Una de las lecciones más trascendentes y trascendentales del paro empresarial, realizado por diversos sectores productivos es, a querer o no, su contribución a construir más ciudadanía.

 

 

 

A pesar que no fue unánime y de su obvia descalificación por la Sección XXII de la CNTE y sus organizaciones sociales radicales que le apoyan, el paro fue un gran éxito rotundo.

Y lo fue por la simple y sencilla razón que se trata de un ejercicio democrático ciudadano, inédito y sin precedente reciente, altamente positivo, que marca un obligado parteaguas.

Además de salir a protestar pacíficamente en pleno ejercicio de sus derechos consagrados, por primera vez, miles de ciudadanos oaxaqueños decidieron cerrar sus negocios para exigir paz.

Ello ocurrió, después de 36 largos años que dura ya el prefabricado conflicto magisterial. Los empresarios oaxaqueños tardaron más de tres décadas en decidirse a defender sus derechos.

No importa, más vale tarde que nunca. Las repercusiones inmediatas son positivas. El transporte urbano podría parar si el gobierno del estado y federal no solucionan el problema magisterial.

Erasmo Medina Ángeles, presidente del Consejo de Administración de Transportes Urbanos y Suburbanos Guelatao exigió que se respete el Estado de Derecho y garantice el libre tránsito.

Cuatro líneas del transporte están unidas para tomar acciones que los puede llevar a un paro indefinido. No pueden seguir siendo “rehén de un grupo que ha hecho mucho daño a Oaxaca”.

Asimismo, el presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) se reunió ayer con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

Gustavo de Hoyos demandó, entre otras peticiones del sector empresarial nacional, desarrollar programas de reactivación económica, que no significan dádivas ni tratamientos ilegales.

Dichos programas podrían incluir plazos extendidos de financiamiento para la reactivación y financiamiento de la banca de desarrollo. “No se trata ni de regalos ni de tratamientos ilegales”.

Para el líder patronal es necesario usar la fuerza pública en casos extremos en los estados más afectados por la CNTE, aunque el diálogo debe mantenerse con los grupos inconformes.

Afirmó que como sector, pugnan por la legalidad, “no somos enemigos del Gobierno, ni de quienes encabezan las instituciones que integran el Estado Mexicano, pero tampoco seremos cómplices de la impunidad que suscitan sus omisiones, al permitir actos violentos que dañan a terceros, afectan la economía y menoscaban la educación”.

Aclaró que tampoco promueven la represión de los movimientos sociales, cuando estos se conducen con irrestricto apego a la Ley. El líder empresarial reiteró que como organismo de la sociedad civil continuarán encabezando acciones legales, y actitudes civiles responsables.

No falta razón al dirigente estatal de la Federación de Obreros Campesinas Obreras y Populares de Oaxaca (FOCOPO), Leonel Rojas Medina, al exigir al Gobierno de la República, “piso parejo” para los empresarios y comerciantes oaxaqueños en las negociaciones con la Secretaría de Gobernación, al igual que con el magisterio disidente de la Sección 22 de la CNTE.

Uno de los mayores problemas de México como país democrático es no tener, pueblo y gobierno, plena conciencia sobre la imperiosa necesidad de coadyuvar a construir ciudadanos.

Aunque no resulte fácil de entender, la categoría de ciudadano se construye de manera cotidiana fundamentalmente desde el hogar, la escuela, el centro de trabajo y la sociedad en general.

Contar con ciudadanía consciente, participativa y responsable, define al final la calidad de la democracia en los diversos países. Éste es un nudo gordiano que no hemos logrado romper.

La inexistencia de ciudadanía consciente, participativa y responsable, ha impedido pasar en México de la simple democracia representativa a la democracia participativa y deliberativa.

Prueba de ello, la transición a la democracia abortó en la simple alternancia presidencial por dos ocasiones sin lograr consolidar la normalidad democrática y sin modernizar al Estado mexicano.

Esta carencia democrática explica con toda claridad porque grupos de presión y chantaje político como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación tienen gran éxito.

En tales condiciones, es prácticamente imposible lograr que el gobierno federal y estatal respete y haga respetar el Estado de Derecho y las leyes que de éste emanan y garantizar la paz social.

La falta de participación ciudadana para exigir respeto a sus derechos fundamentales en materia de seguridad y legalidad es la mayor garantía de la corrupción e impunidad en nuestro país.

Además, a sus activistas y milicianos, públicos y clandestinos, manipulados por el fanatismo fundamentalista marxista-leninista, les une la complicidad en busca del poder y del dinero fácil.

Siempre será más fácil destruir que construir y más cuando se nutre con el odio de la lucha de clases contra todos los demás, a quienes se acusa de burgueses capitalistas enemigos del pueblo.

La CNTE ha tenido a su favor, asimismo, las complicidades de diversos grupos en los gobiernos en turno a nivel federal y estatal al ser utilizada como ariete contra sus enemigos políticos.

Si queremos que las cosas sean diferentes en Oaxaca y en México todo, y se respete el Estado de Derecho y la Ley, tenemos que construir ciudadanos para ser y actuar de manera diferente.

Los propios empresarios son los primeros y más obligados a cambiar de actitud valorando que la mayor riqueza son sus trabajadores, a fin de desmentir que son sus enemigos de clase.

Hay actitudes muy condenables como la de algunos conductores del servicio de transporte urbano y taxistas que aprovecharon para aumentar el costo del pasaje en la capital oaxaqueña.

El costo del pasaje urbano, fue hasta de 10 pesos, a pesar que el precio autorizado es de siete pesos y los taxistas foráneos cobraron hasta 20 pesos por parada mínima y los de sitio 80 pesos.

Esa nefasta actitud de agandalle aprovechando la extrema necesidad lesiona gravemente a los que menos tienen y que hoy sufren la peor crisis económica que hunde a la capital de Oaxaca.

 

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