Un claro manejo desordenado de los recursos públicos y una “corrupción manifiesta” que involucra no sólo a los gobernadores y su equipo sino también empresas privadas, bancos y contratistas constituyen el panorama de las deudas estatales que ascienden oficialmente a un total de 531 mil 822 millones de pesos, según la Secretaría de Hacienda, pero si se agregan los mecanismos de “bursatilización”, los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) y los bonos Banobras se elevan a más de 715 mil millones de pesos, es decir, 81.4 por ciento más que en 2010, de acuerdo al reporte de Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios.

 

 

 

El escándalo político y judicial derivado de las recientes leyes estatales para “blindar” la deuda pública de los gobiernos priistas salientes de Chihuahua, Quintana Roo y Veracruz, así como nombrar a fiscales estatales anticorrupción a modo de los gobernadores salientes, no es casual. Constituyen el experimento frente a la crisis por venir de las deudas estatales.

 

Se trata de las tres entidades que tendrán alternancia de partidos en el Ejecutivo estatal y con el mayor crecimiento de deuda pública en los seis años de gobiernos priistas, con los índices más elevado de deuda per cápita y que, coincidentemente, utilizaron mecanismos similares para manejo irregular de impuestos estatales como el caso del Impuesto sobre Nómina (en los casos de Chihuahua y Veracruz) o el Impuesto al Hospedaje (en el caso de Quintana Roo), con un presunto desvío de 1,464 millones de pesos y la bursatilización de los ingresos del Fideicomiso Carretero hasta 2038 (en el caso de Chihuahua).

 

La deuda de Quintana Roo, bajo el gobierno de Roberto Borge, creció 115 por ciento al pasar de 10,265 a 22 mil 542 millones de pesos. Es la deuda per cápita más alta del país (casi 15 mil pesos). Tiene 1,015 millones de pesos pendientes de aclarar ante la ASF. Y el gobierno de Borge deja tan sólo en deudas a proveedores de promoción turística 224 millones de pesos faltantes en Cancún y 118 millones de pesos en la Riviera Maya.

 

La deuda de Chihuahua bajo el gobierno de César Duarte pasó de 12 mil 547 a 42 mil 176 millones de pesos, un incremento de 210 por ciento desde 2010 a la fecha, el más alto de todo el país. Per cápita, es la tercera mayor deuda del país: 12,023 pesos por habitante. De última hora, el Congreso estatal aprobó “bursatilizar” los excedentes de 6 mil millones de pesos por ingresos del Fideicomiso Carretero vigente hasta 2038, pero que comprometen los recursos de futuras administraciones como la próxima del panista Javier Corral. La maniobra de César Duarte beneficiará a Interacciones, Inbursa, Multiva y Banorte, según los reportes internos del fideicomiso.

 

Con el polémico mandatario priista Javier Duarte, la deuda estatal de Veracruz creció 113 por ciento hasta sumar un total de 45,879 millones de pesos, la cuarta más grande del país (sólo por debajo de Nuevo León, Ciudad de México y Estado de México). Per cápita, la deuda veracruzana es de 5,665 pesos por habitante, pero es la entidad que mayor monto adeuda a proveedores (11 mil millones de pesos) y que tiene pendientes por aclarar 15,839 millones de pesos ante la Auditoría Superior de la Federación.

Duarte no sólo aceleró un paquete para “blindar” su cuestionada administración envuelta en corruptelas familiares y de “empresas fantasmas” beneficiadas con adjudicaciones directas. Decidió “donar” 10 inmuebles públicos como si fueran de su propiedad.

 

No sólo las deudas de Chihuahua, Quintana Roo y Veracruz constituyen una “bomba de tiempo”. La de Nuevo León, el gobierno más endeudado durante el gobierno del priista Rodrigo Medina ascienda a 63 mil 832 millones de pesos, según la Secretaría de Hacienda, pero si se le suman las emisiones bursátiles (18,531 mdp), los bonos Banobras (7,426 mdp) y los PPS (1 mil mdp) asciende a 89, 904 millones de pesos. Per cápita, cada neoleonés debe 12,468 pesos.

 

Dos entidades que tendrán elecciones en 2017 tienen problemas severos con el manejo de su deuda estatal y ambas son gobernadas por el PRI: el Estado de México, con una deuda total registrada de 89,715 millones de pesos, de los cuales, 41,883 millones son por PPS; y Coahuila, cuya deuda es de 38,374 millones de pesos, pero es el segundo estado con la deuda per cápita más alta (12,862 pesos).

