El gobierno mexicano busca debilitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de que se atrevió a cuestionar su verdad histórica sobre la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, señaló Human Rights Watch (HRW) en un llamado que la organización humanitaria hace a los miembros de la OEA para apoyar a la CIDH en la actual crisis financiera que padece.
“El gobierno mexicano pareciera estar dispuesto a aprovechar esta crisis financiera para debilitar a la Comisión, que se atrevió a cuestionar su investigación sobre las desapariciones de Ayotzinapa”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, en un comunicado.
Además, “ello sería una grave afrenta a las víctimas de atrocidades en México y en el resto de la región”, agregó Vivanco.
Como contexto dijo que en abril de 2016, un grupo de expertos internacionales designados por la comisión (el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) refutó la versión oficial de México sobre la desaparición de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa.
“Los expertos indicaron que los detenidos habían sufrido abusos y que la investigación oficial estuvo marcada por la manipulación irregular y pérdida de pruebas clave, e incluso su posible destrucción. Los expertos fueron obligados a concluir su investigación, luego de que el gobierno mexicano no renovara su mandato” puntualizó el representante de HRW.
Vivanco señaló también que el 25 de mayo, durante una sesión del Consejo Permanente de la OEA —uno de los principales órganos de esa organización– el gobierno mexicano sugirió que la comisión podría tener responsabilidad por esta crisis.
“El embajador mexicano ante la OEA, Luis Alfonso de Alba Góngora, sugirió que la comisión podría estar recibiendo menos fondos debido a su supuesta ‘parcialidad’ y sus ‘retrasos’ en el tratamiento de casos, y pidió a la OEA que tomara ‘medidas correctivas’ para reformar a la comisión”, agrega el texto.
Apoyo
En el mismo comunicado, HRW hizo un llamado a los países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para que aseguren que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reciba financiamiento suficiente para llevar a cabo su mandato.
“Desde hace tiempo, la CIDH ha sido la última esperanza para víctimas de la región que durante años han luchado para hacer valer sus derechos en los sistemas judiciales nacionales”, observó Vivanco.
“Si los Estados miembros de la OEA no atienden esta crisis financiera, sembrarán serias dudas sobre su compromiso con los derechos humanos, y levantaran sospechas de que pretenden librarse del escrutinio de la comisión” enfatizó.
El 23 de mayo de 2016, la CIDH anunció que enfrenta una crisis financiera que podría obligarla a despedir a casi la mitad de su personal y a suspender las audiencias programadas para julio y octubre de este año. El financiamiento que recibe la CIDH procede de la OEA y de donaciones voluntarias de distintos países, incluidos miembros y no miembros de la OEA.
Aristegui
