Periódico La Jornada

Sábado 25 de junio de 2016, p. 12

La inclusión a última hora de un agregado al dictamen de la Ley General de Responsabilidades Administrativas para obligar a los empresarios a presentar su declaración patrimonial y de intereses fue una maniobra del gobierno federal para meter al orden a la cúpula patronal y que dejara de insistir en que se aprobara en sus términos la llamada ley 3 de 3, sostuvo el coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa.

Dijo que fue el propio consejero jurídico de la Presidencia de la República, Humberto Castillejos, quién redactó el documento con los cambios al artículo 32 de esa Ley General de Responsabilidades que luego llevó ante el pleno del Senado, la madrugada del pasado jueves 16, el senador independiente, Manuel Cárdenas Fonseca, a petición del PRI.

Hay que defender al Congreso, dijo Barbosa y recalcó que no puede aceptarse que Castillejos, quién redactó la reserva al artículo 32 y una docena más, a sabiendas de que era inconstitucional –con el fin de que personas físicas y morales sean también sujetas a las obligaciones impuestas en el Sistema Nacional Anticorrupción– ahora acuse al poder legislativo de excederse y de violar la Carta Magna.

El perredista aseguró que Castillejos estuvo en el Senado durante la aprobación de ésta y no es creíble que hubiera dejado pasar una modificación de esa naturaleza, luego de que revisaba cada uno de los proyectos de dictamen que se presentaron.

Por separado, el coordinador de los senadores del PAN, Fernando Herrera, responsabilizó también al PRI y al PVEM de los errores en la aprobación de ese artículo 32 y lamentó que el presidente Enrique Peña Nieto haya vetado sólo ese numeral y no el artículo 29, pese al reclamo encia de los grupos de la sociedad civil y de las organizaciones empresariales, como la Confederación Patronal de la República Mexicana, de que se modificara, a fin de que funcionarios, legisladores, jueces y ministros de la Corte, deban hacer públicas sus tres declaraciones.

Al respecto, el presidente de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, Pablo Escudero, y el presidente de Puntos Constitucionales, el priísta Enrique Burgos, rechazaron la acusación de Barbosa. Se trata de una ocurrencia, comentó el primero y ambos sostuvieron que se dejó pasar en sus términos el controvertido artículo 32, porque a la hora en que se presentó estaban muy cansados, además de que la mayoría de los senadores lo avalaron.

Se le pasó al PRI, pero también al PAN y a PRD, porque todos lo votaron, recalcó Burgos, y aseguró que no hubo mala fe contra los empresarios y quizá por la hora, por el agotamiento, por el cansancio, es que se votó con la cuestionada redacción, ahora vetada por el Ejecutivo.

Igualmente, el senador Escudero sostuvo que ni él ni el priísta Raúl Cervantes redactaron ni revisaron las reservas que llevó al pleno el senador Cárdenas Fonseca –el suplente de la fallecida Mónica Arriola Gordillo– porque fue a las dos y media de la madrugada y a todos les pareció que tenía sentido incluir a los empresarios. Muchos de los senadores imaginamos que estaban bien redactados.

El coordinador Barbosa, en entrevista aparte, resaltó que desde un principio tanto la Coparmex como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) participaron de lleno en las negociaciones de la llamada ley 3 de 3 y protestaron al final, cuando se dieron cuenta que el dictamen presentado por el senador Escudero presentaba una versión light de las normas anticorupción.

Recordó que Coparmex y CCE hicieron pública su exigencia de que se retomara en sus términos la 3 de 3 y fue entonces cuando desde el gobierno federal y por conducto del consejero jurídico les dieron un gancho para meterlos al orden y obligarlos a sentarse a negociar, para “hacerles saber que son ricos porque el gobierno lo ha permitido.

Barbosa agregó que ojalá la cúpula empresarial salga de nuevo a marchar, en protesta porque el veto presidencial no incluyó el artículo 29 .