Cuánto dinero tiene un político? ¿Cómo lo tiene?, es decir, ¿en inversiones financieras, propiedades, obras de arte, joyas? ¿Su fortuna está en México o ha sacado una parte del país? ¿Declara su patrimonio al SAT? ¿Es socio, él o su familia, de constructoras, bancos y fraccionamientos? Eso es lo que querríamos conocer, no por morbo, sino porque nuestros servidores nos deben la información. Sin embargo, nos quedaremos frustrados. El sistema nacional anticorrupción los deja con las manos sueltas.

 

 

Sigue un largo camino

 

“Hoy se promulga el paquete de leyes que integran el sistema nacional anticorrupción –dice la senadora independiente Martha Tagle– sin contener la demanda original de la iniciativa ciudadana de contar con la obligación de hacer públicas las tres declaraciones por parte de los funcionarios públicos, que si bien no eran la condición para el funcionamiento del SNA, sí constituían el elemento que le daba certeza, pues ante la falta de credibilidad y desconfianza ganada a pulso, tener a la vista la evolución del patrimonio de los funcionarios era la forma en que la ciudadanía podría ver que el sistema actuara ante actos de corrupción. En su lugar, el comité ciudadano podrá proponer formatos para hacer públicas las declaraciones preservando la ‘vida privada’ de quienes han hecho de los recursos públicos su forma de vida”. Agrega la senadora Tagle: Lo que sigue es un largo camino para la implementación de las leyes del sistema anticorrupción, desde sacar convocatorias para la selección del comité ciudadano, la elección de la persona que ocupe la fiscalía anticorrupción, el diseño e implementación del sistema digital que concentre la información y la haga pública y accesible, y quizá la parte más importante: bajar las leyes a nivel local. A las leyes del SNA aún le resta un tortuoso camino. Hasta aquí la senadora Tagle. Me pregunto si lo legislado que hoy se promulga en los hechos le dará carácter legal a impunidad y corrupción.

La Jornada / Dinero / Enrique Galván Ochoa