Después de meses de bloqueos de carreteras, vías férreas, centros comerciales, aeropuertos, puertos, secuestros de camiones, tráileres, robo de mercancías y combustible, de incendiar desde edificios públicos hasta tiendas, pasando por transportes y urnas electorales, luego de un costo económico para los sectores productivos de, por los menos, 10 mil millones de pesos, sólo en los últimos 85 días, los empresarios de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Chiapas y algunos de la Ciudad de México se atrevieron a protestar por los daños sufridos por las acciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, de presentar una demanda en los juzgados para que se les garantice su derecho al trabajo y al libre tránsito, y parte del mundo político en lugar de tener la sensibilidad para respaldar una demanda a todas luces legítima, decidió rasgarse las vestiduras para frenar las “presiones empresariales”.

 

 

 

Nunca pudimos observar, en los 85 días que lleva la actual movilización de la Coordinadora, una reacción tan terminante ni del gobierno, del PRI o del PRD, como ante la queja de empresarios que están perdiendo su patrimonio como consecuencia de esas movilizaciones. Nunca el PRI y el PRD, tampoco el gobierno, decidieron, en forma unánime, exigirle un alto a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación como ahora se lo exigen a los empresarios, insistiendo todos en que no se puede combatir la ilegalidad con ilegalidad.

 

El problema es que, por una parte, los empresarios no están proponiendo nada ilegal: están ejerciendo un legítimo derecho a presentar ante tribunales una demanda para que se respeten sus fuentes de trabajo y la libre circulación de personas y mercancías. No es verdad, en realidad es un invento, decir que los empresarios están llamando a no pagar impuestos: lo que han dicho es que aquellos que se han visto aquejados de estos daños podrían declarar en ceros, y otros han insistido en que se les debería descontar de sus pagos fiscales los daños que han sufrido por estas acciones, perjuicios que, definitivamente, no son menores.

 

Estamos hablando de pérdidas, las que se han podido cuantificar, de diez mil millones de pesos y que incluyen empresas del sector de los lácteos, el cemento, la manufactura eléctrica, las bebidas carbonatadas, el maíz industrializado, las conservas alimenticias, la automotriz, la naviera, de la transformación, vivienda, electrónica, tecnologías de la información y del papel, entre otras.

 

Los empresarios, grandes y pequeños y sus trabajadores, tienen todo el derecho del mundo a exigir que se les permita trabajar, hacer producir a sus negocios y empresas y poder transitar libremente. Nunca dijeron que dejarían de pagar impuestos, lo que sería un error, pero más allá de eso, resulta una muestra de insensibilidad política, lanzar contra ellos una ofensiva política cuando están recurriendo a una vía judicial y cuando con quienes desde hace meses vienen violando la ley cotidianamente y apelando una y otra vez a la violencia, se los sienta a negociar y se les otorgan concesiones. Se termina privilegiando a una minoría que viola la ley y se amedrenta a una mayoría que sufre las consecuencias de esos abusos.

 

Tiene razón el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, cuando dice que en las dos últimas semanas ha habido avances en algunos temas con la CNTE, quizás el más importante el levantamiento del bloqueo de las vías del tren que conectan con el puerto de Lázaro Cárdenas. Pero los bloqueos y los actos de intimidación y violencia continúan, mientras la Coordinadora amenazó el miércoles con no permitir el inicio de clases en sus estados, y bloquear aeropuertos, pasos fronterizos, vías férreas e instalaciones de Pemex, sino se abroga la Reforma Educativa.

 

Los actores políticos que tanto han criticado las presiones empresariales deben tener la sensibilidad para comprender que nadie puede sentirse esperanzado de que haya resultados rápidos. Porque además, por encima de todo, sobrevuela el fantasma de que, por lo menos, en esos cuatro estados del país la reforma se convierta, como quiere la CNTE, en letra muerta.

 

Es verdad, no se puede combatir la ilegalidad con la ilegalidad, pero sí se puede combatir la ilegalidad recurriendo a la justicia y tratando de evitar la impunidad.

 

OTRO ALCALDE, ACAPULCO

 

El presidente municipal de Acapulco, Evodio Velázquez, está en problemas graves. Fue detenido Joaquín Alonso, uno de los principales operadores del cártel de los Beltrán. Su sobrino,

Alfredo Alonso, cercanísimo al alcalde, es quien maneja la policía municipal y el área recursos humanos del Ayuntamiento. Evodio se apresuró a pedir una reunión con Gobernación y a “explicar” que los delitos comunes “han disminuido” en Acapulco y que el problema son los delitos federales, que debe combatir la Federación. Ha habido tanta molestia, que la Secretaría de la Defensa ha informado a Gobernación, que podría dejar las tareas de seguridad en Acapulco. Sobre advertencia no hay engaño.

 

Excelsior / Rozones: Jorge Fernández Menéndez