Más que acertado un título que leí sobre las elecciones en Oaxaca. “Impugna que algo queda”.

 

 

Vale exigir civilidad a los políticos y sus partidos para que tantas impugnaciones no vayan a llevar a judicializar las elecciones. Es decir, que la decisión se de en las urnas no en los tribunales. Por las intenciones que vemos de unos y otros, todo indica, lamentablemente, que el asunto será judicializado.

Primero, la alianza PRI-PVEM, pidió y logró sanción contra el candidato del PAN-PRD por supuestos excesivos gastos de precampaña. La sanción fue intrascendente y volvieron a exigir al tribunal electoral una multa mayor.

En contraparte, la coalición PRD-PAN hizo lo suyo contra el priista Alejandro Murat quien, dicen en el alegato judicial, no cumple con los requisitos para ser candidato. Que no es nativo de Oaxaca y tampoco tiene cinco años de residencia.

También hay impugnación contra el ex priista-convergente-perredista y hoy petista, Benjamín Robles. Dice la ley que no se puede ser precandidato en un proceso interno por un partido y cuando se pierde convertirse en candidato de otro partido. Esto fue lo que precisamente hizo el ex senador chilango traído de Michoacán.

Pero mientras las campañas de los candidatos a gobernador avanzan, abultados expedientes llegan a los tribunales que, según los expertos, decidirán con base en jurisprudencias ya conocidas. Por ejemplo:

En 1991, en el Estado de Guanajuato, se llevaron a cabo elecciones para elegir al Gobernador de esa entidad, inscribiéndose para ese proceso electoral Ramón Aguirre Velásquez PRI, Vicente Fox Quezada PAN, pero por la coalición PRD y PPS, se intentó registrar el controvertido Porfirio Muñoz Ledo, al que la Comisión Estatal Electoral le negó el “registro”, con el argumento de que éste aspirante no reunía los requisitos a que se refería el artículo 68 de la constitución local de Guanajuato, que dice que podría ser Gobernador quien haya sido originario de ese estado o con residencia no menor de cinco años al día de la elección, y Muñoz Ledo no había nacido en Guanajuato, ni tenía esa residencia ya que toda su vida había vivido en el D.F. pero éste aspirante muy astuto, impugnó esa negativa de registro argumentando el “Derecho de Sangre o ius sanguinis”, de sus padres (oriundos de Guanajuato) para acceder a esa candidatura, curiosamente en esa Constitución (Guanajuato) no existe esta disposición, parecida al art. 23º., de la de Oaxaca, que dispone que son ciudadanos, y podrán votar y ser votados los que hayan nacido, o sean “hijos de padre o madre oaxaqueña” o sea por la filiación biológica de sus padres tienen la ciudadanía oaxaqueña aunque hayan nacido en otro lado.

Al final se le reconoció esta situación por el Tribunal Electoral, y se ordenó su registro, pero si en esa entidad de Guanajuato, le fue “reconocido el “ius sanguinis” a ese candidato (Porfirio Muñoz Ledo) a pesar de que no está regulado en esa Constitución, cuanta mayor razón habrá para que en Oaxaca participen los “hijos de oaxaqueños” en esa contienda electoral para la Gubernatura, si el art. 23, expresamente les reconoce el “ius sanguinis” o “derecho de sangre” para esa candidatura, que no fue impugnado en esa acción de inconstitucionalidad y sigue vigente.

SIN FUERO

FINALMENTE, el PRI actuó con sensatez. Decidió negarle la candidatura a diputado que con tanto ímpetu, y mucho dinero, buscaron dos de los presidentes municipales más cuestionados. El de Xoxocotlán, Héctor Santiago motejado “el lobo depredador” y el de Santa Lucía del Camino, Galdino Huerta.

Esta es una buena señal del vetusto partido sumergido en este momento en una vorágine entre sus propios activistas en una auténtica rebatinga por las posiciones de poder. Y eso que aún conocemos el resultado del 5 de junio próximo.

El distrito 15 que ambicionaba con tanto furor el “lobo depredador” fue para Gilberto Ramírez Leyva. Me comentan que en el cuarto de guerra del PRI ha provocado gran alharaca con sus comentarios de que “yo pague mucho por la candidatura”. Al no ser candidato exige que le permitan poner como su sucesor en la presidencia municipal a su achichincle Martín Rosado, de lo contrario amenaza con hacer perder al PRI. Obvio, no pasa de ser uno más de sus acostumbrados desplantes. Lo que sí es real es que el lobo necesita el fuero de diputado. A eso se debe su desesperación. Sabe que sin inmunidad tendrá que ser llamado a cuentas en cuanto su protector, el diputado neoFITO TOLEDO, concluya su cargo. El desvío de dinero público y sus abusos de poder necesariamente lo ubican en la antesala de la cárcel.

En el distrito doce con cabecera en Santa Lucía del Camino, buscará ser diputada con las siglas del PVEM coaligado con el PRI, Cristina Delgado Díaz. Esta es una dama joven que viene a refrescar la imagen de la política tramposa, saqueadora y cínica que representan individuos como el presidente municipal Galdino Huerta. Si éste no recurre a las traiciones tan recurrentes en la política tenebrosa, Cristina ganará sin problemas. El PRI debe mantener a raya a su depredador alcalde en Santa Lucía.

Las encuestas del mismo PRI demostraron la impopularidad del edil de marras. Además del saqueo brutal de las arcas municipales, incurrió la semana pasada en acto de despotismo imperdonable. Ejidatarios de Tutla y otras dos agencias municipales de Santa Lucía, se negaron a pagar nuevos impuestos por sus tierras que les impuso unilateralmente. Al acudir a la presidencia municipal en busca de diálogo, la policía municipal los reprimió. Los campesinos respondieron y se armó tremenda trifulca con heridos de los dos bandos. El edil nunca atendió a los quejosos.

Por lo ostensible de la nueva riqueza de Galdino, le llaman “Güicho Domínguez”. Imposible hallarlo en el palacio municipal. Se la pasa en sus oficinas alternas y para no perder el control de los “impuestos especiales” a los giros negros, que no ingresa a la tesorería municipal, ha instalado cajas recaudadoras especiales como la que tiene en La Noria. A todos les dice, les doy licencia de operaciones pero cuando concluya mi administración yo no respondo.