REFORMA

Abel Barajas
Cd. de México. Además de permanecer seis años preso por tener el mismo nombre que un presunto asesino, Sebastián Merino Mejía fue extorsionado por la Sección 22 de la CNTE.
 

Preso entre 2010 y este año, al mixteco le cambiaron 8 veces de juez y pasó por 9 abogados, hasta que renunció a la defensa y redactó con su puño y letra el amparo que lo sacó de prisión.

El sistema judicial de Oaxaca no fue el único obstáculo. La víctima del homicidio era un profesor de la Coordinadora, misma que presionó con su activismo y luego trató de extorsionarlo.

O pagaba 129 mil pesos por tres testimonios de maestros que lo exculparían o estaría preso más años que Mandela, le dijeron. La oferta fue rechazada.

Sebastián rechazó la oferta de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. En la cárcel sólo vivía de tejer bolsas con hilo de hamaca.

Conforme a las constancias, los testigos de los hechos declararon que el verdadero implicado fue síndico municipal y policía estatal. Pero el hombre que estaba en la cárcel nunca desempeñó tales tareas.

El hijo de un sujeto con el mismo nombre además hizo el servicio social en el mismo juzgado donde se llevaba a cabo el proceso contra el acusado sustituto, asegura este último.

La suerte de Sebastián, sin embargo, la pudo haber sufrido más de uno, pues durante el tiempo en que estuvo en prisión descubrió que había otras 4 personas con el mismo nombre en el pueblo de San Pedro Jicayán, Oaxaca, de donde es originario.

“Sebastián es un verdadero héroe, él solo enfrentó todas estas dificultades y cuando nosotros entramos a defenderlo, él ya había presentado el amparo que lo ayudó a salir, sin ayuda de abogado”, dice Ricardo Zínser Cruz, a quien designó la Barra Mexicana de Abogados para atender en forma gratuita la etapa final del litigio.
Como extraditable

El 28 de agosto de 2009 fue asesinado en San Pedro Jicayán el profesor Artemio Norberto Camacho Sarabio, durante un enfrentamiento entre miembros de la Secciones 59 y 22 del magisterio oaxaqueño, ésta última en la que militaba la víctima.

El activista de la CNTE había muerto por la hemorragia de dos balazos, uno en el brazo derecho y otro en el abdomen. A partir de ese momento, la Sección 22 salió a protestar a las calles, hasta que un año más tarde la Procuraduría de Oaxaca creía tener a los presuntos culpables.

El 27 de septiembre de 2010 Sebastián Merino Mejía recibió en su oficina un citatorio de la Fiscalía de Azcapotzalco para que se presentara a declarar como testigo en una averiguación previa por el delito de fraude.

Sebastián era empleado de una empresa dedicada a la venta de las plumas electrónicas de los estacionamientos, en el sur de la Ciudad de México.

Al llegar al Ministerio Público fue detenido y llevado a la Fiscalía de Miguel Hidalgo, donde durmió dos noches. Allí lo enteraron de que existía una orden de aprehensión en Oaxaca y que debía esperar a que los policías estatales fueran por él.

Los agentes llegaron hasta el tercer día, trasladándolo al Penal de Santa María Ixcotel, donde rindió su declaración preparatoria hasta la mañana del 1 de octubre de 2010, 87 horas después de su captura, una de las varias ilegalidades en su asunto.

Fue hasta esa diligencia en que se enteró que lo acusaban del crimen del profesor. Había cuatro testigos, dos de ellos con idéntico testimonio, que decían que Sebastián Merino Mejía, Marcelino García, Pedro Merino y Benito Ortega portaban armas de grueso calibre durante el enfrentamiento y empezaron a disparar a la multitud.

Nadie dice quién disparó a la víctima. La única referencia al acusado eran sus antecedentes como síndico municipal de San Pedro Jicayán y policía estatal.

Algo estaba mal. El Sebastián que había sido aprehendido, en ese momento con 42 años de edad, nunca había sido síndico ni mucho menos agente policiaco. De hecho, desde los 17 años había emigrado a la capital del País y había vuelto en sólo 7 ocasiones a su pueblo.

“Pero es que yo desconozco de las imputaciones que me está haciendo”, dijo en su declaración preparatoria, desconcertado.

“Yo les dije ‘te puedo comprobar que el día de los hechos me encontraba en mi trabajo, que es de coordinador, y con mi patrón, lo puse a él para testigo, y aparte de eso te lo puedo comprobar con mi hoja del Seguro Social, con mis comprobantes de pago, domicilios particulares, te puedo demostrar que no soy yo la persona a la cual ustedes están buscando”.

