El próximo gobernador, entre sus primeras operaciones emergentes, está obligado a dar un golpe mediático contra la corrupción. Bueno, si tiene, al menos, la intención de reivindicar la política.

 

 

Cuando revisamos el comportamiento rapaz de casi todos los presidentes municipales en funciones y sabemos de los antecedentes de los candidatos a concejales que han propuesto todos los partidos, no nos queda más que ex clamar: sálvese el que pueda.

La sensatez acabó en el PRI cuando vemos que se atrevieron a postular verdaderos pillos como Carolina Aparicio en Pochutla, la esposa de Sergio Meraz, en Ocotlán, o Fredy Gil en San Pedro Mixtepec.

En Salina Cruz resbalaron al registrar como candidato a la presidencia municipal a Rodolfo León Aragón, pese a sus negros antecedentes.

Bueno, el PRI ya los postuló falta ver si el pueblo vota por ellos conociendo su pasado de ediles abusivos y corruptos.

Estos, igual que muchos de los que han sido presidente municipal por otros partidos, deben ser inscritos en la lista negra de la historia como iniciadores de le escuela del saqueo municipal, no en la de los candidatos.

DEPREDADORES

Cerca de medio centenar de presidentes municipales enfrentan en este momento serios conflictos con sus pobladores y sus agencias. Todos son señalados por malversación de fondos públicos y como el congreso del estado y el llamado auditor superior del estado (ASE), Carlos Altamirano, actúan en evidente connivencia y no atienden las denuncias, la crispación social aumenta. La tensa situación es muy peligrosa en esta fecha electoral.

El descontento es consecuencia del saqueo impune de recursos municipales que deberían servir para el desarrollo de los pueblos. La irritación social se explica cuando las cifras oficiales dan a conocer que “a unos cuatro mil millones de pesos asciende el quebranto financiero que cometieron unos 300 ex presidentes municipales en el trienio anterior”.

En mucha ocasiones he señalado aquí la total indiferencia de quienes deberían vigilar el buen manejo de los recursos municipales. El congreso del estado especialmente la comisión de auditoría que preside el diputado priista neoFITO TOLEDO, y Carlos Altamirano en su calidad de presidente de auditor superior del estado (ASE), han dejado hacer y dejado pasar. Son decenas las denuncias por estos atracos pero la complicidad entre ediles, diputados y auditores de la ASE, hacen que la impunidad las lleve al basurero.

Tanta omisión ha sembrado entre los presidentes municipales y los que quieren ser, de todos los colores partidistas, la idea de que esos puestos son para robar impunemente.

En el extremo de lo grotesco, el auditor Carlos Altamirano declaró lo siguiente:

Muchos ex presidentes municipales son responsables de desvío o robo al erario por lo cual la Auditoría Superior del Estado (ASE) los ha denunciado ante la Procuraduría General de Justicia del Estado. Eso dijo, lo raro es que hasta la fecha no haya ninguna consecuencia. Mencionó que los recursos auditados suman unos 3 mil millones de pesos cuyo destino no fue comprobado plenamente.

La expresión cínica de Carlos Altamirano fue que solo en el trienio pasado “se iniciaron procedimientos de responsabilidad administrativa, resarcitoria y penal” en contra de esos ex alcaldes de distintos partidos políticos. Esas fueron sus palabras pero la corrupción y la impunidad ocultan todo.

Tanta impunidad pervierte la política y pudre los principios que deberían normar la conducta de los gobiernos de los 570 municipios de Oaxaca. A qué grado llega la corrupción que, según datos de la misma ASE, al menos 300 ex ediles ignoraron su obligación de entregar documentación comprobatoria sobre los recursos públicos que recibieron y no pasa nada. No hay siquiera un requerimiento jurídico.

Para mayor sorna, los resultados de las revisiones contables que menciona el ASE, fueron entregados al Congreso local para el análisis de la Cuenta Pública 2013. Creo que ni los leyeron.

¿Esto qué significa? Que en Oaxaca, la rendición de cuentas y la transparencia son letra muerta.

Esto es muy peligroso porque, entonces, surge el amago de justicia por propia mano.

En este momento, por ejemplo, la situación es muy tensa en San Pedro Mixtepec donde el presidente municipalJosé Antonio Aragón Roldán, se niega a transparentar el gasto del presupuesto. El pueblo inconforme desde hace dos semanas bloquea la carretera como medida de presión para que el gobierno los obligue a cumplir con la ley.

La misma tendencia a la corrupción y frivolidad en la atención de asuntos de Tlacolula, el edil panista Pedro Ruiz González, provocó la ira de su pueblo. Ayer marcharon en demanda de seguridad pública y rendición de cuentas.

En Juchitán la situación es más complicada. La cultura del saqueo impune de la COCEI hizo crisis. El presidente municipal Saúl Vicente Vázquez, entregado a sus tareas de enriquecimiento personal y negociaciones en lo oscurito con las empresas eólicas a las que les pide cientos de millones de pesos en cada intento de negociación, descuidó la gobernabilidad en ese municipio. Otro de los excesos que le critica su pueblo es la infiltración de la delincuencia organizada en el Ayuntamiento. Juchitán es hoy tierra de nadie. Las ejecuciones humanas son todos los días, asaltos, secuestros, narcomenudeo y tráfico de indocumentados se hacen con los mototaxis. Cada jefe de tribu de la COCEI, igual que los del PRI, utiliza su flotilla de este transporte para operar sus negocios ilícitos con impunidad garantizada. Tierra de nadie y aunque anuncian operativos de la policía federal y estatal, parece que la iniciativa llego tarde. La delincuencia anda desatada.

Otros pueblos en franca rebelión por la corrupción de sus presidentes municipales son Tlalixtac de Cabrera, San Miguel Tlacotepec, Laollaga, Xoxocotlán, Santa Lucía, entre otros. Insostenible situación que amenaza extenderse por la falta de voluntad de aplicar la ley contra los Ayuntamientos corruptos ¿Esperan que los crisis rebase al gobierno? O ¿acaso muertos como amenazan en Mixtepec?