La Razón

Además del millón de dólares que cobra cada seis meses la CIDH por el grupo de expertos que investiga el caso Iguala, ésta incluyó en el convenio con el gobierno mexicano cláusulas para garantizar que el Estado cubra todos sus gastos, que dispongan de instalaciones, infraestructura y recursos, que tengan pleno acceso a los expedientes de las investigaciones y causas penales, además de “inmunidad” total.

 

 

Así está asentado en el convenio que firmó el gobierno mexicano con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), en el que destaca que la inmunidad para los expertos es “contra toda forma de detención o arresto personal” y “contra todo procedimiento judicial, legislativo y administrativo en relación con los actos ejecutados y las expresiones emitidas en el desempeño de sus funciones”.

En el documento firmado en noviembre de 2014 entre el gobierno federal y la CIDH, cuya copia está en poder de La Razón, otorga al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) todas las facultades para “determinar la situación y el paradero de los 43 estudiantes identificados con el propósito de proteger sus derechos a la vida y su libertad personal”.

Además de adoptar las medidas necesarias para proteger la vida de los jóvenes que resultaron heridos durante los hechos registrados entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Gracias a ese acuerdo el GIEI formó también un equipo técnico de confianza para el desempeño de sus funciones, entre ellas, analizar si con independencia de la investigación penal centrada en la acreditación del delito y la ubicación de los probables responsables, se han realizado todas las acciones para la localización del paradero de los normalistas.

Incluso este grupo tiene la facultad para, “conforme a los más altos estándares internacionales, recomendar (a la PGR) qué medios tecnológicos deben incorporarse para hacer más eficiente la ubicación de las posibles fosas clandestinas y cómo puede sacarse mejor provecho de ellos”, cita el convenio.

El GIEI también analizaría que las líneas de investigación se agoten correctamente, sobre todo las que tienen que ver con los nexos entre el crimen organizado y autoridades guerrerenses, y estaría facultado para presentar denuncias penales.

El acuerdo fue firmado por el subsecretario de la SRE, Juan Manuel Gómez Robledo; la entonces subsecretaria de Derechos Humanos de Segob, Lía Limón; la subprocuradora Jurídica de la PGR, Mariana Benítez; el integrante del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Mario Patrón, y por el secretario ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza.