Infinidad de crímenes en México se pierden en el tiempo hasta sumirse en un agujero negro. La matanza del 19 de junio en el pueblo oaxaqueño de Nochixtlán repite el patrón, de momento. Un mes después no hay responsables por los muertos que dejó el salvaje desalojo policial de una autopista cortada por maestros contrarios a la reforma educativa. No se sabe quién detonó la balacera, o quién dio la orden. No se sabe siquiera con certeza cuántos muertos hubo.

 

 

El Gobierno de México dice ocho. El Comité Nochixtlán, formado en la localidad tras la masacre, asegura que fueron 11. La investigación corre a cargo de la máxima autoridad fiscal de México, la Procuraduría General de la República. Hasta la fecha el organismo no ha indicado si la investigación avanza ni dado una hipótesis que permita a los ciudadanos comprender el fatídico desenlace.

 

Derechos Humanos ha criticado a las autoridades y alertado de la necesidad de evitar que el caso quede impune

 

Este martes, el día que se cumplía el mes, la responsable de la PGR, Arely Gómez, afirmó que la investigación se estaba llevando con “profesionalismo”. Ese mismo día la Comisión Nacional de Derechos Humanos había hecho un comunicado crítico con las autoridades. Denunciaba que la Fiscalía de Oaxaca había negado información a la Comisión, aseguraba que México se encuentra en “una coyuntura crítica” y alertaba de que, para evitar nuevos hechos como estos, era necesario “eliminar la impunidad y sancionar a los responsables de violentar los derechos humanos”.

 

La principal duda es saber el origen de los disparos. La Policía Federal, responsable del desalojo, aseguró que elementos no identificados habían abierto fuego contra los agentes y que estos en defensa propia respondieron con balas. Lo aseguró unas horas después de que la Comisión Nacional de Seguridad asegurase, a su vez, que ningún policía había disparado. Más allá de que las autoridades se tuvieron que desmentir en un detalle gruesísimo, y de las suspicacias que eso provocó, lo sustancial es que por ahora no hay pruebas objetivas de que eso ocurriera, de que civiles radicalizados dispararan a la policía, y sí las hay -fotográficas y abundantes testimoniales- de que los policías dispararon a civiles, así como de que hubo policías heridos de bala y que los agentes fueron atacados por civiles con cócteles molotov y cohetes.

 

La Comisión de Derechos Humanos, aparte de lamentar el “desdén” de la Fiscalía de Oaxaca, que arrancó las pesquisas antes de pasárselas a la PGR, ha detallado que en el mes que lleva trabajando en Nochixtlán ha recogido 502 quejas y testimonios, escrutado el terreno (observando, por ejemplo, “daños por arma de fuego en el panteón municipal”), brindado atención psicológica a 21 taxistas (dado que muchos de ellos, en medio del caos, hicieron las veces de ambulancia) y corroborado la localización de cinco desaparecidos, aunque de otro más todavía no tiene noticia. También ha dicho que ha recibido protestas de algunos vecinos por la presencia de la CNTE en el pueblo.

 

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación es la agrupación sindical que lleva tres años oponiéndose en las calles a la reforma educativa del Gobierno de México, pues considera que le quita derechos a los profesores y empeora la calidad de la educación pública. La CNTE, que al mismo tiempo es un rudo poder fáctico en Oaxaca y otras regiones en las que durante décadas ha ejercido un control paraadministrativo de la Educación, tenía cortada la autopista que pasa junto a Nochixtlán el 19 de junio cuando la policía decidió zanjar el corte, desencadenándose luego la matanza.

 

“Esto es una tomadura de pelo del Gobierno”, protesta un vecino

 

En el pueblo también hay partidarios de la CNTE. Uno de ellos, que pide anonimato, explicaba esta mañana desde Nochixtlán cómo se sienten los vecinos ante la lentitud de la investigación. “Estamos muy molestos, muy indignados todavía porque no haya habido justicia. El Gobierno dice que está al pendiente, pero es no es más que una tomadura de pelo. Estamos con los maestros”.

 

El subsecretario de Gobernación Roberto Campa ha viajado a Nochixtlán para reunirse con el pueblo y manifestarle su compromiso con el esclarecimiento del caso. Acudió el 7 de julio. Antes de su llegada aparecieron sobre la mesa de la reunión cartuchos de bala y botes de gas lacrimógeno recogidos tras la batalla campal. Un símbolo de que en Nochixtlán se responsabiliza al Estado de lo ocurrido. Familiares de las víctimas han pedido, según ellos para contar con mayores garantías de independencia, que participe en la investigación la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al igual que se ha hecho en el caso Ayotzinapa, el episodio de la desaparición en 2014 de 43 estudiantes a manos de un grupo de narcotraficantes y policías municipales compinchados.

 

EL País