En el Proyecto del Presupuesto de Egresos 2017 se plantea un recorte de casi mil millones de pesos al subsidio en seguridad para estados; también se le quitan recursos al programa de prevención, y a las áreas de inteligencia y promoción de derechos humanos.

 

 

El Proyecto del Presupuesto de Egresos para el 2017 plantea recortes hasta del 100% en acciones y programas relacionados con seguridad y justicia en el país.

 

Partidas económicas como la de la Comisión para la Seguridad y Desarrollo en Michoacán, la del Programa de Prevención Nacional del Delito y la del nuevo sistema de justicia penal fueron eliminadas.

Además, el subsidio que reciben los estados para combatir la delincuencia sufrirá un recorte de casi mil millones de pesos.

 

 

Esto pese a que los homicidios registran un incremento sostenido desde el año pasado; a que la violencia en Michoacán ha llevado al derrumbe de helicópteros de la policía y el cierre de inversiones, y a que el nuevo sistema penal no está consolidado.

 

Las reducciones presupuestales alcanzan incluso a los órganos de generación de información e inteligencia del país. La base de datos nacional Plataforma México sufrirá la pérdida de más de la mitad de su presupuesto, mientras que la inversión en Seguridad Nacional e Inteligencia sumará un nuevo recorte, que sumado al de este año significa una pérdida del 65% de los recursos.

 

Otra instancia como la Fiscalía para la Búsqueda de Personas Desaparecidas tendrá menos recursos de los recibidos cuando apenas era solo una Unidad Especial.

 

Animal Político revisó los recursos destinados a la Secretaría de Gobernación y a la Procuraduría General de la República en el Proyecto de Egresos de la Federación 2017, y detectó al menos 16 programas específicos e instancias con recortes presupuestales. Más de la mitad de estas ya arrastraba recortes desde el año pasado.

 

El castigo al presupuesto también alcanza al tema de derechos humanos. La secretaría de Gobernación tendrá una reducción superior a los 250 millones de pesos destinados a sus áreas de promoción de los derechos humanos y combate a la discriminación.

 

Los recortes llegan en un contexto donde el alza de la violencia ya fue reconocida por el gobierno. Los homicidios cerraron 2015 con un incremento del siete por ciento, mientras que en 2016 el repunte en los asesinaos ya supera el 17 por ciento y se ha generalizado a dos de cada tres estados del país, según datos oficiales.

 

A esto se suman retos como la implementación de un nuevo sistema de justicia penal que por obligación constitucional arrancó en todo el país el pasado 18 de junio, pero que requiere de un proceso de consolidación que, según la estimación oficial, tomará seis años más.

 

La profesionalización de las corporaciones policiacas es el otro gran pendiente. La reforma del Mando Mixto (luego de que se desechara la propuesta de Mando Único) no se ha concretado y la capacitación en el nuevo sistema penal está inconclusa según el análisis de los expertos. Además persisten señalamientos de violaciones a derechos humanos, como el que involucra a la Policía Federal en el caso Tanhuato.

 

Los mayores recortes

 

En 2014 se creó la Comisión para la Seguridad y desarrollo de Michoacán con Alfredo Castillo como titular. El objetivo era reestablecer las condiciones de seguridad en la entidad, tras el deterioro por la presencia de grupos del crimen organizado que derivaron en el surgimiento de movimientos de autodefensa armados.

 

Para 2017, dicha comisión no aparece con recursos asignados. Esa instancia ya había visto reducido significativamente su presupuesto en los últimos dos años. Pasó de contar con 155 millones de pesos en 2015 a apenas 20 millones de pesos en 2016, una reducción del 87 por ciento de los recursos, y que para 2017 será un recorte ya de cien por ciento.

 

En 2016, la violencia en Michoacán ha repuntado. Datos oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública arrojan que entre enero y julio de este año 771 personas fueron asesinadas en el estado, un crecimiento superior al 50 por ciento en comparación con 2015. Michoacán es la quinta entidad del país con la mayor alza de los homicidios dolosos.

 

Apenas la semana pasada un helicóptero de la policía estatal terminó estrellándose cuando intentaba escapar de un ataque de grupos delictivos en el estado. Cuatro policías fallecieron. Ayer se publicó que la automotriz General Motors decidió cancelar una inversión millonaria por la espiral de violencia en el estado.

 

El gobernador del estado reconoció que enfrentan un repunte de la violencia impulsada en parte por la colusión de funcionarios con criminales.

 

Otro recorte del 100 por ciento fue el del subsidio para el funcionamiento del sistema penal. Para este año se habían destinado 713 millones de pesos que se repartían entre los estados con el objetivo de ayudarlos en el funcionamiento del sistema. Pero para 2017 ésta partida ha sido eliminada.

