Sé que ésta es una señal que hay que estudiar con relación a todos los elementos que al interior y al exterior del país se van produciendo y acumulando

 

 

No es la primera vez que se produce una denuncia contra México ante la Corte Penal Internacional. Sin embargo, sí es la primera vez que un empresario -Armando Guadiana Tijerina- minero, ganadero, político y para algunos con una proyección oscura, presenta una demanda aislada ante ese tribunal y solicita una condena para el gobierno de Coahuila.

 

De acuerdo al Estatuto de Roma de 1998, instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional, la clave para que ese tribunal -hoy con problemas de funcionamiento y credibilidad- pueda actuar radica en que la administración de justicia de los Estados miembros no funcione o esté coaccionada por los aparatos de poder y por intereses específicos ante los crímenes de genocidio, lesa humanidad, guerra y agresión.

 

En ese sentido, soy fiel partidario de no permitir que las cosas se olviden. Y sé que no hay nada más difícil que desaparecer a un desaparecido. Pero también sé que ésta es una señal que hay que estudiar con relación a todos los elementos que al interior y al exterior del país se van produciendo y acumulando.

 

Y es que, diferentes instituciones internacionales ya han realizado importantes acusaciones en torno a la política de derechos humanos, los desaparecidos y la actuación del Estado mexicano en la guerra del expresidente Calderón contra el narcotráfico.

 

Situación que nos lleva a identificar por una parte que la única defensa eficaz radica en que nuestro aparato de justicia tan cuestionado y tan devaluado se ocupe de este tipo de problemas.

 

Y por otra, que existe una debilidad estructural donde el país tiene un déficit de seguridad legal hacia sus fuerzas armadas. Por lo tanto, iniciativas como ésta podrían permitir el uso de denuncias contra nuestros hombres de uniforme, sólo por la satisfacción de ciertos intereses nacionales o extranjeros.

 

Este camino no es nuevo, pero lo que sí considero como tal es la coincidencia de unos factores que obligan a las autoridades y a los partidos políticos a evaluar tres aspectos.

 

Primero, no podemos continuar con un aparato tan poco confiable y con una falla sistémica tan importante en nuestro aparato judicial y de investigación.

 

Segundo, no podemos seguir sometiendo a nuestras fuerzas armadas a este proceso que los deja tan indefensos en el ámbito legal.

 

Y tercero, será necesario controlar el hecho de que por intereses políticos y coyunturales específicos se intente utilizar una gran tragedia nacional. La cual requiere de toda la seriedad para ser investigada con verdad, con justicia y con intenciones de llegar a una solución que no sólo busque hacer polémica y ruido.