Seguimos sin conocer qué rumbo está tomando la negociación entre la CNTE y el gobierno federal. A mes y medio de iniciadas las reuniones de trabajo, lo que tenemos es una promesa difusa de que pronto habrá una solución al conflicto. En cambio, las protestas del magisterio disidente se siguen expresando en bloqueos a calles, carreteras y aeropuertos sobre todo en Chiapas, Oaxaca y la Ciudad de México y nuevos actores se han sumado a la confrontación por la falta de respuesta gubernamental.

 

Un juez ya admitió el amparo promovido por empresarios por las afectaciones que han sufrido sus actividades comerciales y aunque la amenaza de Coparmex de no pagar impuestos, con declaraciones fiscales en ceros, fue retirada, el reclamo sigue vivo y el gobierno tiene cada vez más frentes abiertos en su contra. Esto mina su credibilidad que es indispensable para fortalecerlo en las mesas de negociación.

 

No es que el gobierno esté paralizado; en días pasados presentó un nuevo modelo educativo para nutrir el debate sobre la reforma y lanzó programas para rescatar a los municipios más afectados por las movilizaciones y los actos vandálicos de la CNTE. Sin embargo, la falta de información sobre las mesas de negociación ha empezado a ser contraproducente para el gobierno y en los medios ya se menciona que la Coordinadora ha avanzado en la consecución de sus demandas de reinstalación de los maestros cesados por no someterse a la evaluación, de liberalización de sus cuentas y de excarcelación de sus líderes, además de que se someterá a revisión la reforma educativa que, en principio, era un asunto irreductible para el gobierno.

 

Los procesos de negociación requieren, sin duda, de espacios de reserva para evitar interferencias de intereses ajenos y para dar margen de maniobra a los interlocutores para el intercambio de propuestas. Sin un espacio de discusión privada, puede fracasar la negociación. Empero, en este caso, no podemos imaginar un acuerdo entre las partes que no involucre la erogación de recursos públicos, porque así han funcionado las negociaciones con el magisterio en el pasado. Los recursos en dinero o en especie han sido la herramienta por excelencia en estos procesos extraordinarios, abarcando apertura de nuevas plazas, prestaciones adicionales, reposición de salarios, etc.

 

Aunque el foco de la confrontación es la reforma educativa, el dinero y las prebendas seguramente están siendo elementos de mediación y la publicitación de tales recursos es una obligación elemental de transparencia, es decir, deben ser datos que conozcamos todos. El tema es cuándo deben difundirse.

 

La transparencia de los términos de la negociación ayudaría a evitar filtraciones interesadas y a comprometer a las partes y estoy convencida de que la gravedad del problema amerita considerar el asunto. El gobierno requiere mantener en sigilo espacios de decisión para solucionar el conflicto y no exponerse a críticas adicionales por modificar propuestas al calor de la interlocución, pero la CNTE se siente muy cómoda con la opacidad en las negociaciones porque ello le permite mantener el sartén por el mango, filtrando información a su antojo, sin necesidad de documentar sus afirmaciones, o sea, sin responsabilidad alguna.

 

No se trata de abrir las mesas de negociación a la prensa, porque ello las convertiría en espectáculos al servicio de la arbitrariedad estridente de la que ha hecho gala la CNTE. Me refiero a establecer mecanismos de transparencia para que se conozcan las diferentes etapas del proceso y los diversos temas abordados y acordados. Hacerlo permitiría ubicar la responsabilidad concreta de cada una de las partes, afianzar los compromisos definidos y, por cierto, tomar en consideración a los ciudadanos que son los más afectados por el conflicto y los que carecen de instrumentos de chantaje.

 

El UNIVERSAL / Jacqueline Peschar

Académica de la UNAM.

peschardjacqueline@gmail.com