foto: Cortesía Web

Alberto Ortiz

Al menos 77 personas permanecen en Oaxaca privados de su libertad por motivos políticos y han sido recluidos en penales federales para dañar su dignidad y terminar con su lucha social, advirtieron Organismos No Gubernamentales.

Mediante un documento dirigido a la Secretaría de Gobernación, detallan que México atraviesa una grave crisis económica, política y de derechos humanos, que tiene como base el proceso histórico de impunidad, feminicidio y corrupción.

Aunado a que establecen que las 12 reformas estructurales han impactado en la vida de los pueblos y comunidades, mismo que se traduce en el despojo de los territorios para la implementación de mega proyectos.

Lo anterior, así como la colusión de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial para la aprobación y aplicación de leyes en contra de los intereses de la mayoría de ciudadanos en estados con alta marginación como Oaxaca.

Oaxaca, después de la alternancia fallida, sigue en condiciones graves de marginación social y se han abierto las puertas a los grandes capitales con la encomienda de entregarles los recursos naturales y territorios, externan.

Ante dicho escenario refrendan la necesidad de construir una agenda común entre las diversas autoridades municipales y agrarias, organizaciones sociales, sindicatos y colonias populares, con el objetivo de avanzar en la coordinación del movimiento social.

Las ONG´s impulsan la “marcha caravana de los pueblos originarios de Oaxaca por la Defensa de la autonomía, la educación y el territorio” que llegará en breve a la Ciudad de México para fortalecer la mesa de negociación de la CNTE yla Secretaría de Gobernación.

Recuerdan que la caravana lleva como ejes; la derogación de la reforma educativa, liberación de presos políticos y castigo a los responsables del operativo policiaco del domingo 19 de Junio en Asunción Nochixtlán.

Advierten que en Oaxaca no se levantarán las movilizaciones, si no se liberan de manera inmediata e incondicional los presos políticos, aunado a que demandan la liberación inmediata de los presos por motivos políticos y cancelación de órdenes de aprehensión en contra de luchadores sociales.

Piden castigo a los responsables intelectuales y materiales de los crímenes de lesa humanidad cometidos en Asunción Nochixtlán y que la investigación sea transparente y expedita con la intervención de organismos internacionales de derechos humanos.

De igual forma, exigen castigo y destitución de Aurelio Nuño Mayer, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y todos los funcionarios de los diversos niveles que contribuyeron a la masacre de Nochixtlán.