EL PAÍS / ROBERTO GIL ZUARTH

El tráfico y consumo de estupefacientes, así como el combate a las organizaciones delictivas, son retos transnacionales que deben ser atendidos

 

 

En la apertura de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 2012, Colombia, Guatemala y México lograron adelantar para abril del 2016 la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Drogas (UNGASS) que originalmente se celebraría en 2019. Con esta acción, subrayaban la necesidad de revisar el marco global prohibicionista de drogas y de adoptar un enfoque integral centrado en la salud pública, los derechos humanos y la reducción de los daños sociales que genera su consumo.

El tráfico y consumo de estupefacientes, así como el combate a las organizaciones delictivas,son retos transnacionales que deben ser atendidos a través demedidas concertadas y de alcance global. UNGASS nos permite refrendarla centralidad de la cooperación internacional frente al problema de las drogas. Pero también, es la ocasión propicia para reconocer que los costos del enfoque prohibicionista son, para nuestra región y desde luego para México, sencillamente insostenibles.

Y es que América Latina se ha convertido en la región más violenta del mundo. De acuerdo al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), tan sólo entre 2000 y 2010 perdimos a más de un millón de latinoamericanos en manos de la violencia criminal.

Ciertamente, la violencia fratricida que experimentamos es multidimensional. Obedece a múltiples causas que van desde la debilidad de nuestras instituciones hasta la persistencia de una muy precaria movilidad social. Sin embargo, para los países productores o de tránsito como México, las drogas y su combate se han convertido en uno de los principales detonantes de esta crisis. La persecución penal a la oferta y la demanda de drogas y, en consecuencia, el mercado negro que esta aproximación prohibitiva provoca, ha generado distintas externalidades: fortalecimiento de las organizaciones criminales, incremento en los niveles de violencia, criminalización de consumidores, fragmentación y fractura de nuestro tejido social.

Las consecuencias de la política prohibicionista se expresan con claros sesgos socioeconómicos y de género. Las padecen los más pobres y vulnerables. Las mujeres, en particular. La población femenina en las prisiones de América Latina por crímenes relacionados con las drogas se duplicó entre 2007 y 2011 (UNDCP).Tan sólo en México, el 80% de las mujeres encarceladas son por delitos contra la salud; una de cada dos mujeres indígenas en situación de cárcel responde a delitos de drogas; el 98% de las mujeres en prisión no tiene antecedentes penales y no portaba armas al momento de la detención; el 98% son madres y el único soporte para su familia.Todas estas personas son historias rotas por una política rotundamente ineficaz.

México ha tenido un papel destacado en la formulación para la UNGASS 2016 de una resolución innovadora que presentará la Comisión de Estupefacientes. Bajo el título“Nuestro compromiso conjunto de afrontar y combatir eficazmente el problema mundial de las drogas,” la resolución presenta un enfoque integral y equilibrado que debe ser visto como la punta de lanza de lo que debe ser el fin de la era prohibicionista. La resolución integra los enfoques de salud pública y de derechos humanos puestos sobre la mesa de negociación por países latinoamericanos. Promueve una visión más flexible frente a la demanda por motivos medicinales y terapéuticos, reafirma la necesidad de articular respuestas desde la cooperación internacional y bajo el principio de responsabilidad común y compartida. Por primera vez, se menciona la relación entre drogas y desarrollo económico, y se hace un llamado a promover alternativas viables para quienes hoy se encuentran atrapados en la cadena productiva de las sustancias ilícitas, especialmente los pequeños campesinos.

Debemos entender que desde el exterior ya nada nos empuja a conservar el estatus quo prohibicionista. La doctrina Reagan que nos presionaba a ejercer políticas internas de controlpunitivo es cosa del siglo pasado. Los cambios regulatorios en Estados Unidos, especialmente la probabilidad de próximas decisiones legalizadoras en estados fronterizos –California y Arizona- exige tomar decisiones en el corto plazo, si es que queremos evitar que los problemas de disposición de drogas y de mercado negro se agudicen dentro de nuestro territorio. Nueva y muy robusta evidenciaprueba que la política punitiva ha resultado más dañina que la propia enfermedad y, al mismo tiempo,que hay formas más eficaces de lidiar con el problema de las drogas.

UNGASS debe ser el punto que alumbre un nuevo consenso internacional sobre las drogas. Una aproximación más justa, más humana, más racional. Es la oportunidad para que nuestra generación detenga, por fin, la espiral de la insensatez.

*Presidente del Senado mexicano

@rgilzuarth