Gustavo Castillo García

La Jornada

Ciudad de México. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) conocerá del caso denominado como “Mariana Selvas Gómez y otras”, todas ellas mujeres mexicanas y extranjeras que fueron objeto de violencia sexual por parte de policías los días 2 y 3 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, Estado de México.

 

 

Las autoridades mexicanas dieron a conocer la determinación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de enviar el expediente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El gobierno mexicano señaló que fueron las autoridades quienes solicitaron que el caso fuera enviado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos “ante la posibilidad de que la Comisión determinara no considerar el cúmulo de acciones en materia de atención y reparación al caso”.

A través de un comunicado de prensa, el gobierno mexicano señaló que “hizo un llamado a la CIDH para que remitiera el asunto a la consideración de la Corte, a fin de que sea el órgano judicial el que considere la idoneidad de las medidas de reparación, a la luz de estándares interamericanos”.

En ese contexto, el gobierno de México dijo que “desde marzo de 2013, el Estado mexicano reconoció su responsabilidad en este caso, y en su momento notificó oficialmente a la CIDH de esta decisión. Acorde con ello, el Estado ha realizado y continúa realizando todos los esfuerzos a su alcance para impulsar la investigación del caso, sancionar a los responsables, y adoptar medidas de reparación y otras medidas para evitar la repetición de hechos similares.

“Como resultado de estos esfuerzos, a la fecha, hay más de 30 personas detenidas y sujetas a proceso penal por este caso. Se subraya que las investigaciones penales correspondientes de parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México han tomado debida consideración de las conclusiones a las que en su momento arribó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en febrero de 2009.

“Además de ello, el Estado creó un fondo especial de atención para las víctimas y sus familiares, que comprende medidas de compensación económica, rehabilitación, apoyos educativos, atención integral a la salud médica y psicológica, y la entrega de viviendas.

“Por otra parte, el Estado mexicano ha tomado diversas medidas de carácter estructural para reparar el daño y evitar la repetición de hechos similares, tales como la adecuación de la legislación local y nacional en materia de violencia contra las mujeres y seguridad pública; el establecimiento de protocolos de actuación ministerial con perspectiva de género; y la construcción de centros de justicia para mujeres a nivel local, así como el establecimiento de sistemas municipales para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres”.

Las autoridades mexicanas señalaron que “ha mantenido un diálogo directo con las víctimas y sus representantes, para acordar nuevas acciones para cumplir con todas las recomendaciones dictadas por la CIDH. Sin perjuicio de los procedimientos ante la Corte Interamericana, el gobierno de México continuará fomentando este diálogo, a fin de alcanzar una reparación integral del daño”.

Asimismo, el gobierno de México manifestó manifestó “su total disposición a dar seguimiento al caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un foro compuesto por juristas latinoamericanos de elevado prestigio y calidad profesional, que con toda certeza analizará con objetividad y estricto apego a criterios jurídicos todos los elementos que conforman este caso”.