Al asumir Gabino Cue la gubernatura, entre las primeras facturas políticas que le exigieron pagar, fue la indemnización multimillonaria para los APPOS y “maistros” del cartel 22 por los presuntos daños físicos y psicológicos que, dicen, les causó el intento de desalojo del plantón en el zócalo en el 2006. Fue cuando en Oaxaca se incubaba el huevo de la serpiente cuya reedición hoy nos tiene espantados.

 

 

Gabino cedió a la petición de sus “aliados”. Eran los tiempos en que los coaligados festinaban el gobierno “de la alternancia y la transición”. Eran los días en que festejaban la “histórica” primera Reforma Constitucional “de gran alcance para fortalecer y crear nuevas instituciones, normas y mecanismos democráticos como la Participación ciudadana y democracia directa como el plebiscito, el referéndum, la Revocación de Mandato, la Audiencia Pública y el Cabildo en Sesión Abierta”. Uff, cuantos fuegos de artificio ¿Dónde quedo aquella pirotecnia?

Pero volvamos a la rebatinga por las indemnizaciones. En una primera remesa del dinero público, el gobierno autorizó cerca de 20 millones de pesos pero lejos de que tanto dinero los mantuviera contentillos, recordemos la cena de negros que causó la ambición de los APPOS.

Era julio del 2012. Su argumento para exigir tanto dinero del erario público era que en la “represión del 2006” hubo 26 muertos, 250 encarcelados y unas 450 víctimas, además de aplicación de “tortura y desapariciones forzadas”.

Ese fue su argumento en el expediente que avaló y gestionó expedito su aliado Arturo Peimbert como titular de la DDHO. Me informan que él mismo defensor, en su papel de abogado del diablo, con los demás titulares de las diversas organizaciones, presionaron para obtener el dinero pero luego rivalizaron por la mejor tajada. Surgieron fuertes diferencias al interior de la APPO. Entre acusaciones mutuas revelaron que los casi 20 millones de pesos no llegaron íntegros a las víctimas. Fue tan brutal la disputa por el dinero que olvidaron los preparativos para recordar el quinto aniversario de la “batalla de Todos santos” contra la PFP.

Tanto dinero provocó reyertas. Los primeros en reclamar su porcentaje fueron los del llamado Comité de Familiares de los Desaparecidos, Asesinados y Presos Políticos de Oaxaca (Cofadappo) y luego los del cartel 22.

También reclamó ganancias la Limeddh. Alegaba que asesoró a 64 víctimas que se acercaron al organismo para exigir reparación de daños. Cuando estos recibieron 170 mil pesos por cada “víctima”, el presidente del Cofadappo, Porfirio Domínguez Muñozcano, denunció que el reparto fue inequitativo. En conferencia de Prensa en la Sección 22 amenazaron con exhibir públicamente a los que se “agandallaron” las indemnizaciones. Limeddh también amenazó con sacar “trapitos al sol” y ocultaron la información. En la reunión hubo gritos y amenazas entre miembros del Comité Ejecutivo de la 22. Acusaron a Porfirio Domínguez de exigir tres millones de pesos como reparación del daño, cuando no fue parte de la APPO ni del magisterio. A qué grado llegó el cochinero de la rabatiña que la misma Sección 22 se lavó las manos.

 

REINCIDENTE

No obstante los escándalos, el mismo Arturo Peimbert autor del embrollo del pago de indemnizaciones, hoy quiere una segunda edición de la trama. Dice que se reunió con “víctimas” de la “brutal represión” de la PFP en Nochixtlán y por lo mismo merecen pagos como “reparación del daño”.

En un documento avalado por sus subalternos en la DDHO, exige al gobierno, entre otras cosas que “se implemente y se cumpla la reparación integral de manera adecuada, efectiva y rápida del daño sufrido de acuerdo a los estándares internacionales, que incluyen: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición”. También pide que “seotorguen las disculpas públicas de quienes resulten responsables hacia las víctimas directas e indirectas”.

Repito la interrogante. A que intereses sirve Arturo Peimbert ¿A los derechos de los oaxaqueños o a los de los rijosos del cartel 22?

 

TRANSPARENCIA

Independientemente de las críticas contra el gobierno “del cambio”, hay algo que reconocer a Gabino Cue. Su voluntad política para hacer realidad el derecho al acceso a la información gubernamental.

La Consultora A-Regional, confirma que Oaxaca está entre los primeros lugares de los estados con leyes que permiten la Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de las entidades federativas.

Entre la calamidad que angustia a Oaxaca en estos días aciagos, surge esperanzador este dato que, en el cauce de las paradojas, será un arma importante en el caso que se haga la realidad la aplicación cabal del sistema anticorrupción en nuestro país, especialmente en Oaxaca. Es el clamor popular.

Hubo la voluntad política del gobernador Gabino Cue pero, ante la tramposa y corrupta actuación de la mayoría de sus altos funcionarios que torcieron todo acto de gobierno y administración pública, vale ponderar el hecho de que el economista Francisco Álvarez y su equipo que opera en el Instituto Estatal de Transparencia, hayan encauzado la aprobación de la ley.

Esto quiere decir que además de la decisión política hubo la voluntad de los servidores públicos que operaron estos temas. Fue lo que trajo como resultado estos buenos resultados. El trabajo se inició, me dicen, en la Secretaria de la Contraloría donde se diseñó una política pública en la materia llamada “Oaxtransparente”. El reconocimiento de la consultora A-regional se suma a otras buenas practicas que a nivel nacional se le reconocen a Oaxaca que ahora es quinto lugar nacional en transparencia presupuestaria. El camino para hacer transitar al gobierno por los rumbos de la transparencia está pavimentado, veremos si en el próximo gobierno deciden caminarlo.