EL ECONOMISTA

Enrique Campos Suárez

Tenía tiempo que no se veía a las organizaciones del sector empresarial alzando la voz ante el gobierno federal.

 

De hecho, las agrupaciones de la llamada cúpula empresarial habían encontrado en estos tiempos del priismo de Enrique Peña Nieto un lugar que claramente habían perdido durante los gobiernos panistas, marcadamente durante los tiempos de Felipe Calderón.

 

El sexenio pasado las agrupaciones empresariales no se tomaban tanto la foto con el presidente y en estos últimos años habían acompañado al gobierno federal en sus más importantes cambios estructurales, con excepción, claro está, de la llamada reforma fiscal.

 

Pero, como sea, una muestra de esa buena relación es que Gerardo Gutiérrez Candiani se bajó del caballo de la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial para convertirse de inmediato en funcionario público.

 

Hoy la tolerancia del gobierno federal a la comisión de delitos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y otros grupos con membretes similares ha provocado una división entre la autoridad federal, estos grupos empresariales y, de hecho, otros sectores sociales.

 

El ya basta de las organizaciones empresariales tiene razones de fondo que, de acuerdo con los cálculos de estas cámaras y confederaciones, podría alcanzar pérdidas de más de 7,000 millones de pesos.

 

No hay un solo habitante de la Ciudad de México que no haya sufrido en carne propia los estragos de la tolerancia ante estos grupos rupturistas. Desde un simple retraso de 10 minutos por el tráfico hasta los negocios que quebraron frente al Monumento a la Revolución.

 

Levantar la voz, hacerse notar, sumar ciudadanos a la exigencia de que el gobierno de Peña Nieto cumpla con su obligación de hacer cumplir las leyes es por ahora lo más que pueden hacer.

 

La demanda de amparo presentada por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en contra del gobierno federal por los actos y omisiones ante las violaciones flagrantes de la CNTE le pega directo a Enrique Peña Nieto, pero también y fuerte a Miguel Ángel Osorio Chong en sus dos papeles: como secretario de Gobernación y como aspirante a la Presidencia.

 

Ésa es una medida política-judicial bien pensada del sindicato patronal. Pero lo que propone la Confederación de Cámaras de Comercio (Concanaco) es diferente.

 

Amenazar con dejar de pagar los impuestos a través de presentar declaraciones en ceros, como dijeron, es una práctica que no dejará pasar el Servicio de Administración Tributaria.

 

Si declaran menos impuestos de los causados, si encuentran en el no pago de impuestos una vía de manifestación, se van a equivocar. Al final les requerirán el pago con todo y multas y recargos.

 

Es altamente injusto que en las áreas de procuración de justicia y gobernabilidad no haya una actuación apegada a la ley, que haya políticos más preocupados por su imagen que por la aplicación de las leyes.

 

Pero en el terreno fiscal, si algo tiene el gobierno federal, es un muy afinado equipo dedicado a su trabajo y no a conseguir fama para asegurar un futuro político.

 

Que a nadie le quede duda de que en este país es mucho más fácil tomar un puerto, una carretera, un centro comercial por parte de grupos violentos que dejar de pagar un peso al fisco.