· Envía iniciativa para adicionar un tercer párrafo al artículo

 

1 de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Oaxaca

 

 

 

Para el diputado del grupo parlamentario del PRI en la LXII Legislatura estatal, Gustavo Díaz Sánchez, es necesario y urgente fortalecer en Oaxaca el marco jurídico en materia de cambio climático, porque gozar de un medio ambiente saludable, es un derecho humano fundamental.

 

Por esta razón, el legislador oaxaqueño envió una iniciativa por la que se adiciona un tercer párrafo al artículo 1 de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Oaxaca, en materia de remisión a otros ordenamientos e instrumentos compatibles, tanto nacionales e internacionales en la materia como de derechos humanos, firmados y ratificados por el Estado Mexicano en concordancia con el marco constitucional federal y local.

 

En la exposición de motivos, Díaz Sánchez señala que las acciones con las que se provoca el calentamiento global, deben de ser controladas también desde el enfoque de protección y respeto a los derechos fundamentales.

 

Afirma que toda acción que provoque daños irremediables a nuestro ecosistema, deben ser sumamente controladas y castigadas, por ello el Estado tiene la obligación de reconocer, velar, respetar y garantizar el cumplimiento de la Ley en Protección Ambiental.

 

Detalla que de esta manera, se hace patente la corresponsabilidad entre el cambio climático y la prevalecía de los derechos fundamentales que tiene el ser humano, tomando en cuenta que los riesgos del cambio climático aumentan con efectos irreversibles y ponen en peligro progresivamente a la naturaleza y a la propia humanidad.

 

Por esta razón, se platea que los daños a la naturaleza, los cuales provocan cambios climáticos, deben considerarse como un atentado contera los derechos humanos, ya que el destruir a la naturaleza, se atenta destruir a la humanidad.

 

Con ello, no solo se fortalece la estructura jurídica de la materia climática, sino también se da debida concordancia de la ley de mérito con la Reforma Constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011.