A petición del Presidente Enrique Peña Nieto, la Procuraduría General de la República (PGR) presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acciones de inconstitucionalidad ante medidas en materia de corrupción aprobadas por los Gobernadores y Congresos locales de Veracruz y Quintana Roo.

 

 

 

En conferencia de prensa, el vocero de Presidencia, Eduardo Sánchez, y el subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, Salvador Sandoval, aseguraron que el Ejecutivo federal no permitirá legislaciones y medidas que contravengan el Sistema Nacional Anticorrupción ni que operen “a modo” para beneficiar a algún funcionario local.

 

“Un Sistema Nacional Anticorrupción que permita abatir la corrupción requiere homogeneidad, coordinación y un pulso adecuado. Por tanto, dicho Sistema Nacional, así como los Sistemas estatales, deben ser coherentes, ya que de otra forma la aspiración no podrá concretarse.

 

“Los Congresos de los estados de Veracruz y Quintana Roo han aprobado diversas reformas y realizado diversos actos que no son acordes al sentido y fin de la reforma constitucional del 27 de mayo de 2015, que tuvo como objetivo concretar un sistema de mecanismos que permitan frenar el abuso del poder, no propiciarlo”, afirmó Sandoval.

 

Detalló que las entidades federativas deben esperar a la expedición de las leyes generales a efecto de que sus sistemas locales anticorrupción se ajusten al Sistema Nacional.

Algunas de las acciones impugnadas son nombramientos de contralores generales de los estados, de fiscales especializados en combate a la corrupción, así como de los magistrados en materia anticorrupción, además de la creación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción dependiente de la Fiscalía General de Veracruz.

 

También, la creación ex profeso de la Sala Superior especializada en materia anticorrupción que dependerá del Tribunal de lo Contencioso Administrativo para dar cumplimiento a la legislación en materia anticorrupción.

 

“De subsistir los decretos que hemos impugnado a través de las acciones de inconstitucionalidad, los actos emanados de ellos adolecerían de vicios de inconstitucionalidad, pues serían emitidos con base en normas jurídicas que carecen de sustento constitucional.

 

“Es conveniente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación analice las reformas en materia de combate a la corrupción que hoy impugnamos, toda vez que no podemos dejar a la incertidumbre la consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción”, dijo Sandoval.

 

Sin embargo, argumentando “secrecía” en las investigaciones, Sandoval no quiso informar sobre las investigaciones que existen en la PGR contra los Gobernadores de Veracruz, Javier Duarte, y de Quintana Roo, Roberto Borge.

 

Sandoval afirmó que también están analizando si proceden contra las acciones que está tomando el Gobernador de Chihuahua, César Duarte, y el Congreso de esa entidad.

 

Sin dar fecha, Sánchez informó que el Presidente Peña Nieto promulgará en los próximos días la legislación que falta para la puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción.

 

“El Constituyente Permanente aprobó un marco jurídico robusto e innovador que recoge las mejores prácticas internacionales para prevenir y castigar la corrupción, y uno de los propósitos es que no haya cabida para legislaciones locales a modo”, indicó.

 

En los próximos días, las demandas de PGR serán admitidas por un ministro de la Corte para iniciar el trámite del juicio y emplazar a los poderes Ejecutivos y Legislativos de ambas entidades para que defiendan las reformas correspondientes.

 

Mientras tanto, las reformas legales impugnadas estarán vigentes, pues en las acciones de inconstitucionalidad la Corte no puede decretar la suspensión de las normas generales reclamadas.

 

La Corte no tiene plazo para dictar sentencia y, por el ritmo de trabajo del Pleno, es muy probable que los juicios serán resueltos a finales de este año o incluso en 2017.

 

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