayuntamientos del Estado de Oaxaca. A lo cual, señaló que es correcta la perspectiva que el proyecto traza frente a la realidad o el contexto que se observa en la normatividad.

Se ordena al Congreso de Puebla hacer las gestiones para otorgar ampliación de recursos al TEEP

Por otra parte, al resolver el SUP-JDC-184/2016, la Sala Superior declaró parcialmente fundados los agravios del recurso promovido por Jorge Sánchez Morales en contra de la disminución de la remuneración que le corresponde por el desempeño del cargo de Magistrado Electoral del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP).

En el proyecto de sentencia se estableció que si bien es cierto que los integrantes del Tribunal Electoral tienen derecho a una remuneración equivalente a la de los integrantes del Poder Judicial del estado, lo cierto es que en el caso ante la insuficiencia presupuestaria no es posible hacer el pago en esos términos hasta en tanto no se tenga la autorización a la ampliación presupuestal.

Por lo anterior, se vinculó a la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno estatal, así como al Congreso local de Puebla para que haga las gestiones y trámites para que se otorgue la ampliación presupuestal adecuada a fin de pagar retroactivamente la remuneración a los magistrados integrantes del TEEP.

Ratifica nombramiento de magistrados electorales de Hidalgo, Tlaxcala y Veracruz

En el expediente SUP-JDC-4855/2015 y SUP-JDC-4856/2015, los magistrados del TEPJF confirmaron el acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, mediante la cual se designó a Magistrados Electorales de los estados de Hidalgo, Tlaxcala y Veracruz.

La magistrada María del Carmen Alanis Figueroa votó en contra de los proyectos, al no coincidir con las propuestas que confirman la integración de los tribunales electorales locales en Tlaxcala y Veracruz solo con hombres.

La juzgadora señaló que en el caso del tribunal electoral de Veracruz no se puede aceptar como requisito potestativo de la Comisión de Justicia del Senado el hecho de que no se cumpla con la etapa de la entrevista para los aspirantes. Además, en el caso del Tribunal Electoral de Tlaxcala, la magistrada advirtió una indebida fundamentación y motivación del acuerdo impugnado, toda vez que este acto requiere de la satisfacción de determinadas formalidades que lo revisten de legalidad y seguridad jurídica, lo que en el caso no ocurrió.

Alanis Figueroa argumentó que la búsqueda de perfiles idóneos para integrar magistraturas locales de ninguna manera anula la obligación de establecer acciones concretas para garantizar la integración de mujeres que cuenten con el perfil necesario para el órgano jurisdiccional.

Sostuvo que el hecho de que el procedimiento para la selección de magistraturas se haya apegado a un marco legal no excluye la posibilidad de que haya habido discriminación por resultado. Advirtió que, el acto impugnado desconoce por completo uno de los principales mandatos constitucionales y convencionales, el de la igualdad que, como he dicho, conlleva la obligación de adoptar medidas efectivas para la inclusión de las mujeres en los espacios de toma de decisiones.

Al respecto, el magistrado Nava Gomar explicó que la designación de los Magistrados es una facultad política del Senado de la República, prevista en la Constitución federal.

“No podemos obligar al Senado de la República, por medio de una interpretación de este Tribunal, a hacer una acción afirmativa en contra de las previstas, en las facultades previstas en la propia Carta General”, enfatizó.

Dejan sin efecto acreditación y financiamiento de Nueva Alianza en Guerrero

En el SUP-JRC-61/2016 y SUP-JRC-70/2016, la Sala Superior revocó la resolución emitida por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero y dejó sin efecto la acreditación y el financiamiento público para actividades ordinarias permanentes y actividades específicas para 2016 de Nueva Alianza.

El Pleno señaló que las autoridades electorales administrativa y jurisdiccional de Guerrero no actuaron conforme a derecho, ya que dejaron de considerar la sentencia de la Sala Superior en el juicio de revisión constitucional electoral 754 de 2015, que determinó que los partidos políticos nacionales tienen derecho a solicitar nuevamente su acreditación siempre que cumplan los requisitos previstos en el artículo 95 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, así como el relativo a presentar solicitud ante el Consejo General del Instituto Electoral local, 60 días naturales antes del mes en que inicie el procedimiento electoral correspondiente.

En la sesión pública se resolvieron 341 medios de impugnación: 319 juicios para la protección de los derechos político-electorales, 7 juicios de revisión constitucional, 2 juicios electorales, 12 recursos de apelación y 1 recurso de revisión del procedimiento especial sancionador.