Juan Carlos Zavala

Oaxaca.- El presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), Isaac Torres Carmona, afirmó que debe haber una investigación exhaustiva para fincar responsabilidades por las detenciones arbitrarias e ilegales el 19 de junio, durante los enfrentamientos entre la Policía Federal, Estatal y simpatizantes e integrantes de la Sección 22 del SNTE.

 

 

En primer lugar, dijo, porque en el caso de los 27 detenidos no hay imputación alguna que acredite que participaron en alguna actividad ilícita; en segundo, porque fueron retenidos por más de 20 horas sin ser puestos a disposición de un Ministerio Público, lo cual es inconstitucional.

“Quedan a merced de la policía, de una autoridad administrativa que es la policía. Tuvo que ser de inmediato su disposición ante un Ministerio Público, porque supuestamente fueron detenidos en flagrancia”.

Ayer, los 27 detenidos durante el enfrentamiento de la Policía Federal y Estatal con pobladores y maestros fueron liberados en el transcurso de ayer. Los primeros cuatro, fueron liberados durante la madrugada, una de ellos era una maestra de educación primaria y tres civiles. Alrededor de las ocho de la noche, 20 fueron llevados directamente al municipio de Asunción Nochixtlán; lugar dónde ocurrió el más fuerte enfrentamiento y que arrojó un total de 10 muertos, al menos nueve de ellos por disparos de armas de fuego. Más tarde, cerca de las 11 de la noche fueron liberados dos maestros Oscar Bautista Sarmiento e Iván Casenco Monjardín y una maestra, Hermenegilda Sánchez Martínez.

Sin embargo, su liberación fue discrecional. Para Isaac Torres esta forma busca diluir e “invisibilizar” la arbitrariedad e ilegalidad de las detenciones. “Esto refleja el abuso de poder”, dijo.

Además, agregó que la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (instancia que liberó en sus oficinas a los últimos tres detenidos) no puede suplantar su función como defensora de los derechos humanos y constituirse únicamente en mediadora.

“Está investida (la Defensoría) de fe pública y tiene la obligación de investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos”.