Los patrones del país reconocen y están conscientes de que el salario mínimo en México es insuficiente para satisfacer las necesidades básicas de los trabajadores.

 

Así lo expresó el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Wal- ther, quien aseguró que lo anterior obedece a que no han existido las condiciones adecuadas para un incremento gradual pero sostenido del ingreso y por la ineficiencia de organismos como la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami).

 

En entrevista, el dirigente señala que las reformas estructurales han tenido un avance limitado por los altos niveles de impunidad y corrupción que privan en México.

 

–¿Qué tanto disminuye la corrupción la confianza de los empresarios para hacer negocios en el país?

 

–Hay muchas empresas que la están pensando dos veces para invertir en México por la fragilidad del estado de derecho. Si lográramos eliminar la corrupción, solamente por esa vía estaríamos creciendo hasta 8 por ciento anual.

 

–¿Hasta qué punto la corrupción es responsabilidad también de los propios empresarios?

 

–Hay que reconocer que si bien es cierto que existen casos donde la corrupción es pactada, lo que nos preocupa es que cada vez más vemos en el país la corrupción extorsionadora. Esa donde el empresario no es copartícipe sino víctima. Éste es el tipo de corrupción que más se está multiplicando.

 

–¿Cuántos empresarios han sido sancionados o expulsados de la Coparmex por temas de corrupción?

 

–No hemos tenido ningún caso, pero nuestros órganos están expeditos y tengan la seguridad de que si hubiera alguno procederíamos de inmediato, si hubiera un delito a denunciarlo y si fuera simplemente una conducta que se aparte de nuestros cánones éticos, a excluirlo del sindicato patronal.

 

–¿Cómo evalúan el avance de las reformas estructurales?

 

–Nosotros reconocemos claramente el calado histórico que tuvo este ejercicio de concertación política, pero también señalamos que la gran reforma pendiente, es la reforma a la legalidad, un requisito sine qua non para que se pueda liberar toda la capacidad transformadora de las reformas. Hoy día se ha liberado solamente de manera limitada toda esa capacidad. Vemos las cosas con esperanza, todavía estamos a tiempo, en poco menos de la mitad del camino que le resta a esta administración se puede todavía construir mucho más.

 

–Según académicos, el salario mínimo debería de ser de por lo menos 600 pesos diarios.

 

–Los empresarios reconocemos que el salario mínimo es insuficiente, pero nos parece que para aspirar de manera genuina a transformar esa realidad hay que tener una visión a largo plazo. Si solamente planteamos, como se ha dicho por ahí, que en el corto plazo aumente de manera acelerada y por decreto el salario, eso nos puede conducir a que haya cierre de empresas. Tiene que ser un compromiso compartido, todo mundo tenemos que ponerle. La prestación que pagan los patrones debe ser incentivada por el gobierno a través de la deducibilidad fiscal.

 

–¿Viola la Constitución que exista un salario mínimo de 73 pesos al día?

 

–Hoy ni siquiera está claro (de cuánto debería ser el mínimo); son análisis particulares que un académico u organización social hacen, pero cuesta trabajo saberlo porque no hay un objetivo nacional definido. En la medida que esto se defina con claridad podremos asegurar categóricamente si se está cumpliendo o no.

 

–¿Qué tanto influye en la disminución del ingreso de los trabajadores el cabildeo que los empresarios hacen en organismos como la Comisión Nacional de Salarios Mínimos?

 

–Así como tardó varios años en que se lograra controlar la inflación a través de un mandato claro al Banco de México, lo mismo ocupamos en materia salarial. Necesitamos definir una visión de largo plazo como mandato principal de este órgano, que probablemente tiene que ser profundamente revisado.

 

La Jornada