¡Vaya que son misteriosos e impredecibles los caminos y el lenguaje de la política en general, de manera particular la política mexicana y mucho más, específicamente, la política oaxaqueña!
En forma por demás irónica y contradictoria, los grandes pillos entre los gobernadores más corruptos, son premiados por el presidente Enrique Peña Nieto y no refundidos en la cárcel.
Es el caso paradigmático del oaxaqueño Gabino Cué Monteagudo y del morelense Graco Ramírez Garrido Abreu erigidos en guías de los gobernadores, sin autoridad moral y política.
A pesar de sus pésimos gobiernos, ambos han sido premiados por el primer mandatario y sus homólogos estatales con la presidencia de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).
Con la indignación de quienes estamos hasta la madre de la corrupción, exigimos al Presidente Peña Nieto y a los gobernadores de la Conago: ¡No se hagan cómplices de Gabino y Graco!.
Éste es un reclamo crecientemente generalizado en el país, compartido por millones de mexicanos, especialmente oaxaqueños y morelenses, hundidos en el más inhumano círculo vicioso y perverso de la ignorancia y miseria.
Señor Presidente Enrique Peña Nieto y señores gobernadores integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) sería estúpido pecar de ingenuos y no entender que la impunidad que garantizan a Gabino y Graco, es resultado de sus complicidades.
Es entendible, no justificable, porque la columna vertebral del sistema político mexicano sigue siendo la corrupción, hoy por hoy sin límites, es decir, sin llenadera alguna, pero jamás olviden que la páginas más negras de la historia les condenarán.
Oaxaca no solo es el sexto estado con más deuda del país por el saqueo de más de 20 mil millones de pesos; también ocupa el segundo lugar en rezago educativo y el decimoprimero entre las entidades con los gobiernos más corruptos.
Entretanto, el no menos polémico gobernador de Morelos es acusado de las acusaciones que hizo del gobierno de Jorge Carrillo Olea por la complicidad en los secuestros y la protección a importantes narcotraficantes.
Al igual que la inmensa mayoría de activistas y milicianos izquierdosos, desde los 26 años de edad ha lucrado con la política al ser elegido diputado federal de 1979 a 1982 en la llamada Legislatura de la Reforma Política.
Marxista-leninista de dientes para afuera, pues pega con la izquierda y cobra con la derecha, es en realidad, un burgués renegado más; características que representan un denominador común con el gobernador oaxaqueño Gabino Cué.
En el periodo de 1985 a 1988, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu nuevamente fue Diputado Federal en la LII Legislatura. Llegó por tercera ocasión a la Cámara de Diputados en la LVI Legislatura, de 1994 a 1997.
Hipócrita y farsante como todos los rojetes, Graco realizó el primer plebiscito ciudadano para consultar a la gente si quería que siguiera en el cargo el gobernador Jorge Carrillo Olea, después de organizar y encabezar en los noventa, las marchas del silencio.
Durante la administración de Gabino Cué Monteagudo, la corrupción se dio en las secretarías de Desarrollo Social y Humano, Administración, Finanzas, Turismo y Desarrollo Económico, Infraestructuras y Ordenamiento Territorial Sustentable, Servicios de Salud de Oaxaca, entre otras.
Las Auditorías Superior de la Federación y del Estado de Oaxaca, así como la Secretaría de la Función Pública ha detectado multimillonarios desvíos de recursos y tráfico de influencias, venta de plazas sindicales y contratos fuera de la ley entre proveedores y empresas constructoras que no eran oaxaqueñas, entre otras acciones.
Entre la lista de servidores públicos corruptos en la Secretaría de Salud destacan Germán Tenorio Vasconcelos, extitular de la institución del 1 de diciembre de 2010 al 11 de junio de 2015; José Antonio Correa Argüello, asesor de la misma.
Otros involucrados son Mauricio Cruz y Raquel García, contadora pública, entre otros que no clarificaron ante las instancias el recurso destinado a la Secretaría y los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO).
Tenorio Vasconcelos y Correa Argüello fueron señalados de ‘lavar’ 8 millones de pesos al mes con recursos destinados a la llamada lista de raya, mediante la cual se contrata a personal emergente, según un reportaje de la agencia Quadratín, que dirige Lupita Thomas.
En 2014 un expediente es abierto en contra del extitular de la Secretaría de las Infraestructuras y el Reordenamiento Territorial, Netzahualcóyotl Salvatierra López, acusado de enriquecimiento ilícito y denunciado por constructores en la adjudicación de la obra.
Apenas el 2 de febrero de 2016, el gobernador informó en un comunicado que aceptaba la renuncia, presentada el 31 de enero, de tres de sus funcionarios de su gobierno: los titulares del Colegio de Bachilleres, Germán Espinosa Santibáñez, señalado por desfalco de 20 millones de pesos de Fundación Cobao.
También renunció al DIF Oaxaca, Fátima García León, quien durante el periodo en el que fungió como directora general del organismo actos de corrupción, saqueo, robo y deshonestidad; y de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, Alejandro López Jarquín, así como Alberto Vargas Varela, secretario de Administración de Gobierno de Oaxaca, acusado de enriquecimiento y corrupción.
El 8 de noviembre de este año, médicos y enfermeras pertenecientes a las secciones 35 y 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud (SNTSS) en paro tomaron varias dependencias estatales con el objetivo de hacer cumplir al gobierno con la entrega de, entre otra cosas, uniformes médicos, abasto de medicamentos y el pago de una deuda a terceros institucionales.
Todo  lo adeudado supera en conjunto la cifra de 790 millones de pesos, cifra de la que el líder de la Subsección 7, Carlos Bautista Pérez, culpa al jefe de finanzas de la Secretaría de Salud, Hugo Espinoza Morales, por dejar de pagar a terceros institucionales el recurso destinado a los trabajadores.
En una de las demandas presentadas al gobierno de Oaxaca se exige que se investiguen los desvíos de fondos por el exsecretario de Salud, Germán Tenorio Vasconcelos, el director del Seguro Popular, Rogelio Hernández, y el encargado del despacho, Héctor González Hernández, por las obras inconclusas y el desabasto de medicamentos.
Durante su campaña, el gobernador saliente Gabino Cué aseguró que habría castigo para todos aquellos que hayan cometido peculado o algún otro delito relacionado con recursos públicos; pero las promesas quedaron en sólo palabras, ya que sólo fue detenido Bulmaro Rito, quien poco después salió en libertad y no le fue comprobado ninguno de los delitos imputados.
Recientemente, la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno de Oaxaca confirmó 142 casos de inhabilitación durante la administración del gobernador Gabino Cué Monteagudo y 5, 629 funcionarios sancionados.
Por todo ello, el pueblo pobre de Oaxaca tiene que exigir al nuevo gobernador Alejandro Murat Hinojosa que respete y haga respetar la Ley y que en un acto de estricta justicia, no de venganza política, meta a la cárcel a Gabino Cué, y su pandilla de filibusteros, Jorge Castillo, Germán Tenorio, José Zorrilla, Netzahualcóyotl Salvatierra, y Alberto Vargas Varela.

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