 

El experimento más cuestionado para esconder deuda pública se realizó en Puebla, bajo el gobierno actual de Rafael Moreno Valle. Modificó la Constitución para esconder cerca de 21 mil 428 millones de pesos de deuda por PPS que comprometen las finanzas de la entidad por los próximos 30 años. Oficialmente, los datos de la Secretaría de Hacienda registran un total de deuda registrada en Puebla por sólo 10 mil 017 millones de pesos, de los cuales 3 mil 310 millones de pesos son por PPS.

 

En el caso de la Ciudad de México, la “bursatilización” del endeudamiento es por 15,590 millones de pesos de un total de deuda registrada de 87 mil 903 millones de pesos, la tercera más alta del país.

 

“Bursatilizar”, el truco para esconder deuda

 

Según un estudio elaborado por el Senado de la República, el endeudamiento de los estados constituye se agravará con la puesta en vigor de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, promulgada el pasado 27 de abril, pero que entra en vigor para las entidades en el ejercicio fiscal de 2017 y para los municipios a partir del 2018.

 

Gracias a esta ley “se amplía el concepto de pasivo incluyendo tanto los financiamientos como a otras obligaciones que impliquen pagos futuros dentro de los que se encuentran los pasivos laborales”.

 

De los 715 mil millones de pesos de la deuda de los estados, el 74.4 por ciento corresponde a obligaciones financieras (créditos con banca privada, principalmente), 12.1 por ciento a emisiones bursátiles o la “bursatilización” para esconder la deuda pública como ocurrió recientemente con el gobierno de Chihuahua, 8.2 por ciento a servicios públicos (PPS) y el 5.3 por ciento a la emisión de bonos para efectos específicos.

 

De acuerdo a la senadora Dolores Padierna, el principal problema del endeudamiento de las entidades radica en las emisiones bursátiles para obtener recursos adicionales a los financiamientos que se utilizan para diversos propósitos.

 

Estos valores se emiten para plazos determinados de entre 10 a 30 años, durante los cuales “se pagan únicamente los intereses. El pago de intereses y del principal están garantizados con participaciones o recursos propios. En muchos casos no es transparente el destino que las entidades federativas y los municipios dan a estos recursos”, afirmó Padierna.

 

El principal problema, según Padierna, radica en los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) que son una esquema particular de las Asociaciones Público Privadas (APP) “y su realización implica la celebración de un contrato de servicios de largo plazo entre una dependencia o entidad y un inversionista o proveedor”.

 

“En teoría, los pagos se realizan en función de la disponibilidad y calidad de los servicios que se presten, lo que no es posible corroborar por la falta de transparencia”, subrayó la legisladora del PRD.

 

Los bonos Banobras son financiamientos para desarrollo de infraestructura en aquellas entidades que hayan sufrido desastres naturales o la realización de nuevas obras de infraestructura. La vigencia de estos bonos es por 20 años, durante los cuales las entidades sólo pagan los intereses y al término de la vigencia pagarán el capital.

 

-¿Hablamos en varios casos de una posible corrupción que involucre a privados? –se le cuestionó a Padierna.

 

-Sí, claro. El uso de la deuda es principalmente para “inversión”, es decir, obra pública y pago a deudores. Con el veto presidencial a la reciente Ley General de Responsabilidades Administrativas (artículo 32) los privados quedaron fuera del escrutinio en cuanto sus conflictos de interés.

 

-¿Qué significa políticamente lo que han realizado gobernadores como los de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua?

 

-Es una confesión de parte de que cualquier revisión de esas deudas estatales arrojarían evidencias de corrupción y de que la deuda esconde grandes fortunas de recursos no auditables en manos privados. Da cuenta de que la corrupción es enorme y comprobarla es un reto mayúsculo.

 

Padierna apoyó la propuesta expresada, entre otros, por el aspirante a candidato presidencial independiente Jorge Castañeda quien propuso la constitución de “comisiones de la verdad” estatales, conformadas por ciudadanos que investiguen, documenten y difundan los casos de corrupción. “Al menos pudiera tener efectos políticos y eliminaría la percepción de que se trata de venganzas personales”, abundó la senadora.

 

Esta semana, el presidente del PRI, Enrique Ochoa Reza, se presentó junto con el líder de la bancada priista en el Senado, Emilio Gamboa Patrón, para solicitarle a la Mesa Directiva de la cámara alta que exhorte a la Suprema Corte de Justicia a darle carácter prioritario al recurso de anticonstitucionalidad interpuesto el 11 de julio por la Procuraduría General de la República en contra de las medidas de “blindaje” anticorrupción adoptadas por Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo.

 

En la presentación de esta petición Ochoa Reza no mencionó el problema del endeudamiento. El PRI sólo se está concentrando en la falta de facultades de los congresos estatales para crear sistemas locales anticorrupción, antes de los que se han promulgado a nivel federal.

 

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