Oaxaca Oax. – Leonila Vargas Velasco, de San Juan Atepec Ixtlán de Juárez, denunció al presidente municipal Ralino Serafico Alavés; al síndico Neftalí Eliel Bautista Almeida; a Aquilino Apolonio Lucas Contreras, regidor de salud y a Tobías Lucas Contreras, asesor juridico; por abuso de autoridad y amenazas de muerte hacia ella, a toda su familia y a los habitantes que los apoyan.

 

 

Dijo que esas represalias y violaciones a sus derechos humanos de deben a que en meses pasados denunciaron ante la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) y la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), el maltrato que había recibido su hijo de 12 años, quien fue amarrado en la escuela por la profesora Elica Ramírez Ruíz, a quien ya le ejecutaron una orden de aprehensión.

De igual manera elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, arrestaron el día de ayer a Raúl Eustorgio Hernández García, ex-síndico municipal de Atepec, quien en el mes de abril del año 2015 en contubernio con su suplente José Luis Velasco Bautista, el policía Ubaldo Pérez Hernández y Carlos Bautista Cruz, abusaron de su investidura al privar de su libertad al mencionado estudiante de 12 años.

Otra de las represalias que enfrenta su familia particularmente en la figura de su esposo Anderfio Pérez Torres, quien fue nombrado regidor de hacienda del ayuntamiento desde el mes de julio del 2015; el pasado noviembre fue condicionado por el edil Ralino Serafico, para que desistiera de su denuncia ante la FGJE, por el caso de la maestra y el ex-síndico y como no cedió, lo obligaron a renunciar a su cargo.

“Ayer por la tarde las autoridades en asamblea, determinaron que a toda mi familia se le negara la salida de la comunidad y que cazaran a mi esposo Anderfio Pérez, para encerrarlo en la cárcel municipal por haber denunciado las violaciones a los derechos humanos de mi hijo”; comentó Leonila Vargas.

Por su parte el asesor Rosendo Ramírez Sánchez, precisó que la autoridad municipal de San Juan Atepec, está actuando en una forma muy arbitraria ya que Pérez Torres, cuenta con medidas cautelares decretadas por la DDHPO y no puede ser aprehendido.

En relación a las órdenes de aprehensión que se han ejecutado sólo se están siguiendo las instancias necesarias de procuración de justicia por los delitos que se cometieron en agravio de menores, que es violación de garantías y existen protocolos internacionales para tratar a los menores de manera especial, no como delincuentes.

En el caso de Eustorgio Hernández, ex- síndico municipal, se cometieron delitos graves que una vez que se acreditaron los elementos del cuerpo del delito, el juez dictó la orden de aprehensión y está ahorita bajo su tutela y dentro del período constitucional que son 72 horas de petición del inculpado, que se puede extender para que pruebe su inocencia en relación con los hechos que se le imputan.

Sobre la profesora Elica Ramírez, ella está bajo fianza y su proceso lo está siguiendo en libertad. “No es posible que una asamblea comunitaria por muy de usos y costumbres que sea, pueda atentar en contra de la ley, en contra de la constitución local y federal, en contra de los códigos que rigen para poder vivir en armonía y ese es el problema real que nos ocupa”; afirmó Rosendo Ramírez.