En un año de austeridad, con un presupuesto federal menor al de 2016, el gobierno, los poderes Legislativo y Judicial, los organismos autónomos y las empresas productivas del Estado seguirán gastando jugosas partidas en conceptos como gasolina, equipos de oficina, arrendamiento, sueldos y prestaciones de servidores públicos.

De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017 -que envió la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados-, las reducciones en algunos conceptos que conforman el gasto corriente quedaron desdibujadas ante los incrementos solicitados por el Congreso, el Poder Judicial, algunas paraestatales y órganos autónomos.

Según las proyecciones de gasto, el gobierno federal y el sector público alcanzarán el próximo año ahorros por más de 19 mil millones de pesos; no obstante, solicitaron incrementos por más de 28 mil millones.

Los datos indican que el esfuerzo por racionalizar el gasto se concentró en conceptos cada vez más fiscalizados; mientras que los incrementos se registraron en rubros menos vigilados.

Reducción del gasto… a medias

Para 2017, el Proyecto de Presupuesto de Egresos propone un recorte de 239 mil 700 millones de pesos, producto de la caída de la producción de Pemex y de los precios internacionales del petróleo.

Aunque esta reducción -que equivale a más de un punto porcentual del PIB- afectará el presupuesto en salud y la inversión, el gasto corriente del gobierno federal y del sector público seguirá creciendo en muchos de sus rubros.

Un análisis a 11 conceptos del gasto corriente -que representan más del 50 por ciento del total proyectado para el próximo año- indica que los recursos asignados al pago de sueldos y estímulos de servidores públicos, arrendamientos, equipos de oficina, combustible y viáticos, sumarán más de un billón 130 mil millones de pesos en 2017; es decir, 10 mil millones de pesos más que este año.

El gasto aumentará en rubros como gasolina, alimentos, mobiliario de oficina y arrendamiento, en tanto que las reducciones se contemplan en publicidad oficial, viáticos, papelería y materiales de impresión y servicios básicos.

Un ejemplo: el gasto en comunicación social y publicidad del gobierno federal y del sector público cayó de 3 mil 743 millones en 2016 a 3 mil millones en 2017; mientras que el gasto en gasolina, lubricantes y aditivos aumentó de 103 mil millones a 124 mil millones de pesos.

El gobierno federal y los organismos autónomos registrarán mayores ahorros, pues redujeron su gasto de operación en más de 16 mil millones de pesos.

En contraste, los poderes Legislativo y Judicial y las empresas productivas del Estado, como la Comisión Federal de Electricidad, verán incrementado sus costos de operación en más de 20 mil millones de pesos.

Ejecutivo

Aunque en general el gobierno federal registra ahorros en sus gastos operativos, entre sus diversas dependencias hay excepciones. Destaca el caso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, cuyo gasto corriente aumentó de 4 mil 700 millones de pesos en 2016, a 5 mil 353 millones en 2017.

El concepto de gasto corriente que más subirá en la Cancillería es el de servicios personales. Este año, la SRE tiene etiquetados 3 mil 970 millones de pesos para sueldos, prestaciones y estímulos de funcionarios públicos; para 2017, solicitó un presupuesto de 4 mil 747 millones.

La dependencia pidió este incremento a pesar de que no se le han conferido nuevas facultades que requieran la contratación de más personal.

La SRE también aumentó sus proyecciones de gasto en servicios de traslado y viáticos; es decir, boletos de avión y gastos de alimentación y transporte para servidores públicos que se encuentran de comisión. Los datos indican que este rubro aumenta de 178 millones en 2016 a 204 millones en 2017.

Legislativo

El Poder Legislativo tampoco se apretará el cinturón. Según el proyecto de Presupuesto, el Congreso prevé aumentar el costo de su burocracia y el gasto en combustibles, consultorías y asesorías, arrendamiento y publicidad oficial.

En servicios personales, la Cámara de Diputados aumenta sus proyecciones de gasto de 4 mil 618 millones a 4 mil 886 en 2017; el Senado de la República, de 2 mil 567 millones a 2 mil 919 millones, y la Auditoría Superior de la Federación, de mil 550 millones a mil 733 millones de pesos.

El Legislativo tampoco reducirá su gasto en agua, luz, electricidad o servicio de telefonía. Los requerimientos de la Cámara de Diputados para el rubro de servicios básicos creció de 104 millones a 107 millones, los de la ASF de 20 a casi 21 millones y los del Senado de 94 a 122 millones.

Las Cámaras y la Auditoría tampoco hicieron un esfuerzo por reducir sus gastos en alimentación. Para 2017, el presupuesto solicitado es de 92 millones de pesos, el mismo que en 2016.

Judicial

El Poder Judicial registra incrementos en siete de los 11 rubros analizados. Y los aumentos más importantes se ubican en el apartado de mobiliario y equipo de oficina, cuyo presupuesto aumentará de 431 millones de pesos, en 2016, a más de mil 779 millones en 2017.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación solicitó 114 millones de pesos para la compra de mobiliario y equipo de oficina; pero el Consejo de la Judicatura Federal pidió mil 612 millones de pesos para este rubro, cifra que implica multiplicar por cinco el presupuesto que ejerce este año, de 326 millones de pesos.

El Poder Judicial tampoco realizará ahorros importantes en conceptos como papelería y materiales de impresión. De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto, aunque la SCJN gastará tres millones de pesos menos en este rubro, el CJF aumentará su gasto de 430 millones a 672 millones de pesos.

Paraestatales

En las empresas productivas del Estado, los costos de operación crecerán de 301 mil millones a más de 318 mil millones de pesos. Y destacan las proyecciones de gasto de la Comisión Federal de Electricidad, que registra incrementos considerables.

