El escándalo político y judicial derivado de las recientes leyes estatales para “blindar” la deuda pública de los gobiernos priistas salientes de Chihuahua, Quintana Roo y Veracruz, así como nombrar a fiscales estatales anticorrupción a modo de los gobernadores salientes, no es casual. Constituyen el experimento frente a la crisis por venir de las deudas estatales.

 

 

Para Arturo Fuentes Vélez, responsable del área de administración y finanzas del equipo de transición del gobernador electo Javier Corral, el problema en Chihuahua con el gobierno de César Duarte es un “manejo desordenado de la administración pública y de corrupción manifiesta”.

 

Duarte “le entró a todo”, afirmó Fuentes Vélez: creó una unión ganadera, es accionista de un banco, compró ranchos “por las buenas y por las malas”, creó compañías farmacéuticas, su hijo es socio de una constructora con obras públicas en Quintana Roo, lo cual hablaría también de una “corrupción compartida entre estados”.

 

Las similitudes entre Quintana Roo y Chihuahua en manejos de impuestos es sorprendente. En Chihuahua, los empresarios pagan el 3.3 por ciento de Impuesto sobre Nómina, con la condición de que ese 0.3 por ciento vaya a un fideicomiso. La Fundación del Empresariado Chihuahuense ha denunciado que nunca se aclaró el destino de estos recursos que ascienden a 120 millones de pesos durante el gobierno de César Duarte.

 

Fuentes Velez explicó que Duarte también “bursatilizó” el 45 por ciento del Impuesto sobre Nómina, pero los 1,200 millones de pesos que involucran esta operación “no están disponibles”.

 

En el caso de Quintana Roo, existe un Impuesto al Hospedaje (IH) equivalente al 3 por ciento de cada noche de hotel vendida. En el gobierno de Roberto Borge, los recursos derivados de este impuesto dejaron de ser manejados directamente por cada fideicomiso y pasó a manos del gobierno del estado.

 

Una investigación realizada por José Antonio López Sosa revela que tan sólo en 2015 la recaudación por el IH de Cancún, la principal zona turística del país, ascendió a 469.5 millones de pesos, pero el gobierno estatal sólo le entregó 183.7 millones de pesos, menos de la mitad de lo recaudado, al Fideicomiso de Promoción Turística de Cancún que abarca los municipios de Benito Juárez e Isla Mujeres. Se desconoce el destino del resto de los recursos.

 

En la Riviera Maya, que abarca los municipios de Solidaridad, Tulum y Cozumel, se recaudaron 350 millones de pesos por IH en 2015, pero el gobierno de Borge sólo entregó 161 millones de pesos.

 

“Las cifras son claras –advierte el estudio de López Sosa-, en total se recaudó en el estado más de 935 millones de pesos por IH en 2015, mientras que se otorgó a los fideicomisos en su conjunto sólo 353 millones de pesos y a la Secretaría de Turismo 72 millones. Sumando los cuatro presupuestos no llega ni a la mitad de lo recaudado, entonces, ¿dónde están esos más de 510 millones de pesos de excedente?”

 

El empresario José Chapur Zahoul, dueño de la cadena Palace, Abelardo Vara, ambos integrantes de asociaciones hoteleras, calculan que el monto total de lo que Borge no aclaró del IH asciende a 1,950 millones de pesos, según declaraciones a la revista Forbes.

 

En Chihuahua, Fuentes Vélez relató que el gobierno de César Duarte consiguió de la administración de Peña Nieto que le extendieran de hasta el 2038 el pago de las concesiones de carreteras (privilegio obtenido en 1992 durante el sexenio salinista). “Bursatilizó” 6 mil millones de un total de 15 mil millones de pesos de esos recursos que están comprometidos hasta 2038, pero nadie sabe cómo se gastaron los 9 mil millones restantes.

 

También el Congreso local intentó “bursatilizar” el 25 por ciento de los recursos del Fondo de Apoyo al Financiamiento de las Entidades Federativas (FAFEF), equivalentes a 3 mil millones de pesos, y comprometiendo los recursos de los próximos 20 años. No se aprobó, pero quedó el intento.

 

El gobierno de Duarte, conocido como “el banquero de Chihuahua”, intentó “crear una FIBRA con los recursos de las carreteras que se llamaría Fibra Estatal Chihuahua, pero ni siquiera cubrieron las formas mínimas de la legalidad”, abundó Fuentes Vélez.

 

 

 

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