Si estamos de acuerdo que la política son los planes generales y la administración pública son los medios específicos, cabe reconocer de la enorme importancia del aparato público. En este sentido, la administración pública es el gobierno en acción, es el gobierno actuando. Si somos más específicos, se puede decir que la administración pública es la ejecución sistemática y detallada de la ley pública, tal como la definiera el expresidente de los Estados Unidos de América, Woodrow Wilson.
Las leyes que organizan a la sociedad y determinan los  derechos de la población y de los ciudadanos, la administración pública las hace posible, las hace tangibles y concretas. Por ejemplo, la ley de salud, la administración pública la hace concreta para que tal o cual ciudadano reciban los servicios médicos que ofrece el Estado.
Si la administración pública no está bien organizada, que sus funcionarios y personal no está bien preparados  y capacitados, así como no tienen el perfil adecuado para cada puesto y no son honrados y honestos, seguramente, la población no tendrá los servicios que ofrece el gobierno de manera adecuada y eficiente.
La administración pública tiene que ser legal, es decir que su actuación se apegue a las leyes; tiene que ser legítima, que su actuación tenga el consentimiento de los ciudadanos; que sea enérgica, que en su actuación debe de romper con todos los obstáculos  que se interpongan para lograr el bien común; que sea pronta, la administración pública tiene que estar muy atenta para servir con prontitud a la población; que sea permanente, no puede tener un minuto de reposo, así lo exigen las demandas ciudadanas; que sea eficiente, que alcance sus objetivos y metas con la utilización mínima de los recursos públicos; que goce de buen nombre, que no sea corrupta e inmoral en su actuación; que sus cosas públicas sean precisamente públicas, que sea transparente, diáfana, que rinda cuentas; en fin, que sea responsable ante las representaciones del pueblo, incluso ante el pueblo mismo.
Claro está que estos requerimientos no siempre se alcanzan, regularmente a la administración pública se le acusa de burocratizada, que su apego a normas y procedimientos la hace lenta,  repetitiva y monótona, que está siempre a la saga de las demandas sociales; que es corrupta, los funcionarios no pueden desligarse de sus intereses particulares afectando  los intereses públicos,  los intereses de la gente; por la competencia electoral, el partido que gana las elecciones monopoliza los cargos públicos con sus partidarios, regularmente incopetentes para la función pública encomendada; es patrimonialista y prebendaria, porque los funcionarios se creen dueños y señores de los recursos públicos asignados; forma oligarquías administrativas que monopolizan los recursos públicos a favor de su gremio, tales como los médicos, los ingenieros, los contadores; la administración pública se supedita a gobernantes incapaces, flojos, incoherentes, irracionales, en suma, analfabetos en el arte de gobernar, que ocasionan el mayor de los males a la administración pública.
La clave de una administración pública eficiente lo será al estar supeditada al diseño de excelentes políticas públicas por  gobernantes inteligentes; contar con principios y normas de actuación adecuadas a la sociedad y gobierno que se pretende servir; contar con un cuerpo de funcionarios competentes, capaces y con los perfiles adecuados para cada función y supeditarse constantemente a los juicios de las instituciones representativas y al pueblo, en lo general. Sólo de esta manera se puede lograr el engrandecimiento de las sociedades, de los gobiernos y de los Estados.
En una somera revisión de la administración del gobierno oaxaqueño de los últimos tiempos  y en especial del gobierno de la Alianza entre los partidos PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y PT, se puede concluir que la administración pública de Oaxaca adolece de muchos males, que en lugar de ser una institución para las mejores causas  del pueblo, es un problema, por tanto, limitante para el desarrollo de las sociedad y de las comunidades en nuestro Estado.
Nuestra administración pública es dependiente y subordinada a la administración pública federal, es un compañero incómodo, ineficiente y corrupto para con  los funcionarios federales, es mucho más peor el asunto si la administración federal tiene el sello de un partido diferente al nuestro. La administración pública del gobierno oaxaqueño al compararla con la administración pública federal que funciona en territorio oaxaqueño es de causar lástima y pena. Cuántas veces hemos sabido que se regresó dinero federal porque el gobierno del Estado no tuvo la contraparte. Nuestros  gobernantes, por esto, son gestores ante el gobierno federal  de los recursos para cumplir, medianamente con el pueblo, así, el desfile de gobernadores, de senadores, de diputados, de secretarios de Estado y de directores ante las instancias federales es un hecho de lo más cotidiano.
Sólo ponemos un ejemplo para ilustrar lo que sostenemos, los escasos millones  que dispuso este año del 2016 para sus funciones la Secretaría de Asuntos Indígenas en comparación con los más de quinientos millones de la delegación de la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, no tiene comparación. Nuestro pobre secretario es un bedel del delegado de la CDI.
La mejor alternativa de solución ante estos problemas, para poder potenciar los resultados entre las dependencias federales y estatales es hacer funcionar y otorgarle todo el poder administrativo, de planeación, de decisión, así como de diseño, implementación y ejecución de políticas públicas al Comité de Planeación del Estado. El llamado COPLADE tiene que ser el órgano rector de ejecución de toda la administración del Estado, es decir, tanto federales como estatales, desde luego, bajo la vigilancia escrupulosa del gobernador.
Esa fue la idea precisamente de la creación de los COPRODES y luego COPLADES. Este Comité deberá tener el más alto rango en la administración pública y deberá ser conducida por el gobernador y por un secretario ejecutivo. El gobierno de la Alianza desapareció  esta institución en el 2010, grave error desde luego, reapareciéndola en el 2013, después de dos años de caos administrativo. Con esto se demuestra la falta de voluntad del gobierno aliancista de hacer bien las cosas.
Lo mencionado aquí fue la idea original de la creación del Comité, incluso en su normatividad actual se señala esta función,  sin embargo, los gobernadores son celosos del poder que puede obtener el Comité, integrado, desde luego, con todos los funcionarios que trabajan en el Estado, los industriales, comerciantes, ciudadanos especializados y académicos. El Comité podría determinar la inutilidad de algunas dependencias, organismos y empresas del Estado, para así utilizar mejor los escasos recursos públicos. La administración estatal tendría políticas públicas específicas que contribuyan al desarrollo de los oaxaqueños y no ser compañeros incómodos.
Una administración pública estatal, eficiente, ágil, moderna, capaz, responsable, pronta, enérgica, transparente, es un requerimiento necesario por el bien de Oaxaca y no cargar con un aparato público que por doquier produce pus.