Oaxaca Oax. – En el plantón del IEEPO, Jerónimo Martínez Ambrosio, titular de asuntos juridicos de la Sección 22, refirió que ante las graves amenazas, injurias y difamaciones de los gobiernos estatal y federal de prentender hacer valer una legalidad inexistente, no aceptarán los mil 379 despidos que la SEP anunció hace unos momentos.

 

 

 

El representante manifestó que  el paro de labores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en el marco de la huelga nacional estipulada en el artículo 123 constitucional, se ubica en el libre ejercicio y respeto a los derechos humanos.

 

Dijo que la movilización se encuentra considerada en los estatutos y convenios internacionales en los cuales el estado mexicano forma parte. Hoy declaran que la huelga laboral es una legitimidad estipulada en la Constitución Política Mexicana.

 

Indicó  que ninguna autoridad ha pretendido mirar las demandas de los trabajadores  ya que actúan con suficiente dolo, circunstancia alevosa y desde luego con la tendencia y la consigna de desaparecer todas las causas de los trabajadores.

 

El riesgo no sólo es para los trabajadores de la educación, comentó, sino también representa un grave peligro y un atentado que las autoridades están cometiendo porque a ve la desaparición de profesores y la educación pública.

 

La Sección 22, dijo, se pronuncia abiertamente con todas las medidas pretendidas contra el cese laboral, ya que a manera pública se conoce que la rescisión laboral la consideran las leyes laborales.

 

Elevan su especial impugnación por la falta de procedimiento, la violación al debido proceso que las autoridades locales y federales han pretendido aplicar al magisterio nacional.

 

El ejercicio de sus derechos humanos y laborales están presentes en esta jornada de lucha porque jurídicamente han defendido el derecho al trabajo y han impugnado cualquier medida contraria a la que resulte el ejercicio debido del trabajo y del propio trabajador.

 

Afirman que ningún cese promovido por las autoridades tenga que aceptarse por ningún trabajador de la CNTE, porque carece de elementos juzgados, de legitimación y de procedimientos.

 

Porque violentan el derecho a la participación bilateral del sindicato, a la decisión que deban tomar las instancias directivas intermedias, a la decisión que legítimamente le corresponde a los padres de familia en razón a la educación que reciben sus hijos.

 

No es posible que ya tengan 26 mil docentes para suplir a los faltistas, según declaración del secretario de educación pública, entonces la ilegalidad está puesta en esas medidas. La práctica que ejercen los docentes frente a los grupos no puede ser relevada; porque esos 26 mil externos no podrán trabajar en la docencia.

 

Todos los actos de cese que se pretendan imponer deben contener un procedimiento que señala la propia norma de la ley federal del servicio profesional docente, en que debe existir una notificación al posible infractor que debe tener la presunción de inocencia; explicó el abogado del magisterio.