La respuesta del Gobierno se mueve entre dos aguas. La advertencia lanzada el viernes pasado por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, sigue vigente. Si los maestros disidentes echan más leña al fuego, se hará uso de la fuerza. Pero al mismo tiempo, el Ejecutivo no ha dejado de enviar mensajes de apaciguamiento al punto más explosivo del conflicto: Nochixtlán. En esa población de Oaxaca murieron el pasado 19 de junio al menos ocho civiles (siete por disparos de bala) tras un enfrentamiento entre la policía y la CNTE durante un desalojo.

 

 

La conmoción desatada por la matanza obligó al Gobierno a dar un giro en su estrategia y abrir una mesa de negociaciones. Tras unos primeros pasos esperanzadores, en los que Osorio Chong se comprometió a “hablar de todo”, el diálogo se agostó. La CNTE no cedió en su petición de máximos, la retirada de la reforma educativa, y elevó la temperatura de las protestas callejeras en sus feudos del sur, Oaxaca y Chiapas. Los bloqueos, según fuentes oficiales, llegaron a poner en peligro el abastecimiento alimentario de miles de personas. Fue entonces cuando Osorio Chong enseñó los dientes y el sindicato, sin retirarse de las carreteras y las calles, optó por la protesta de baja tensión. Ahora mismo, mantiene bloqueos en Oaxaca y Chiapas, pero intermitentes para evitar colapsos como los de la semana pasada. Y en la capital ha convocado una marcha por la tarde y ha iniciado un paro que afecta a decenas de escuelas.

 

Este pulso supone un desgaste para ambas partes. El sindicato, tras la matanza de Nochixtlán, había logrado abrir una fisura en la monolítica negativa del Gobierno a negociar. Pero su pulso callejero y el enconamiento de sus dirigentes le han devuelto a ojos de muchos ciudadanos al punto de partida.

 

Tampoco el Ejecutivo ha logrado cerrar la espita. Las muertes de Nochixtlán siguen sin aclararse, la crispación se ha adueñado del sur y el eventual uso de la fuerza puede acarrear consecuencias imprevisibles en una zona de extrema volatilidad y donde las organizaciones insurreccionales nunca han desaparecido del todo. “Estamos listo por si emplean la fuerza; no estamos solos en esta lucha”, ha proclamado un dirigente de la CNTE de Chiapas.

 

En esta olla a presión, se han multiplicado las voces llamando a la calma. Los propios obispos han pedido que se reabran las negociaciones. También lo ha hecho la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el PRD, la principal fuerza de la izquierda mexicana. Pero la posibilidad de que el Gobierno y la CNTE lleguen a un acuerdo es difícil. Chocan el maximalismo del sindicato disidente, con una fuerte tradición clientelar, y la negativa presidencial a retroceder en una ley que representa su última gran baza política.

 

La reforma educativa, que supone el fin la compra venta de plazas docentes y el establecimiento del concurso oposición, fue aprobada por abrumadora mayoría en el Parlamento y las encuestas le otorgan un amplio respaldo popular. Incluso en Oaxaca, donde se celebraron en junio elecciones, las fuerzas que apoyan la ley ganaron por amplia diferencia a Morena, el partido de Andrés Manuel López Obrador, hasta ahora el único dirigente de talla nacional contrario a la reforma.

 

Ante la ausencia de salidas claras, un factor del que todos son conscientes puede abrir una puerta falsa. El próximo 15 de julio se inician las vacaciones escolares. Un parón que obligará a deponer las armas a ambos contendientes y que puede permitir un tiempo muerto en el conflicto. Al menos, hasta la vuelta al colegio.

 

El País