REFORMA/ Redacción
Cd. de México (11 diciembre 2016).- Organizaciones de la sociedad civil y defensoras de derechos humanos pidieron al Congreso rechazar reformas que normalicen la presencia del Ejército en las calles.

A través de un pronunciamiento, advirtieron que las iniciativas pendientes de analizarse buscan normalizar lo que en cualquier democracia sería una excepción: el involucramiento de militares en tareas de seguridad pública que van desde patrullajes y detenciones, hasta la investigación de delitos.

Los activistas reconocieron que es importante dotar de un marco jurídico a las Fuerzas Armadas, cuyos miembros han sido colocados en una situación de vulnerabilidad jurídica al realizar tareas que corresponden a las autoridades civiles.

Sin embargo, aseguraron que las reformas no deben apuntar hacia la permanencia de los elementos castrenses en labores de seguridad pública ni buscar la suspensión de garantías individuales para que el Ejército pueda realizar, sin controles, tareas que corresponden a la autoridad civil.

“Cualquier propuesta de regulación debe retomar las recomendaciones que ha hecho en la Oficina del Alto Comisionado Derechos Humanos en México e ir orientada a regresar los soldados a sus cuarteles, de forma paulatina y responsable”, demandaron.

También solicitaron a los legisladores expedir una ley que regule el uso de la fuerza y establezca mecanismos institucionales para fiscalizarla.

Las organizaciones civiles se refirieron de manera particular a la Ley Reglamentaria del Artículo 29 de la Constitución que podría ser aprobada en la Cámara de Diputados.

Solicitaron a los inquilinos de San Lázaro no aprobar la legislación de manera apresurada, ya que no contempla contrapesos serios ni tiempos máximos para la suspensión de garantías individuales.

“Es grave que el proyecto asumo que las fuerzas armadas y el ejecutivo se auto vigilarán y limitarán en el uso de la fuerza”, expusieron.

Piden a estados asumir lucha anticrimen

Los ciudadanos aseguraron que las medidas que normalizar la presencia militar y el estado de decepción no son un buen camino para lograr la paz, la profesionalización de los policías o fortalecer el Estado de derecho.

“Señores legisladores, les pedimos que hagan su trabajo con responsabilidad”, agregan en el pronunciamiento firmado por la politóloga Denisse Dresser, los defensores de derechos humanos Edgar Cortez, Rocío Culebro y Ernesto López Portillo, entre otros.

La lista de organizaciones firmantes incluye al centro de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Artículo 19, Fundar, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Fuerzas Unidas por nuestros desaparecidos en México, Instituto de Justicia Procesal Penal, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, México Unido contra la Delincuencia, Servicios y Asesoría para la Paz y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, entre otros.