Excelsior

OAXACA, Oax.- A nueve días de que venza el plazo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de Oaxaca para armonizar la ley estatal de educación con la Reforma Educativa federal, no hay consensos entre los grupos parlamentarios del Congreso estatal, más involucrados ahora en el proceso electoral ordinario del próximo 5 de junio.

 

 

Además, la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), adherida a la Coordinadora (CNTE), se declaró desde el jueves pasado en alerta máxima para impedir que los diputados locales cumplan con lo ordenado por la SCJN.

De no cumplir, los legisladores oaxaqueños corren el riesgo del desafuero y de ser consignados ante la autoridad, como lo reiteró el propio gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, en días pasados.

El pleno del máximo tribunal constitucional del país ordenó un plazo de seis meses, a partir del 26 de septiembre pasado, para que el Congreso de Oaxaca y el Poder Ejecutivo estatal concreten una obligación que pasaron por alto en agosto de 2014.

Luego de la controversia constitucional que promovió el Ejecutivo federal, los ministros determinaron por unanimidad que en Oaxaca se incurrió en ‘‘omisión legislativa’’.

Dicha omisión, en su momento, canceló la posibilidad de que entrarán en vigor el servicio profesional de carrera y la evaluación docente como único mecanismo para el ingreso, promoción y permanencia de los maestros en el servicio educativo.

El pleno de la SCJN ordenó a las autoridades oaxaqueñas cumplir con la homologación y promulgar el nuevo marco legal en materia educativa antes del 15 de abril, fecha que coincide con el término del primer periodo del tercer año de ejercicio legal de la LXII Legislatura estatal.

No hay condiciones ni intención (de los diputados) de llegar a un acuerdo, sino, más bien, de mayoritear la armonización de la legislación educativa local con las leyes generales del Servicio Profesional Docente y de Educación”, asegura el diputado perredista Jesús López Rodríguez, presidente de la Comisión Permanente de Educación Pública del Congreso de Oaxaca.

Sostiene que su Comisión tiene dos propuestas de iniciativa de Ley de Educación Pública para el estado: la presentada por el gobernador Gabino Cué, consensuada con la Sección 22 SNTE e integrantes del Poder Legislativo, y la de la fracción del PRI, que es la ley general de educación, pero “aterrizada” a lo local.

Según López Rodríguez, el PRI se inclina porque la ley de educación local camine de acuerdo con lo dispuesto por gobierno federal a través de la Secretaría de Educación Pública. Apuntó que la fracción del PAN coincide en ese punto con el PRI.

Respecto de los diputados del PRD, comprometió el apoyo de algunos a la ley “progresista”, en referencia a la que Cué impulsó, producto de 37 foros de discusión organizados por la Sección 22 con el Ejecutivo y el Legislativo en 2014.

Pero en la cuenta regresiva para que venza el plazo, acepta que no hay acuerdos entre las comisiones unidas involucradas en el tema.

LO IDEAL: EL CONSENSO

Ante las amenzas de impedir la armonización de la ley que ha lanzado la Sección 22, que se opone a la evaluación docente, uno de los puntos principales de la Reforma Educativa, los diputados de las diversas fracciones parlamentarias confirmaron la realización de una sesión, aunque aún sin fecha, para darle entrada a los dictámenes en materia educativa y turnarlos a las comisiones unidas de Educación, Administración de Justicia y Programación y Presupuesto.

Posteriormente, votarían el dictamen definitivo para la armonización de la Ley Educativa, bajo los lineamientos de la Constitución federal.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Oaxaca, el priista Adolfo Toledo Infanzón, considera que lo ideal es generar una Ley Estatal de Educación consensuada, dado que permitiría gobernabilidad y ayudar a que las futuras generaciones tengan una educación de calidad.

“Oaxaca es una sociedad multicultural, multiétnica y plurilingüística, por lo que la importancia de aprobar una Ley Estatal de Educación radica en la oportunidad de gestar las bases que permitan acortar la brecha de desigualdad y pobreza, partiendo del hecho que la educación es uno de los pocos vehículos de movilidad social para los oaxaqueños. Es urgente ponernos de acuerdo”, añade.

La diputada local del PAN, Leslie Jiménez Valencia, exhortó al pleno a no dilatar más la aprobación de la ley educativa, pues Oaxaca, dijo, es uno de los estados más rezagados en educación.

EL ESCENARIO

El Instituto Estatal de Educación Pública (IEEPO) respetará la decisión de la LXII Legislatura en la aprobación de la Ley de Educación, la cual se armonizará con la Ley Federal”, sostuvo Moisés Robles Cruz, titular de la dependencia.

Por ello confió en que antes del próximo15 de abril, quede aprobado el nuevo marco legal. Aunque se carece de una Ley Estatal de Educación, el IEEPO cumple con la Ley General de Educación (federal) como con la Ley del Servicio Profesional Docente.

No podemos quedarnos cruzados de brazos, estamos trabajando todos los días para cumplir con el mandato constitucional de brindar una educación de calidad”, dijo.

Pero el líder de la Sección 22, Rubén Núñez, amenazó: “Tenemos una ley ciudadana en el tema que el gobernador y otras autoridades estatales firmaron, y ésa es la que debe ser aprobada”.

FIRMAS DE NUEVE

En el Congreso de Oaxaca, las comisiones unidas de Educación, que encabeza Jesús López Rodríguez (PRD); la de Administración de Justicia, de Gerardo García Henestroza, del PAN, y la de Programación y Presupuesto, de Iraís González Melo del PRD, son las encargadas de analizar las iniciativas y elaborar el dictamen.

Las comisiones involucradas tienen cinco legisladores titulares. Para alcanzar el dictamen de las Comisiones Unidas y llegar al pleno, se requiere, al menos, la firma de nueve diputados; es decir, tres por cada Comisión.

En cuanto al paso al pleno en el Congreso estatal, a la homologación de la ley educativa en Oaxaca les bastaría los votos de los 17 diputados priistas, aunque se prevé que los apoyen los panistas, cuya bancada está integrada por nueve legisladores en total.

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación coincidieron en que no es suficiente que el Ejecutivo local haya enviado la iniciativa legal correspondiente, ni que el Congreso haya realizado una serie de foros y consultas sobre la propuesta legislativa que presentó el gobierno de Gabino Cué —cuatro meses después de que venció el plazo para hacerlo, en agosto de 2014–, sino que ambos deben cumplir con todo el proceso a fin de que el nuevo marco legal en materia educativa sea aprobado y promulgado antes del 15 de abril de 2016.

El pleno de la Suprema Corte indicó que los congresos locales deben ajustar sus leyes a las normas generales para formar así el sistema educativo nacional, en el que la calidad de la educación sea el eje principal, señalaron los ministros del máximo tribunal del país.