Reforma / Claudia Guerrero

Cd. de México .- Senadores de Oposición acusaron al PRI y al PVEM de “descafeinar” el paquete de reformas legales para el combate a la corrupción.


 

Legisladores resaltaron que en la propuesta, elaborada por la Comisión Anticorrupción que preside el senador Pablo Escudero, del PVEM, no se obliga a los funcionarios a presentar su declaración fiscal, salvo la patrimonial y de interés.

Tampoco contempla la protección para funcionarios que denuncien actos de corrupción ni incluye sanciones explícitas contra diputados y senadores por el cobro de moches por la gestión de recursos públicos.

Otra de las observaciones es que la sanción máxima es la inhabilitación por 20 años y no por 30, como proponía el PRD.

Además, que la presidencia del comité coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción será rotativa entre funcionarios, sin entregar el control total a los ciudadanos, como propuso ese mismo partido.

El senador perredista Zoé Robledo denunció que el documento de trabajo marginó las propuestas de la Oposición para imponer la visión del proyecto impulsado por los legisladores cercanos al Gobierno federal.

“Ese documento es la iniciativa del PRI-PVEM, con algunos artículos del PAN. En el Sistema Nacional Anticorrupción, por ejemplo, sólo hay cuatro cosas del PAN. Es una propuesta totalmente descafeinada”, calificó.

La iniciativa tampoco contempla figuras propuestas por Acción Nacional, como los testigos y las auditorías sociales para proyectos de alto impacto.

Ayer, el coordinador panista en el Senado, Fernando Herrera, advirtió que su partido no aceptará una reforma superficial.

“Lo que no vamos a aceptar son reformas cosméticas, que solamente simulen y no entren al fondo de la solución de los problemas de corrupción rampante”, afirmó.

El coordinador del PRD en el Senado, Miguel Barbosa, aseguró que el primer documento de trabajo es inadmisible, ya que se basa únicamente en el proyecto presentado por el propio Escudero y la bancada del PRI.

Explicó que la Comisión ni siquiera elaboró un análisis comparativo entre las 11 iniciativas presentadas por legisladores y ciudadanos, como la que está por llegar al Senado, denominada Ley 3de3.


Cuestionan dictamen de ley anticorrupción

La Ley 3de3 debe ser incorporada por el Senado al Sistema Nacional Anticorrupción, demandaron expertos en la materia.

“Estamos muy cerca de conseguir las firmas que necesitamos y entonces van a tener que esperarse, es decir, eso que se ha circulado no se puede llamarse un dictamen, ni siquiera un proyecto de dictamen, porque es prácticamente la misma iniciativa que presentó el PRI y el Partido Verde, es como si nadie más hubiese discutido y platicado del tema”, advirtió Max Kaiser, director de Anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

El documento de trabajo que esta semana hizo circular la Comisión Anticorrupción y de Participación Ciudadana de la Cámara alta, que preside el pevemista Pablo Escudero, deja fuera varias de las demandas de la sociedad, dijo Kaiser. Entre ellas, la obligatoriedad de presentar y hacer públicas las declaraciones patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses.

“Parece que hay un miedo extraño a hablar del concepto corrupción, esa iniciativa que se presenta (de la Comisión) tiene la palabra corrupción muy pocas veces y se habla, en lugar de actos de corrupción con nombre -como lo hacemos en Ley 3de3-, de faltas administrativas graves, no se le llama corrupción.

“Entonces, esa es una primera preocupación importante que tenemos sobre el concepto básico, que es el concepto de corrupción”, indicó Kaiser.

Mauricio Merino, coordinador de la Red por la Rendición de Cuentas (RRC), dijo que una vez que se recopilen las 120 mil firmas y la Ley 3de3 sea presentada en el Congreso, los legisladores estarán obligados a dictaminarla e incluirla en la discusión.

“Primero tenemos que presentarla ante el INE, hay un procedimiento de cotejo de las firmas para que el INE certifique que son auténticas, y una vez que lo cotejen, la iniciativa se convertirá en iniciativa ciudadana y tendrá que entrar necesariamente al dictamen que, por lo visto, ante esta propuesta de ciudadanos, les dio prisa por hacer”, dijo.

La iniciativa de la sociedad civil, destacó, es un esfuerzo serio para combatir de manera eficaz la corrupción, con mejores definiciones jurídicas y herramientas normativas para prevenirla, detectarla y, en su caso, sancionarla.

“Lo que la iniciativa nuestra propone es dar un giro de 180 grados al derecho administrativo mexicano, de tal manera que se entienda que la corrupción es un proceso que se produce por redes, que es un proceso que daña el patrimonio público de una manera extensa, que es un proceso que no puede ser individualizado y no puede ser sólo basado en el cumplimiento de ciertos procedimientos administrativos, sino que realmente permita investigaciones a fondo cuando haya evidencia de que el dinero fue desviado o mal utilizado”, señaló.

Con información de Rolando Herrera