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El modelo de centros penitenciarios que están bajo operación de la iniciativa privada promueven la corrupción, no son transparentes y evitan la garantía de derechos humanos de los internos, dijeron este jueves organizaciones civiles en audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

 

 

En el país, al menos nueve prisiones funcionan bajo el modelo de contratos de prestación de servicios, lo que permite que empresas privadas construyan el centro penitenciario y obtengan un contrato de operación, de al menos 20 años, antes de entregarlo al Estado.

Organizaciones civiles acudieron a la audiencia “Derechos de las personas privadas de libertad y la privatización del sistema penitenciario en México” en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar cómo el sistema penitenciario del país se caracteriza por las pésimas condiciones para los internos y cómo la respuesta del Estado mexicano ha sido el esquema de privatización, entregando los penales a privados que no rinden cuentas sobre la operación o respeto de derechos humanos. Este tipo de centros penitenciarios arrancaron en el país en 2010.

“Lejos de ajustarse a una política pública con visión de derechos humanos, la operación y contratos de centros penitenciarios son poco transparentes. Los modelos de privatización son costosos: promueven la corrupción y no contribuyen a un sistema penitenciario justo”, establecieron en su posicionamiento ante la CIDH organizaciones civiles como Documenta, A.C., Madres y hermanas de la Plaza Luis Pasteur, el Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP), el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ (IDIHIE ), México Evalúa, el Centro de Análisis de Políticas Públicas o la Fundación para el Debido Proceso (DPLF).

En su demanda dijeron que los contratos de prestación de servicios no establecen criterios de evaluación mientras que la información con los detalles de los contratos ha sido reservada por la Secretaría de Gobernación bajo el argumento de que éstos son datos que atentan contra la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional.

“La privatización de las prisiones se contaminan con intereses económicos, sin mecanismos de control eficiente”.

Citando datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las organizaciones civiles dijeron que el argumento de que la inversión privada disminuye el gasto del Estado no se sostiene, pues el costo calculado por cada persona privada de libertad en centros privados es de 90 dólares diarios aproximadamente, contra un promedio de 8-22 dólares que cuesta en centros estatales y federales públicos.

Entre las violaciones que mencionaron está la restricción de la movilidad de los internos, que pueden estar hasta 23 horas en su celda; y que “se priorizan los intereses de las empresas sobre los internos”.

Citaron el caso de la empresa ICA, que buscó vender el 70% de su participación en prisiones de Sonora y Guanajuato. Aunque la transacción fue negada, sociedad civil denunció que cuenta con testimonios de que tras el fallo en la venta “las condiciones de internamiento se degradaron de forma intensiva. La calidad y la cantidad de alimentos bajó de manera drástica. La empresa está reduciendo costos de operación en detrimento de la vida de los internos”.

En la audiencia pública en la CIDH, el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), Eduardo Guerreo, habló por el Estado mexicano.

El funcionario indicó que en 2009 el gobierno federal contaba sólo con 9 mil 423 espacios y una sobrepoblación del 29.9%.

El déficit de espacios en el sistema penitenciario ascendía a 51 mil 689 espacios, dijo Guerrero. “Urgía atender la sobrepoblación”.

En una estrategia para rescatar el sistema surgió el modelo de centros penitenciarios de contratos de prestación de servicios; que opera desde 2010 y hasta la fecha.

“Bajo ninguna circunstancia significó ni significa en la actualidad la privatización del sistema penitenciario. Toda vez que la organización y administración de prisiones en México es una responsabilidad indelegable de poderes ejecutivo federal y estados. El proveedor brinda lo que se conoce como servicios integral de capacidad penitenciaria”, explicó Guerrero.

Según el Estado, la autoridad penitenciaria “es la única responsable de la organización, administración, seguridad y acceso a una efectiva inserción social”.

Tras la operación de estos contratos en nueve centros penitenciarios del país, dijo el funcionario del órgano de prevención y readaptación social, aumentaron en 15 mil los espacios en las prisiones, es decir, hubo un crecimiento de 44% en comparación con 2011.

La sociedad civil pidió a la CIDH que se realice un informe temático sobre el impacto real de la privatización de los centros penitenciarios mexicanos y sobre los derechos humanos de las personas privadas de su libertad en estas prisiones.