Después de siete años del incendio en la guardería ABC, el Juzgado primero de Distrito de Sonora, dictó la primera sentencia: condenas de entre 20 a 29 años de cárcel para 19 implicados. Eso significa que por la vida de cada niño, los responsables purgarían seis meses de pena.

 

Siete años después de la pérdida de su hijo Andrés en el incendio de la guardería ABC, Patricia Duarte sigue confirmando que el camino para hacer justicia aún es largo. En 84 meses, sólo una funcionaria menor pisó la cárcel; en cambio, las víctimas han vivido en carne propia la corrupción, el tráfico de influencias y la impunidad que existe en el país.

Pese a ser víctimas de una de las peores tragedias ocurridas en México, “todavía seguimos mendigando justicia para nuestros hijos”, sentencia Patricia.

 

Sobra decir que la vida de cada una de las familias cambió de manera radical después de ese 5 de junio de 2009. Patricia abandonó su trabajo y fue operada de la columna debido al sobrepeso que desarrolló debido a la depresión. Su esposo José Francisco, biólogo de profesión, cambió de empleo para dedicarle más tiempo al proceso legal que se sigue contra los responsables.

 

Después de siete años, el Juzgado primero de Distrito de Sonora, dictó la primera sentencia: condenas de entre 20 a 29 años de cárcel para 19 implicados. Eso significa que por la vida de cada niño, los responsables purgarían seis meses de pena. “Nosotros esperábamos sentencias de 50 años prisión o más”, dice José Francisco García. Por eso, el próximo lunes interpondrán una apelación a la sentencia del juez, que, además, absuelve a tres funcionarias del IMSS, responsables de la supervisión de guarderías en Hermosillo.

 

Patricia no está satisfecha con esta tardía resolución que pone en evidencia la “ineficiencia de PGR” y permitirá a los inculpados seguir el proceso de apelación (si deciden hacerlo) en libertad, porque se les acusa de homicidio culposo y no doloso.

 

“En siete años me ha tocado vivir en carne propia la corrupción, el tráfico de influencias, la impunidad en el sistema judicial. Es difícil de entender que en un país donde ocurre lo peor, no pase nada”, dice Patricia.

 

La (truncada) cadena de responsabilidad

 

Los sentenciados ocupaban cargos administrativos menores en el IMSS (jefa del departamento de Guarderías, el delegado estatal), de la guardería (la representante legal); del Ayuntamiento de Hermosillo (el director de bomberos, entre otros) y empleados del Control Vehicular y de la Agencia Fiscal de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora, que trabajaban en la bodega que originó el incendio, entre otros.

 

Patricia reconoce que la cadena se rompe “por el eslabón más débil”, pero cada uno de ellos fue parte de la tragedia al firmar documentos que permitió la operación de la guardería, pese a no tener las condiciones mínimas de protección civil como salidas de emergencia, alarmas contra incendio y extintores.

 

Los padres siguen insistiendo en que la cadena de responsabilidad debe incluir a los accionistas propietarios de la guardería: Gildardo Urquídez y Matilde Gómez del Campo, prima de Margarita Zavala, entonces primera dama, pero aseguran que las complicidades políticas han permitido la exoneración de estos personajes.

 

Sin embargo, ni ellos, ni los titulares de dependencias fueron acusados. La responsabilidad por omisión, dicen las víctimas, también debería recaer en el ex gobernador de la entidad, Eduardo Bours; al ex director del IMSS, Daniel Karam y Ernesto Gándara, ex alcalde de Hermosillo.

 

En su búsqueda por condenar a los altos funcionarios, los padres llegaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin embargo el máximo órgano de justicia en el país determinó en 2011, que la cadena de responsabilidad no incluía a los políticos.

 

Su búsqueda de justicia continua en instancias internacionales. En octubre de 2014, denunciaron al Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las violaciones a derechos perpetrados por el sistema judicial del país.

 

Nunca podrán superar el dolor de haber perdido a un hijo en esas circunstancias y la incertidumbre en la que viven al no saber con precisión qué pasó ese día, no se lo desearían a nadie.

 

Por eso, dicen, continúan en la lucha. Buscan que nunca más, ningún padre sufra algo como lo que ellos pasaron. Que ninguna guardería en el país opere sin las medidas para proteger la vida de los pequeños. Por eso buscan que el Estado mexicano se comprometa a la no repetición y realice las inspecciones, las inversiones necesarias y tenga toda la voluntad política para que el caso de la guardería ABC no se repita jamás.

 

Animal Político