Su presupuesto para combustible, lubricantes y aditivos aumentará de 97 mil millones de pesos a más de 129 mil millones.

En servicios básicos, su gasto crecerá de mil a mil 389 millones de pesos.

En materia de traslado y viáticos, la CFE solicitó un aumento de 586 a 752 millones; mientras que el presupuesto para servicios oficiales -asignaciones destinadas a cubrir gastos relacionados con actos y ceremonias oficiales- prevé un aumento de 164 millones a 293 millones.

Presupuesto desbalanceado

Para Mariana Campos, coordinadora de México Evalúa, el Proyecto de Presupuesto 2017 está ayudando a cocinar “una receta anticrecimiento”, pues plantea recortes en gastos de inversión, mantiene alzas importante en algunos gastos de operación y omite de nuevo mecanismos de control de deuda.

“Además de que los recursos podrían distribuirse mejor, tenemos el tema de que no nos estamos sometiendo a medidas de disciplina financiera que nos garanticen que el próximo año, en efecto, vamos a ir en una ruta de consolidación fiscal con un déficit decreciente”, señala.

Campos advierte que financiar gastos superfluos, a pesar de la caída de los ingresos, afectará el crecimiento económico.

“Si estamos financiando gasto superfluo, no estamos apostando al crecimiento económico como podríamos hacerlo, no estamos aportando al capital humano, en mejores servicios y le estamos restando calidad al gasto, lo que provoca que el efecto de éste en la economía sea menor”, indica.

La especialista advierte que, a juzgar por la forma en la que se ha aprobado el presupuesto en la historia reciente del país, tampoco se prevé una discusión exhaustiva del Proyecto en la Cámara de Diputados, que por ley deberá aprobarlo antes del 15 de noviembre.

El Congreso, advierte, no tiene la capacidad técnica para perfilar una discusión presupuestal a fondo.

“Ahorita (la discusión) queda limitada a tratar de negociar que el precio del petróleo suba un par de dólares, que de ahí surja más dinero y que su reasignación se dé en ciertos fondos, eso es lo que hemos visto en el pasado”, lamenta.

La coordinadora de México Evalúa advierte que a la deficiente asignación de muchos rubros de gasto y a la falta de una discusión técnica del presupuesto, se suma la facultad de los ejecutores de gasto para realizar reasignación durante el ejercicio presupuestal, lo que provoca que al final del año, los montos aprobados por la Cámara de Diputados disten del ejercicio real del gasto.

“El Congreso no tiene facultades técnicas, y a veces no tiene todas las facultades que debiera durante el ejercicio, para poder ser un contrapeso. Sí tiene la facultad de aprobar el presupuesto, pero durante el ejercicio hay facultades que permiten a los ejecutores de gasto cambiar lo aprobado de manera casi ilimitada”, explica.

Gasto fuera de control

Héctor Villarreal, director general del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, señala que las discrepancias entre el presupuesto etiquetado y el ejercido durante el año fiscal se deben a que el gasto está fuera de control.

El también profesor del Tecnológico de Monterrey reconoce que en las proyecciones presupuestales para el próximo año se observa el esfuerzo de algunas secretarías de Estado, organismos autónomos y entidades públicas por racionalizar su gasto, pero esto es insuficiente porque no es un ejercicio generalizado de todos los ejecutores de gasto.

A pesar de que la Secretaría de Hacienda se comprometió el año pasado a reestructurar el Presupuesto de Egresos desde cero -Luis Videgaray bautizó este ejercicio como “presupuesto base cero-, Héctor Villarreal advierte que esta reingeniería no se llevó a cabo.

“¿Por qué no se han podido lograr estos recortes? Sí se hizo un esfuerzo, el problema es que la reingeniería del gasto coincidió con un incremento tremendo en el gasto del gobierno en pensiones y con un aumento en participaciones y aportaciones”, señala.

Villarreal considera que la revisión del gasto es una medida que debe llevarse a cabo no sólo como una respuesta ante el entorno económico sino como el inicio de un verdadero ejercicio de reestructuración del presupuesto.

El especialista opina que esta tarea ya no debe postergarse, pues la caída de los ingresos públicos, la creciente deuda y los limitados intentos de los ejecutores de gasto por mejorar la calidad del gasto, reducen los recursos que el gobierno federal puede destinar a hacer política pública.

“¿Hay todavía espacio para racionalizar el gasto? Sí, y deben hacerlo; sin embargo, esa racionalización del gasto no va a arreglar el problema de las finanzas públicas del país. Si dicen: ‘me encontré 500 millones de pesos acá y mil millones de esto’, perfecto: para cualquiera de nosotros eso es mucho dinero, en términos de presupuesto, no”, sostiene.

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Por lo pronto, como cada año, en la Cámara de Diputados desfilan gobernadores, alcaldes, rectores, secretarios estatales, presidentes de órganos autónomos y hasta dirigentes de partidos políticos, para pedir más recursos al Congreso. Todos, alertando sobre los efectos nocivos del recorte previsto en sus respectivos sectores.

Frente a estas presiones, la madrugada del pasado jueves los diputados estiraron la cobija: la Comisión de Hacienda aprobó un dictamen de Ley de Ingresos para 2017 con 51 mil 300 millones de pesos más de lo estipulado por Hacienda.

La iniciativa del Ejecutivo preveía un ingreso de 4 billones 837 mil 512 millones de pesos, y el dictamen contempla 4 billones 888 mil 892 millones.

Para lograrlo, los legisladores ajustaron algunas previsiones, como la paridad peso-dólar y la producción petrolera.

 

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