Gracias a la normalización de la democracia, la creación de legislación e instituciones relacionadas con el acceso a la información, un mayor escrutinio de los medios de comunicación y redes sociales, y el uso de técnicas más refinadas de medición de la opinión pública y del comportamiento ciudadano, hoy es posible tener una radiografía y una comprensión relativamente más claras del fenómeno de la ilegalidad en México. Sin embargo, uno de los primeros hallazgos que arroja esa radiografía es paradójico. Por un lado, hay más información del problema y teóricamente instrumentos más eficientes para su prevención y control. Pero por otro, los datos revelan que, pese a ello, su dimensión no tiende a disminuir sino, por lo contrario, a aumentar. Las hipótesis, desde luego, son varias.

 

 

 

Una es que el fenómeno siempre ha registrado más o menos los mismos alcances pero ahora podemos calibrarlos de manera más precisa y saberlos ampliamente. Otra es que los procesos de alternancia electoral, libertad y apertura económicas, transferencias presupuestales a estados y municipios, entre otros, han generado, de un lado, vacíos en los mecanismos de control institucional, antes altamente centralizados, de suerte que se produce un relajamiento de las normas y su aplicación, lo cual crea diversos incentivos para la corrupción de la autoridad y del ciudadano. O bien, de otro, que en la relación ciudadano-autoridad y en la economía misma hay grados mucho más laberínticos de regulaciones que, a su vez, imponen la necesidad de recurrir a prácticas corruptas para eludirlas. Y una más es que, efectivamente, existan ahora mayores conductas ilegales que en el pasado.

 

Cualquiera que sea la causa más probable —o incluso una combinación de todas ellas— el resultado es que cuando la ilegalidad se vuelve sistemática, sistémica, crónica y consentida, disuelve los fundamentos éticos y culturales que deben cohesionar a una sociedad, estimula a los individuos y las organizaciones a actuar por fuera y no dentro de las reglas del sistema, introduce distorsiones en los mercados económicos y le cuesta dinero a las personas, a las empresas, al gobierno y al país.

 

El pensamiento mediático y académico dice que todo se resolverá con endurecer las penas, contratar auditores, desenmascarar los latrocinios, nombrar fiscales, ir tras los corruptos y meterlos a la cárcel. Pero la evidencia muestra otra cosa: para disminuir el problema hay que comprender su complejidad, introducir innovaciones en sus ámbitos más recurrentes y contar con un mapa de navegación legal, institucional, tecnológico y educativo. En suma: hay que desmontar los incentivos que lo motivan para reducir los beneficios que genera y edificar un ambiente colectivo que premie la honestidad.

 

Los informes más recientes sugieren que, al parecer, el México de la normalidad democrática no es menos corrupto de lo que fue en el pasado. Antes bien, los datos señalan que las incidencias delictivas han aumentado.

 

En el Corruption Perceptions Index 2014 de Transparencia Internacional (TI) México sigue mal. De 174 países evaluados México ocupa el lugar número 103 acompañado de Bolivia, Moldova o Níger; en reportes anteriores (sobre 159 países) aparecía entre los sitios 65 y 70. En el Global Corruption Barometer 2013, también de TI, sólo en 11 de 107 países monitoreados la gente considera que la corrupción ha decrecido y el porcentaje de usuarios mexicanos que dice haber pagado un soborno para conseguir que al menos uno de ocho proveedores de servicios diferentes atendiera sus reclamos oscila de 30% a 40%. Y en el Rule of Law Index 2014 México aparece en la posición 79 sobre 99 países incluidos y el informe concluye que la corrupción es un “serio problema”.

 

La Encuesta de Fraude en México 2010 de KPMG,1 última que se ha levantado de este tipo, muestra que el nivel de incidencia de fraude corporativo en México es de los más altos en América Latina. 75% de las empresas encuestadas declaró haber sido víctima de cuando menos un fraude en los últimos 12 meses y, en comparación con 2008, el fraude interno, esto es, el cometido por empleados, se incrementó significativamente al pasar de 60% a 77%. Cabe hacer notar que ese tipo de corrupción suele presentarse en la zona de interacción con el sector público o en industrias fuertemente reguladas por el gobierno, en especial en las áreas de adquisiciones, licitaciones, permisos y licencias.

 

Los hallazgos de la encuesta de KPMG son reveladores. Para empezar, la incidencia mexicana, donde ocho de cada 10 empresas admiten haber sido víctimas de cuando menos un fraude, es de las más altas en América Latina; en Uruguay son sólo tres y en Chile cuatro de cada 10. En el último año medido, de cada 100 ilícitos, 15 los cometieron altos directivos, 54 personal operativo y 31 se registraron en el nivel gerencial. Pero por valor económico la distribución del producto fue a la inversa: 51% de lo obtenido se lo llevaron los mandos superiores, los cuales tienen entre 35 y 50 años de edad, suelen llevar entre 10 y 15 años laborando en la empresa y el fraude promedio cometido por estos directivos fue de 3.3 millones de pesos cada uno. En general, la cadena de corrupción corporativa la integra un empleado asociado con un proveedor o un cliente (ver gráficas 1 y 2).

 

Revista Nexos