 

Expertos que colaboraron con el arranque en el sistema, ya habían alertado hace unas semanas del peligro que existía en materia de recursos para el funcionamiento y supervisión del sistema. Esto porque aun cuando el sistema arrancó en todas las entidades se necesitan recursos para consolidarlo, pues hay carencias en capacitación, infraestructura, evaluación, entre otros.

 

Golpe a inteligencia y prevención

 

Plataforma México, la base de datos nacional contra el crimen, y que es un mecanismo clave para la generación de acciones de inteligencia y prevención, sufrirá un recorte de más del 65 por ciento de su presupuesto. Pasará de más de un millón 102 mil pesos con los que contó a este año a apenas 386 mil pesos en 2017, menos de la mitad de sus recursos.

 

El recorte es aún más significativo si se toma en cuenta que en 2016 los recursos de Plataforma México ya habían sufrido un recorte del 20 por ciento.

 

El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), instancia responsable de la generación e inteligencia en asuntos que pongan en riesgo la seguridad nacional, tendrá en 2017 un presupuesto de dos millones 823 mil pesos, 14 por ciento menos respecto a los tres millones 273 mil pesos para 2016.

 

Esta reducción es mucho más significativa si se toma en cuenta que para este 2016 los recursos del CISEN ya habían sido recortados más de la mitad. En resumen, de 2015 a 2017 el presupuesto de inteligencia ha sufrido una reducción superior al 65 por ciento.

 

Otro golpe significativo se presenta en los subsidios de apoyo a la seguridad de los estados y prevención del delito. El subsidio para la Seguridad Pública de los estados disminuirá casi mil millones de pesos al pasar de los 5 mil 952 millones de este año a cinco mil millones cerrados en 2017.

 

Los apoyos a las entidades ya venían de un recorte de 2 mil 900 millones de pesos en 2016, luego de que se fusionaron dos fondos que existían hasta el año pasado.

 

En el proyecto de presupuesto de la Secretaría de Gobernación, tampoco aparece ya con recursos para 2017 el Programa Nacional de Prevención del Delito, luego de que este año si contó con más de dos mil millones de pesos.

 

Se mantienen los recursos para los operativos de y disuasión del delito que es el presupuesto que corresponde a la Policía Federal, aunque con una disminución. Pasan de 25 mil 65 millones este año a 23 mil 600 millones para 2016, una disminución de seis por ciento.

 

En este contexto el gobierno federal y los estados deberán trabajar una nueva estrategia conjunta para hacer frente al repunte de homicidios en el país. En la sesión del 30 de agosto del Consejo Nacional de Seguridad se anunció un plan específico para atacar los índices criminales en las 50 ciudades con mayor número de asesinatos, del cual hasta ahora se desconocen los detalles.

 

 

Fiscalías y Derechos Humanos también pierden

 

La investigación de algunos delitos especiales también se verá afectada por los recortes presupuestales de 2017.

 

Por ejemplo la Fiscalía Especializada en la Búsqueda de Personas Desaparecidas tiene proyectado un presupuesto de 26 millones de pesos en 2017, casi dos millones de pesos menos que este año, aun cuando hace unos meses pasó de ser una unidad especial a una fiscalía, es decir, creció en tamaño y alcances.

 

Un recorte aun mayor es el de la Fiscalía para Indagar los Delitos contra la Libertad de Expresión, es decir, los casos de agresiones a periodistas y activistas. Mientras que este año dicha fiscalía trabaja con un presupuesto de 26 millones, para 2017 tendrá 18 millones 433 mil pesos, una disminución del 29 por ciento.

 

La Fiscalía Especializada para investigar Delitos contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) también tendrá un recorte de 71 millones 608 mil pesos en 2016 a 68 millones 74 mil pesos, cinco por ciento menos. La Unidad de Investigación de Delitos cometidos por Servidores públicos sufrirá una baja de uno por ciento de sus recursos.

 

Incluso la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), que agrupa a seis unidades de investigación especial, tendrá un recorte de más de 60 millones de pesos para 2017, que equivalen al 10 por ciento de sus recursos.

 

Por otro lado, el presupuesto de la Secretaría de Gobernación para la promoción de los derechos humanos y combate a la discriminación se reducirá a 470 millones 753 mil pesos en 2017. Es un castigo del 37 por ciento al presupuesto de esa área.

 

Apenas el pasado 19 de agosto, la CNDH emitió una recomendación a la Policía Federal por violaciones graves a derechos humanos cometidas en el operativo del 22 de mayo de 2015 en Tanhuato, que dejó 22 personas muertas. Este y otros casos provocaron la destitución del comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo. Aun con esos hechos, los recortes al fortalecimiento de los derechos humanos y la disminución de los delitos verán un recorte considerable para 2017.

Animal Político