Más allá de que la PGR atraiga una vez más los casos de San Juan Chamula o de Pungarabato, o que la Secretaría de Gobernación lance ooootra alerta o establezca la enésima “mesa de negociación”, lo urgente es recuperar el Estado de derecho

 

El asesinato de los alcaldes de San Juan Chamula, en Chiapas, y de Pungarabato, en Guerrero, se va haciendo cada día más imposible negar que el mexicano sea un Estado fallido.

 

Al que lo dude que se asome a la última estadística de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC) en la que se revela que, del 2003 a la fecha, 47 alcaldes fueron asesinados en México.

 

De acuerdo al reporte, la mayoría de esos asesinatos provinenen del crimen organizado. Y no se tiene que ser un erudito para identificar que esos crímenes solo pueden tener una de dos posibilidades.

 

O los alcaldes, 40 de ellos en funciones y siete electos, no quisieron colaborar con los cárteles o de plano terminaron por ser sus servidores, sus cómplices, que al no satisfacer o de plano traicionar a quienes los compraron, decidieron ejecutarlos.

 

La estadística es todavía peor, si se suman los 32 exalcaldes que también han sido victimados desde el 2003.

 

¿Cree alguien que exista alguna nación sobre la Tierra en donde puedan ser asesinados 79 jefes locales de gobierno, sin que se dé una alerta roja?

 

La única alerta que existe hoy es la que extiende la misma Asociación Nacional de Alcaldes y que ubica como entidades de muy alto riesgo a Durango, Michoacán, Oaxaca y Veracruz, en donde existe una elevada posibilidad de que un alcalde sea asesinado.

 

Y en un segundo plano, como estados de alto riesgo, vienen Chihuahua, el Estado de México, Guerrero, Nuevo León, Tabasco y Tamaulipas.

 

El hecho es mas grave aún si se considera que estas acciones contra los alcaldes dejan dos percepciones muy claras, ambas dañinas para defender y sostener el principio de autoridad.

 

La primera, que si los alcaldes asesinados eran buenos servidores públicos y los mataron por no cooperar con el crimen organizado, ¿creen que exista alguien en esas poblaciones que vaya a tomar el riesgo de buscar ser presidente municipal?

 

El hecho es en extremo grave, porque abre la puerta a que los únicos aspirantes a alcaldes en esas poblaciones sean personajes ligados o financiados por los mismos cárteles. Lo que significa legitimar a una autoridad ajena al Estado de derecho al servicio de los delincuentes.

 

La segunda, que si esos alcaldes asesinados fueron abatidos porque traicionaron a sus auténticos jefes, que son las mafias de la delincuencia organizada, peor aún.

 

Con esas ejecuciones, el mensaje entre otros alcaldes crece, se extiende, y pone de rodillas aún a quienes ni quieren o desean cooperar con esos cárteles.

 

Más allá de que la PGR atraiga una vez más los casos de San Juan Chamula o de Pungarabato, o que la Secretaría de Gobernación lance ooootra alerta o establezca la enésima “mesa de negociación”, lo urgente es recuperar el Estado de derecho.

 

Y eso solo se logrará cuando cada uno de los 79 asesinos de alcaldes estén tras las rejas, dejando en claro el mensaje que debe honrar todo gobierno que se precie de ejercer su autoridad: el que la hace, la paga. Hoy, en México, no es así.