Adriana Pérez Romo fue denunciada por extorsión.

 

 

 

Cd. de México .- Un juez federal ordenó a la Procuraduría capitalina citar a 39 vecinos del periodista Joaquín López-Dóriga, como parte de la denuncia por una presunta extorsión de 5 millones de dólares a la empresaria María Asunción Aramburuzabala.

 

José Díaz de León Cruz, Juez Segundo de Distrito en Amparo Penal, otorgó un amparo a la empresa Abilia cuya consecuencia es que sean llamados a interrogatorio los condóminos del edificio Rubén Darío 223, incluido López-Dóriga, esposo de la denunciada, Teresa Adriana Pérez Romo.

 

La inmobiliaria Abilia, propiedad de Aramburuzabala, denunció penalmente en agosto de 2015 a Pérez Romo por intento de extorsión por 5 millones de dólares en el proceso de construcción de un inmueble en Rubén Darío 225, Polanco.

 

“Lo procedente es conceder a la quejosa el amparo y la protección de la justicia para el efecto de que (la PGJ-CDMX) ordene citar a los testigos que se mencionaron”, sentenció el juez en el amparo 172/2016, el pasado 29 de junio.

 

En esta nueva resolución, el juez Díaz de León dijo que, pese a que la Procuraduría de la Ciudad de México ya había planteado el no ejercicio de la acción penal, debía cumplir con la emisión de los citatorios a los condóminos.

 

El 8 de julio pasado la dependencia a cargo de Rodolfo Ríos notificó el no ejercicio de la acción penal y manifestó en un escrito que esta última sentencia de amparo sólo debía cumplirla cuando causara estado, es decir, cuando la confirmara un tribunal colegiado.

 

Niegan desacato

 

 

La Procuraduría capitalina consideró como “incorrecto” y “equivocado” el fallo de un juez federal que le atribuye desacatar una suspensión, al haber archivado la denuncia de la inmobiliaria Abilia.

 

Jorge Mirón Reyes, subprocurador Jurídico de la Procuraduría, sostuvo en entrevista que la dependencia no violó esa suspensión definitiva y que han recurrido a un tribunal colegiado para revertir el resolutivo que así lo establece.

 

“Creemos que el análisis hecho por el juzgador fue incorrecto, al considerar que una propuesta de no ejercicio es equivalente a una determinación final, lo cual no es así. Porque la violación hubiese incurrido si hubiésemos determinado la averiguación en ese momento y no lo hicimos.

 

“Por eso creemos que hay una apreciación equivocada y la Procuraduría quiere mostrar que evidentemente no incurrió en ninguna violación a la suspensión”, señaló el funcionario.

 

Mirón expuso que la PGJ-CDMX presentó una queja ante el Octavo Tribunal Colegiado Penal con dos argumentos que pretenden revertir el fallo del juez y demostrar que es legal haber archivado la indagatoria contra la esposa de Joaquín López Dóriga.

 

El primero es que la propuesta de no ejercicio de la acción penal no es una decisión definitiva -como sí lo es su aprobación- y el segundo es que el amparo donde les atribuyen desacatar la suspensión, ya había sido desechado.

 

Mirón aseguró que, aun si el Colegiado confirma que la PGJ-CDMX violó la suspensión, esa determinación no tendrá ninguna consecuencia ni habrá responsabilidad administrativa o penal sobre algún MP, porque así se estableció desde la primera instancia.

 

Cuestionado por qué entonces la Procuraduría impugnó el fallo del juez, pese a que no habría consecuencias, el subprocurador respondió que es sólo para dejar constancia de que la PGJ-CDMX “no violenta ninguna decisión judicial”.

 

Aseguró que no influye ni genera presiones en la dependencia el hecho de que en este pleito coincidan actores de gran poder económico y mediático.

 

El amparo de donde derivó la violación a la suspensión, con número 1018/2015, fue presentado el año pasado para que la PGJ-CDMX admitiera como prueba citar a declarar a los condóminos del edificio donde vive la denunciada Teresa Pérez Romo.

 

El subprocurador puntualizó que, una vez que se admitieron las pruebas, la inmobiliaria de Aramburuzabala presentó otro amparo para citar a los testigos, el cual fue registrado con el número 172/2016.

 

Impugnan ‘carpetazo’

 

 

La defensa de María Asunción Aramburuzabala presentó un recurso de inconformidad ante la Procuraduría de la Ciudad de México contra la decisión de archivar la denuncia contra Teresa Adriana Pérez Romo.

 

Dicho medio de impugnación tiene el propósito de que la PGJ-CDMX reconsidere el no ejercicio de la acción penal, dictado en la averiguación previa FMH/MH-5/T3/517/15-08.

 

Jorge Mirón Reyes, subprocurador Jurídico de la PGJ-CDMX, afirmó que en caso de que la Procuraduría resuelva ese recurso en el sentido de ratificar el “carpetazo”, la defensa de la empresaria podrá recurrir a un nuevo amparo. Por ello, previó que este asunto puede llevar meses en resolverse.

 

Reforma / Abel Barajas