Alondra Mayoral

Oaxaca, Oax.- Autoridades municipales de San Cristóbal Suchixtlahuaca exigieron al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca (TSJE) y la Fiscalía General respete y garantice sus sistemas normativos internos en la aplicación de la justicia.

 

 

Celso Miranda Andrés, presidente municipal de esta población de la región Mixteca, exigió además que no les criminalice por los mecanismos que adoptan y que son parte de sus tradiciones desde tiempos inmemoriales.

Esta demanda, que podría constituirse en un caso inédito en la Sala Indígena del TSJE, resulta de un caso en el que la asamblea comunitaria decidió imponer una sanción a dos personas quienes presuntamente cometieron un delito.

De acuerdo con el presidente municipal, los días 10, 22 y 27 de junio del año 2015 el señor Guillermo Rivera y su esposa Adriana Gaytán López causaron daños cuando llevaron a pastar a su ganado (chivos) al paraje Palo Solo, el cual había sido reforestado con tequio para combatir la escasez de agua en la población.

Por estos daños, la asamblea general del pueblo decidió quitarles sus chivos y tenerlos en el encierro municipal y entregarlos a estas dos personas hasta que pagaran por los daños causados.

Sin embargo, Guillermo Rivera y Adriana Gaytán decidieron interponer dos denuncias ante la Fiscalía General del Estado contra las autoridades municipales y contra los integrantes del Comisariado de Bienes Comunales. La primera denunca fue por el delito de abigeato (robo de ganado) y la segunda por el delito de abuso de autoridad.

El edil Celso Miranda informó que al enterarse de esta demanda, acudieron a los órganos correspondientes para realizar su defensa y también interpusieron una demanda en la Sala Indígena del TSJE para que se garanticen sus sistemas normativos interno.

Asimismo, afirmó han acreditado que no han cometido ningún delito y únicamente han aplicado sus normas internas. Esto dijo, ha sido rechazado por el ministerio público de la Fiscalía General que ha argumentado que sus normas internas sólo aplican en procesos electorales.

Celso Miranda afirmó que esto es falso porque la Constitución Federal reconoce la jurisdicción de los municipios para la aplicación de los municipios, además que están amparados en el Convenio 169.

“El fiscal se ha burlado y que nuestras costumbres no sirven para resolver hechos delictuosos. Denunciamos dicha arbitrariedad de la Fiscalía”.