El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, alzó la voz, después de 38 días de la huelga de transportistas que tiene a varias regiones del país desabastecidas de alimentos y medicamentos. Desde la Casa de Nariño (casa presidencial), rodeado de su gabinete, advirtió varias medidas para quienes insisten en bloquear las vías con sus camiones. Aunque las organizaciones sociales han pedido que se minimicen las acciones de represión contra los manifestantes, después de que uno resultó muerto por el impacto de una granada lacrimógena, Santos anunció que se duplicará el número de uniformados en las zonas en donde está concentrado el paro. “He dado la orden de duplicar el número de efectivos de nuestra fuerza pública en las carreteras. Serán ahora 50.000 hombres que garantizarán la seguridad de las vías y acompañarán las caravanas de las empresas que quieran trabajar”, advirtió.

 

 

Hasta ahora, más de 280.000 transportistas se han unido a la huelga, lo que ha generado que en zonas como Boyacá y Nariño, las dos grandes despensas agrícolas del país, los alimentos estén estancados al no poder ser movilizados. “Frente a la necesidad de garantizar el abastecimiento, el transporte de mercancías, he tomado, entre otras, las siguientes decisiones: Inmovilizar e incautar los vehículos que se usen para bloquear las vías o impedir el servicio de transporte. Cancelar la licencia a los conductores que participen en estos bloqueos ilegales”, aseguró Santos, a quien los camioneros reclaman mejores condiciones laborales y que se mantenga el actual sistema de chatarrización de los vehículos llamado ‘uno a uno’, que consiste en que por cada camión que se chatarriza, se ingrese uno nuevo y entregue dinero. Algo que el presidente Santos califica de inaceptable debido a que, según él, dicho modelo “se ha convertido en un foco de corrupción”.

 

“Esta corrupción la tiene identificada el señor fiscal general de la Nación. Anoche informó que va a proceder con toda la contundencia en contra de los responsables de esta corrupción. Estos individuos han convertido el programa de chatarrización en un negocio particular en el que las principales víctimas son precisamente los pequeños transportadores”. Por su parte, voceros del gremio aseguran que el gobierno les ha incumplido con los dineros que deben pagarles por los camiones chatarrizados. Aseguran que cada año el valor que se les debe pagar por cada vehículo chatarrizado ha disminuido en un 25%La Asociación Colombiana de Camioneros insiste además en señalar la urgencia de bajar los precios de combustibles en el país y recalca que es necesaria una regulación integral que permita disminuir los costos en la modernización del parque automotor.

 

Dentro de las medidas anunciadas por Santos está la inmovilización e incautación de los vehículos que se usen para bloquear las vías, la cancelación de las licencias a los conductores que participen en bloqueos y millonarias multas.

 

Precios por las nubes

 

En varias zonas del país, además de la escasez de alimentos y medicinas, lo poco que se consigue tiene precios que triplican su valor normal. El ingreso de productos a algunas regiones ha disminuido en casi un 50%, mientras los precios han aumentado desproporcionadamente. Nada más en Antioquia, según la Secretaría de Agricultura de ese departamento, los precios están con un alza en promedio del 66%. Según Undeco, que reúne a comerciantes y tenderos del país, una caja de tomate que hasta hace unos días costaba cerca de 15 dólares, hoy supera los 30.

 

La huelga ha sido aprovechada por algunos conductores que han decidido no unirse a la huelga, pero sí aumentar el valor del transporte. Un camión que hasta hace unas semanas cobraba 300 dólares por llevar desde el centro occidente de Colombia hasta Bogotá (centro) alimentos, hoy lo hace por casi 800 dólares. Los principales afectados de este paro, protagonizado por el gobierno y los transportadores, han sido los ciudadanos de pie, que están sufriendo el aumento en los precios de la canasta familiar.

 

El País