El Gobierno mexicano celebró hoy el nombramiento del brasileño Paulo Abrão como secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), puesto que ocupará a partir del próximo 16 de agosto por un periodo de cuatro años.

 

 

Abrão cuenta con una “sólida formación académica y una vasta experiencia en organismos gubernamentales y de la sociedad civil, relacionados con la defensa y protección de los derechos humanos, lo que lo hace idóneo para dirigir la Secretaría Ejecutiva de la CIDH”, señaló la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), mediante un comunicado.

 

El Gobierno mexicano señaló en la nota que “continuará profundizando el diálogo con la CIDH (…) para encontrar soluciones a los desafíos a los que ésta se enfrenta para cumplir con su mandato, entre los cuales se encuentran su fortalecimiento financiero”.

 

Además, reiteró su compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos y dijo que tiene la voluntad de continuar trabajando con el organismo en el desarrollo de estándares internacionales en la materia y en la consolidación de un sistema sólido de protección a derechos humanos en el continente americano.

 

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el uruguayo Luis Almagro, fue quien designó a Abrão, luego de que la CIDH propusiera el nombramiento. El brasileño reemplazará en el cargo al actual secretario ejecutivo, el mexicano Emilio Álvarez Icaza, quien declinó su derecho a renovarlo.

 

Este miércoles, la CIDH informó que evitará “de momento” el despido del 40 % de su personal tras obtener fondos que permiten mantener los puestos de trabajo al menos hasta septiembre, según informó hoy el propio organismo.

 

La decisión ocurrió luego de que Estados Unidos reprogramó fondos que había aportado para financiar becas y usarlos para el pago de salarios, informó María Isabel Rivero, la portavoz de la CIDH, órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA).

 

Del 27 al 29 de julio, miembros del Ejecutivo mexicano y padres de los 43 estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en el sureño estado de Guerrero se hallan en Washington a fin de acordar un mecanismo de seguimiento al caso de la CIDH.

 

El caso Iguala, y la coadyuvancia de un grupo de expertos de la CIDH que levantó ampollas al denunciar irregularidades en las pesquisas oficiales, ocasionó varios encontronazos entre el Gobierno Federal y la CIDH

 

El País