En sus observaciones a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el presidente Enrique Peña Nieto decidió erradicar la obligación de particulares para que presenten sus declaraciones, por considerar que se trata de una intromisión indebida.

 

 

 

Enviadas al Senado la semana pasada, en las observaciones a la llamada Ley 3de3, el titular del Ejecutivo argumenta que si bien se persigue un fin público, se trata de una “carga desmedida” para los particulares.

 

“La ley no debe introducir de forma arbitraria normas que equiparen a los particulares con los servidores públicos ni lesionar los derechos humanos de aquellos”, sostiene el presidente Peña Nieto en el documento.

 

El veto parcial fue ejercido por el mandatario sobre el artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; una, dentro del paquete de leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

 

Los cambios se realizaron luego de que la clase empresarial del país se manifestara contra la adición a la Ley aprobada en el Congreso.

 

En ella se exigía a todas las personas físicas y morales que recibieran recursos gubernamentales a presentar sus declaraciones patrimonial, de intereses y de impuestos; sin embargo, no hacía distinción entre quienes hacían negocios con el gobierno y quienes recibían apoyos gubernamentales.

 

El Ejecutivo optó por eximir de toda obligación a los particulares, sea que fueran proveedores o contratistas del gobierno o beneficiarios de algún programa social.

 

Decidió, también, no modificar el artículo 29 de la legislación cuyas modificaciones fueron pedidas por la sociedad civil y los partidos de oposición, para que las declaraciones de los servidores públicos fueran completamente abiertas.

 

Eximen a empresarios

 

En las observaciones que hizo el Ejecutivo a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, los particulares quedaron totalmente eximidos de la obligación de presentar cualquier declaración.

 

Ahora, esa Ley regirá solo a los servidores públicos; las personas físicas o morales que tengan tratos con el gobierno, quedarán intocadas también en las sanciones previstas por no presentar sus declaraciones.

 

“La declaración patrimonial y de intereses a cargo de particulares representa una intromisión injustificada a la vida privada y a sus datos personales (…) aun suponiendo que éstas no se hicieran públicas, puesto que les obliga a manifestar ante las autoridades del Estado datos específicos de su patrimonio que incluso pueden no estar vinculados con recursos públicos, así como las relaciones que éstos mantengan con otras personas”, expone la argumentación presidencial.

 

El Ejecutivo cita en varias ocasiones diversas jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en las que habla sobre el derecho de los particulares a la privacidad y a la protección de sus datos personales.

 

El presidente Peña Nieto señala en el documento enviado al Senado que la presentación de declaraciones por parte de los particulares “no es necesaria”, ya que existen otros mecanismos en la Ley que procuran evitar que se cometan actos de corrupción.

 

El soborno, la participación ilícita en procedimientos administrativos, el tráfico de influencias, la utilización de información falsa, la colusión o el uso indebido de recursos públicos, son conductas que se sancionan en la misma Ley.

 

“La obligación de presentar declaraciones de situación patrimonial y de intereses genéricas, afecta la vida privada de las personas y, con ello, se ponen en peligro otros derechos como la vida, la seguridad, la salud y la libertad personal”, afirma el proyecto del presidente.

 

Así, el primer mandatario propuso al Congreso de la Unión la modificación del artículo 32 para eliminar completamente sus incisos B y C, donde radicaba la obligación de los particulares de presentar sus declaraciones patrimonial y de intereses.

 

Ese artículo señala que bajo protesta de decir verdad, deben presentar su declaración patrimonial y de intereses, además de los servidores públicos.

 

“Cualquier persona que reciba y ejerza recursos públicos o contrate bajo cualquier modalidad con Entes públicos de la Federación, de las Entidades federativas y los municipios”.

 

Y también, “las personas físicas que presten sus servicios o reciban recursos de las personas morales a que se refiere la fracción anterior”.

 

Ambas fracciones quedaron eliminadas en la nueva redacción propuesta por el mandatario.

 

Desde la Presidencia de la República se busca eliminar también todas las sanciones que se encontraban previstas en caso de que no se presentaran las declaraciones.

 

El presidente Peña Nieto eliminó la posibilidad de que las sanciones aplicables a las personas morales también puedan imponerse a aquellas empresas que tengan “identidad mayoritaria” de los accionistas.

 

El único esquema que quedó previsto de las “faltas de particulares” se aplicará, según el artículo 73, a las realizadas por candidatos a cargos de elección popular; miembros de equipos de campaña electoral o de transición entre administraciones; y líderes de sindicatos del sector público.

 

Estas faltas se harán acreedoras de sanciones cuando “impliquen exigir, solicitar, aceptar, recibir o pretender recibir alguno de los beneficios (…) ya sea para sí, para su campaña electoral o para alguna de las personas (…) a cambio de otorgar u ofrecer una ventaja indebida en el futuro en caso de obtener el carácter de servidor público”.

 

Reporte Índigo