La necesidad de atender el rezago y dilación en los trámites judiciales, llevó al Poder Judicial a crear una estrategia integral, afirmó el magistrado Alfredo Lagunas Rivera

Como parte de la modernización administrativa integral del Poder Judicial del Estado, se consolidan estrategias encaminadas a garantizar que los procedimientos judiciales se desarrollen de manera oportuna, imparcial, gratuita y con transparencia; por esa razón, la agilidad de las notificaciones y las diligencias es parte de nuestras obligaciones institucionales, afirmó el magistrado presidente Alfredo Rodrigo Lagunas Rivera.

 

Al evaluar los resultados de la Central de Actuarios, a un año de su funcionamiento, el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, señaló que desde el mes de septiembre de 2015 se revisan semanalmente las estadísticas de la actividad y rendimiento de ésta área que funciona en la primera y segunda instancia, con la finalidad de conocer la cantidad de legajos que recibe y regresa tanto a los juzgados como a las salas en materia civil y familiar.

 

La necesidad de atender el rezago y dilación en los trámites judiciales ocasionada por el exceso de trabajo en los juzgados y salas, llevó a la institución a crear una estrategia sostenida por una plataforma electrónica que permite que las notificaciones y diligencias se realicen dentro de los términos de ley, explicó el titular del Poder Judicial del Estado.

 

Manifestó que hasta finales de junio pasado, tan solo la Central de Actuarios de primera instancia, ubicada en la sede de los Juzgados Civiles y Familiares del Centro, en el Ex Marquesado, había dado trámite a cerca de 60 mil legajos de expedientes procedentes de ocho juzgados civiles y cinco familiares a los que brinda apoyo esta área.

 

Además, para mejorar el proceso que se lleva a cabo con las diligencias desde su solicitud, recepción de una promoción, registro, hasta realización y elaboración del acta, a través de la Coordinación de Implementación y Gestión de la Calidad se integró una Instrucción de trabajo, documento con la actividad detallada que debe realizar el secretario de acuerdos, el coordinador de la Central de Actuarios y el mismo actuario, el cual se encuentra en proceso de ser aprobado por los consejeros de la Judicatura, dijo.

 

Por otra parte, el magistrado Lagunas Rivera comentó que recientemente un grupo de 30 servidores públicos que laboran en el área recibió un curso de actualización a través de la Escuela Judicial, con la finalidad de mejorar sus habilidades prácticas, fortalecer las decisiones jurisdiccionales, así como sensibilizarlos respecto a la calidad del servicio que se brinda a los usuarios.

 

El actuario judicial o ejecutor es el servidor público investido de fe pública, encargado de comunicar a las partes las resoluciones emitidas por los jueces en los juicios o procedimientos legales tramitados ante ellos y cumplir con las órdenes de los mismos; además de ejecutar las diligencias de embargo o requerimiento conforme a lo establecido en la ley.

 

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