Antes que Sebastián, había caído en prisión uno de los sospechosos a quien le reclasificaron el homicidio de calificado a simple, porque no había certeza de que hubiese pretendido asesinar a una persona en particular, al disparar a una multitud. Con Sebastián no hubo esa pertinencia, pese a que el material probatorio era el mismo.

Desde el momento en que le dictaron la formal prisión, litigaría como un extraditable. Su misión iba a ser demostrar que no era la persona que buscaba la justicia.
Chantaje de Sección 22

Por el 2004, aproximadamente, Sebastián hizo uno de los pocos viajes a su tierra. Visitó a uno de sus primos que lo había invitado a una fiesta de 15 años. Durante el convivio, escuchó su nombre en el sonido y se sintió reconfortado.

“Que pase Sebastián Merino Mejía a bailar con la quinceañera”, pidieron.

Antes de pararse de su lugar, el primo lo detuvo del brazo: “no, no eres tú” y le explicó que se trataba de otra persona.

El recuerdo le daba vueltas en la cabeza a Sebastián al momento de ingresar a la cárcel de Ixcotel y es sobre esa homonimia que le pidió trabajar a su defensa legal.

Con sorpresa, desde un principio se dio cuenta que había una persona con su nombre que había promovido dos demandas de amparo ante el juzgado cuarto de Distrito de Oaxaca, en contra de cualquier orden de aprehensión.

Los amparos se presentaron antes y después de su captura y la última había sido desechada porque el juez mixto de Pinotepa Nacional, responsable del proceso, respondió al juzgado de distrito que ya estaba detenido el acusado.

“El hijo de ese Sebastián Merino Mejía es abogado y él sí tenía acceso a ese caso, la secretaria del juez lo conocía, pero se hacía tonta. Allí ese chavo fue a dar su servicio social y su nombre viene en el amparo ejercido por su papá”, dice quien estuvo preso por error.

Su asunto parecía fácil de resolver, pero pronto su optimismo se iría desvaneciendo. Para empezar, las audiencias del proceso se sucederían en el juzgado de Pinotepa Nacional, mientras él estaba en el Penal de Ixcotel, a 331 kilómetros de distancia.

“Todas las audiencias que se llevaron a cabo a ninguna asistí, entonces, yo no sé lo que dijo mi testigo, no les pude preguntar nada”, cuenta.

El otro hándicap fueron sus abogados. Uno le dijo que en 15 días se iría libre, pero le confirmaron la formal prisión en apelación; otro, que era afiliado al PRD, le aseguró ser amigo del Gobernador y que eso bastaba para resolver un asunto tan “sencillo” como el suyo.

Uno más, a quien le dio ahorros de 40 mil pesos por adelantado, decidió revocarlo al darse cuenta que iban a cerrarle la instrucción del juicio sin que hubiese ofrecido pruebas.

Llegó otro que le cobraría 20 mil pesos por el amparo contra la apelación, pero lo corrió en el momento en que le pidió la misma cantidad de dinero para el juez y el secretario, con el fin de ahorrarse el amparo.

“Dijiste que por un amparo me cobrarías 20 mil pesos, ahora tú me dices que me sale igual, no es lógico que por la derecha me salga igual que por la izquierda”, le dijo al litigante.

Después siguieron los abogados de oficio, quienes -resume- no hicieron absolutamente nada.

Una de sus últimas cartas fue contactar a la Sección 22. Un hermano de Sebastián se entrevistó con uno de los líderes, quien se comprometió a mandar una persona al penal para confirmar si el reo era o no a quien acusaban.

Enviaron a Edith Santibáñez Bohórquez, conocida entre los internos como “La Veintidosita”, auxiliar jurídico de la sección magisterial.

“La primera vez que llega conmigo me dice ‘es que tú no tienes oportunidad de salir, el juez te va a sentenciar y tú no vas a salir nunca’, y yo le dije ‘si tú sabes que yo no fui, ¿por qué el afán de perjudicarme?’ ‘Pues así es esto'”, relata Sebastián.

“En el 2013 un abogado que trabajaba con ella me dijo ‘¿de qué te quejas si Mandela estuvo 38 años y no se quejó?, tú apenas llevas 3 años y ya te estás quejando’, así con esas palabras nefastas me lo dijo”.

Sebastián recuerda que hubo un momento en que la gente de la Sección 22 le advirtió que la única forma de negociar era aceptando como defensor a un abogado del magisterio, cosa que rechazó.

