La presunción de inocencia, un juicio transparente, la posibilidad de intervenir en la defensa propia y de resolver un conflicto sin pisar la cárcel son figuras que los mexicanos sólo podían ver en las películas extranjeras antes del sistema acusatorio, que este sábado cumple la fecha límite para su instauración en todo el país. La reforma judicial de 2008 trajo la transición a este nuevo esquema, que aún tiene aspectos por mejorar pero que es, en la teoría, un parteaguas de la justicia en México. La fiscalía general tiene una unidad para su implementación, y su titular, Rommel Moreno, explicó a EL PAÍS sus puntos principales.

 

 

 

“Hoy el sistema es preponderantemente escrito. Lo más importante es el expediente, que no siempre es público. Primero, usted tiene que enfrentarse a un policía que no necesariamente le va a leer sus derechos, donde puede ser torturado, le pueden imputar responsabilidades”, reconoció Moreno.

 

Para evitar estos vicios conocidos por todos los mexicanos, el nuevo sistema acusatorio contempla las figuras de jueces de control, que validarán la legalidad de las detenciones, así como juicios orales en audiencias a las que pueden acceder los medios y los ciudadanos, y en las que el imputado ya no está tras una reja como un simple testigo, sino que forma parte del proceso.

 

Además, destacó el funcionario, este nuevo sistema plantea un modelo de justicia alternativa, en el que la cárcel no sea la única forma de purgar una pena, y en la que el imputado pueda llegar a acuerdos con el afectado de manera directa; lo que, además, aligeraría la carga burocrática y económica a los juzgados y a las cárceles.

 

“En este sistema, la regla se hace excepción: la excepción es la prisión preventiva, y las reglas son las 12 medidas cautelares que contiene el Código Nacional de Procedimientos Penales, desde acudir a un tribunal a firmar cierto tiempo, pagar una fianza, un brazalete electrónico, determinadas disposiciones que le permiten estar en libertad llevando su proceso, siempre y cuando no sea un delito grave. Esto hace que aquella idea de que la justicia es pronta y expedita, realmente se lleve bajo esa visión”, puntualizó Moreno.

 

El Código al que se refiere el abogado es otra de las novedades del nuevo esquema: un libro que homologa las reglas de operación para los cuerpos judiciales de todo el país. Cada Estado seguirá teniendo su propio código penal, pero existirá también uno federal que da la pauta para los criterios que deberán adoptarse en cada caso, al margen de la ley local.

 

La víctima como epicentro

 

Las autoridades judiciales mexicanas han anunciado el sistema acusatorio con bombo y platillo, destacando dos de sus ventajas: los juicios orales y la priorización de la víctima en el proceso. Esto último, según explica Moreno, se logra con dos elementos: la presunción de inocencia y el asesor jurídico, o asesor victimal. “La víctima tiene un reconocimiento en el proceso, no sólo por su derecho a una atención psicológica, a información, a educación jurídica y acompañamiento, sino ahora procesalmente puede intervenir en un momento en que sienta que sus derechos están siendo no respetados. Le da una capacidad gerencial de cómo se está llevando su asunto. Se le da un empoderamiento, porque antes sólo era un interviniente pero no tenía estas capacidades jurídicas de intervención. Es centrar a la víctima como actor principal del sistema”, abundó.

 

La corrupción “es humana”

 

El gran mal que históricamente ha ‘enfermado’ a la justicia mexicana es la corrupción. El sistema acusatorio no está ‘vacunado’ contra ella, admite Rommel Moreno, pero tiene mecanismos para intentar combatirla, como la transparencia.

 

“La corrupción está en todas partes, no es un tema de exportación mexicana. La corrupción es un tema humano. Un sistema acusatorio es más transparente que uno inquisitivo, porque está ante todos. Está probado en muchas partes del mundo. No hay sistemas de justicia criminal perfectos pero sí susceptibles de mejorar”, confía el exfiscal del norteño Baja California, el quinto Estado con mayor avance en la implementación del nuevo sistema.

 

El actual sistema (inquisitivo) ya contempla algunos de los puntos fuertes del acusatorio pero no se respetan, como la presunción de inocencia. Para evitar que esta nueva etapa sólo quede en buenas intenciones, Rommel Moreno explica que el sistema acusatorio está reforzado en todas sus etapas, desde la detención hasta la sentencia, cuando la hay.

 

“Primero vamos a calificar la legal detención o no, desde ahí vamos a ver la presunción de inocencia, si no se cumplen los requisitos en una detención, ya de entrada es una persona inocente. En la etapa intermedia se incorporan pruebas, la parte fundamental del sistema es la prueba, tú puedes ser culpable pero serás inocente hasta que no se compruebe si no tengo las evidencias. Ese es el fundamento principal”, puntualizó.

 

Aunque el sistema acusatorio es parte de un paquete de reformas aprobado en 2008, y el Gobierno tuvo ocho años para adaptar todo su sistema de justicia al nuevo plan, aún hay aspectos por concluir o por empezar a desarrollar, admite el funcionario de la fiscalía. “Iremos en una ruta a corto, mediano y largo plazo, no se pueden generar expectativas de un día a otro, sino es que vayamos acompañando todos estos procesos en una manera en que paulatinamente vamos a ir mejorando en América Latina”, dijo el responsable de la implementación del nuevo esquema dentro de la fiscalía general.

 

El País