Después, le pidieron 43 mil pesos por el testimonio de cada uno de los tres testigos de los hechos, para que declararan ante el juez que él no era el Sebastián Merino que ellos imputaban. Debía conseguir 129 mil pesos. Tampoco hubo trato.

“Son 3 los testigos de cargo los que le dijeron a mi hermano ‘es que nosotros hacemos caso a lo que dice ‘La Veintidosita’ y ella es la que está diciendo que si nos das 43 mil pesos, nosotros les decimos que no es tu hermano’.

“Mi hermano graba esa conversación pero para su mala suerte, pierde el teléfono y ya no lo pudimos presentar”, cuenta Sebastián.

Al final, el procesado renunció al careo con los testigos de cargo, ante el agrado del MP adscrito al juzgado, que nunca quitó el dedo del renglón con que él era el responsable.

Para entonces, ya había perdido en dos instancias un recurso legal en el que había solicitado la libertad, tratando de desvanecer los datos que le imputaban.

Por eso tomó otra decisión: renunciar a los abogados de oficio. En adelante, él mismo se defendería.
Un familiar ilocalizable

Sebastián Merino era la única fuente de ingresos de su familia cuando fue detenido. La cárcel obligó a su esposa a trabajar y a sus hijos a buscar becas, las que no les costó trabajo conseguir por los buenos promedios en la escuela.

Pero eso no les alcanzaba para visitarlo como él lo hubiese deseado. Durante su estancia en prisión, sólo vio a su familia una vez al año. Para sostenerse, Sebastián aprendió a tejer bolsas y monederos con hilos de hamaca.

Además de afrontar la corrupción de propios y extraños, malos abogados, la extorsión, pobreza y un sistema legal inoperante, sus problemas de salud derivaron en alergias a la lactosa y el jitomate, lo que limitaba su alimentación en el presidio.

Sus reclamos ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Estatal se toparon con pared. Una dijo ser incompetente para atender su asunto y otra no hizo nada por él.

Mientras su familia buscaba que alguna clínica de derecho lo ayudara, Sebastián presentó a motu propio una demanda de amparo contra el Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca (TSJO) y su fallo donde rechazó desvanecer los datos de la acusación y, por consecuencia, concederle la libertad.

Al final del camino, Sebastián debió librar otro obstáculo que significaría más de un año de su vida en prisión.

Y es que su amparo debía ser notificado a un hermano de la víctima del homicidio, en calidad de tercero perjudicado, pero el trámite resultó imposible porque durante más de un año las autoridades buscaron al familiar sin localizarlo.

La siguiente opción era pagar edictos en la prensa local y nacional, sin embargo, el acusado no podía costearlos. Pidió entonces que le practicaran un estudio socio económico para que la Federación se hiciera cargo de ese gasto y así dar por finiquitado el requisito. El juez aceptó.

Su amparo ingresó al juzgado cuarto de Distrito de Oaxaca el 22 de septiembre de 2014 y finalmente se resolvió el 29 de abril de 2016.

Tanta mala suerte empezaba a terminar. Era el mismo juzgado de distrito al que habían llegado los amparos de su homónimo. Le dieron la razón y el juez obligó al TSJO a reponer su procedimiento.

Al mismo tiempo, la Barra Mexicana de Abogados, a través de la Fundación Barra Mexicana, que dirige Carla Aguilar, decidió tomar su asunto en forma gratuita y designó a Ricardo Zínser Cruz como el litigante que debía defender a Sebastián.

El 8 de junio pasado, tras analizar 44 pruebas, el TSJO finalmente ordenó su libertad, admitiendo que no había certeza sobre la identidad del detenido.

Una evidencia era el acta de nacimiento del procesado, quien nació el 6 de marzo de 1968 en San Pedro Jicayán, hijo de Florentino Merino y Juana Mejía López.

Otra era el acta de un homónimo nacido el 16 de septiembre de 1955 en el mismo poblado, hijo de Pablo Merino y Juana Mejía García de Merino, el mismo nombre que la madre de quien pasó casi seis años tras las rejas.

“Ahorita lo único que me preocupa es el trabajo, no puedo conseguir un trabajo desde que salí porque no tengo papeles, en el juzgado mixto de Pinotepa Nacional me dicen que están perdidos mis papeles, mi cartilla del IMSS, licencia, acta de nacimiento, credencial de elector, no me las han devuelto”, dice Sebastián, quien a pesar de todo no luce ninguna cana.

Sebastián hoy es un hombre libre, pero el sujeto a quien suplantó durante más de un lustro en la cárcel continúa sin castigo.