En este texto ofrezco una valoración personal del porqué en nuestra entidad ha sido tan difícil la ejecución gubernativa, también daré cuenta de los numerosos obstáculos que nos enfrentamos y que aún tenemos que sortear a menos de unas horas de la renovación de la administración pública en este 2016. Planteo a la modernización cómo la única herramienta que nos permita revalorar el estado que guardan nuestras instituciones, para dotarlas de una correcta coordinación que permita la efectiva implementación de las acciones de gobierno.
En México, desde mediados de los años setenta ha habido numerosos intentos por “modernizar” la administración pública, por ejemplo la “renovación moral” de Miguel de la Madrid; el Programa de Simplificación Administrativa, de Carlos Salinas; el Programa de Modernización de la Administración Pública, de Ernesto Zedillo; la apuesta por la innovación de estilo empresarial de Vicente Fox; el Programa de Mejora de la Gestión, de Felipe Calderón; o el reciente Programa para un Gobierno Cercano y Moderno, de Enrique Peña Nieto. Estas agendas de modernización dispersas no han tenido una lógica integral que dé sentido a los cambios que México presenta, que si bien cada una pudo haber tenido sentido en sí misma, no conformó un todo coherente, el resultado: una administración pública federal desarticulada y contrapuesta.
En Oaxaca en el año 2010 se optó por una nueva opción en el poder, que venía de una coalición de partidos políticos y que comenzaría proyectando diversas reformas en materia jurídica, administrativa, de programas sociales, entre otros. Todas estas decisiones fueron necesariamente el arranque de complejos procesos de implementación, que a seis años de gobierno, si bien se ha avanzado, no se han obtenido muchos de los resultados esperados; la crítica fácil alude a que los gobiernos de coalición saben cómo llegar al poder pero no saben cómo gobernar, pero los que se han vendido como expertos en el arte de gobernar son los que dejaron a la entidad con mayores índices de pobreza y marginación en todos los indicadores nacionales e internacionales, al mismo tiempo que en los más altos indicadores de corrupción.
Oaxaca se encuentra inmerso en una Administración Pública inconexa, con procesos burocráticos complejos, servidores públicos que operan por rutinas consentidas, pocos controles de evaluación, sindicatos que han abusado de la generosidad de los gobiernos para conseguir privilegios con nombre de “derechos”, organizaciones sociales que capturan las decisiones u omisiones de los funcionarios públicos, dejando a las oficinas de gobierno vulnerables a las manifestaciones y tomas de oficinas. Por eso es importante considerar que para ejecutar una decisión no bastan las buenas intenciones de los candidatos a la gubernatura, basta que las leyes se cumplan, que los derechos se garanticen, que las instituciones se modernicen, que las obligaciones se cumplan y responsabilidades se asuman. Porque las condiciones con las que entrará el nuevo gobernador, no serán las mismas que le garantizarán los resultados.
Para el éxito de todo programa de gobierno, se necesita una administración pública capaz, un sistema coherente de normas que permita una buena coordinación con los diferentes órdenes de gobierno e instituciones y  mecanismos de rendición de cuentas efectivos. La mala noticia para nuestro Estado, es que esos supuestos no sólo no se cumplen, sino que nunca han aparecido en la agenda de gobierno de las anteriores administraciones ni en la del Gobernador electo, y es que hay que recordarles que las capacidades institucionales de las oficinas públicas no surgen por generación espontánea, requieren ser construidas con intervenciones deliberadas.
Necesitamos contar con una administración pública eficaz, esto significa implementar una coordinación institucional, una asignación correcta de los recursos y comprometer, capacitar e incentivar a los servidores públicos, para que estén listos para implementar cualquier decisión, porque hoy los servidores públicos no operan con normas, procesos ni controles diseñados para implementar las acciones gubernativas, sólo operan para administrarlas, restando efectividad a la acción gubernamental y al desarrollo en su conjunto.
Y es que en gran parte de la administración pública estatal se establecen obligaciones legales sin recursos materiales básicos, sin papelería, ni computadoras (aunque tengamos años con presupuestos “históricos”); durante setenta años se otorgaban presupuestos para la implementación de programas a las Dependencias y Entidades pero sin estructuras orgánicas adecuadas para ello y en muchos casos funcionarios de alto nivel sin el perfil adecuado para ejecutarlos;  se otorgaron prioridades políticas o programas pero sin haber elaborado previamente su sustento normativo, se invierten enormes recursos dedicados a generar reportes e informes que se terminan guardando en el cajón porque no hay recursos para ejecutarlos; se distribuyen responsabilidades de manera abrumadora y poco clara sin un orden, lógica o racionalidad administrativa.
Las estructuras orgánicas por ejemplo son el reflejo de la desarticulación que ha existido en las Dependencias y Entidades,  existe una gran cantidad de ellas (97), muchas de ellas sin operación ni seguimiento de su presupuesto, quedando en operación sólo 86, además hay un gran número de gabinetes de gobierno, primero el gabinete legal y ampliado, gabinetes sectorizados, órganos desconcentrados y auxiliares y órganos de gobierno; coordinaciones que conforman todo un cúmulo de historia, menos de coordinación y mucho menos de efectividad. Esta Administración Pública opera con los servidores públicos, procesos y estructuras que ya existen, y que, aunque sean modificados, se hacían sin un diagnóstico funcional; por eso en esta nueva administración es importante considerar un programa de reingeniería administrativa, que permita darles una verdadera coordinación y coherencia.
La normatividad establece en repetidas ocasiones que deberá existir esta coordinación institucional, sin embargo los incentivos para hacerlo no son los mismos entre los responsables y el personal operativo, y es que nuestra normatividad no sólo no promueve la coordinación, sino que la obstaculiza. Esta certeza jurídica que debería orientar la acción de funcionarios y ciudadanos, ha generado un caos normativo, que a la par genera incentivos para eludirlo y en consecuencia corrupción.
Mientras no se haga nada, los servidores públicos seguirán viviendo asediados cotidianamente por los centenares de normas que los rigen y los muchos funcionarios que viven para aplicarlas, haciendo de la vida de los ciudadanos y empresas un infierno paralelo, batiéndose en un laberinto de trámites, requisitos y las interminables copias. Por ello urge apoyar con mayor esfuerzo la política de simplificación administrativa y mejora regulatoria en la entidad, que permita una mínima articulación normativa tanto hacia adentro como hacia fuera de la Administración Pública.
En el caso de la rendición de cuentas sigue siendo frágil, porque las auditorías aún sirven para saber si se cumplieron con los procedimientos administrativos concretos, pero no sirven para conocer la calidad de la acción gubernativa; se evalúa que sí el dinero se gastó a tiempo, que los comprobantes se encuentren completos, que las firmas y el sello esté en su lugar y que todo se haya realizado en “tiempo y forma”, pero no se evalúa aún sobre lo sustantivo, sobre el valor público generado, la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, y es que un servidor público puede ser sancionado por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, pero no por no haber logrado el propósito público del que es responsable, los servidores públicos cuidan con cumplir los procedimientos, aun a expensas del logro de los objetivos donde su incidencia sea directa o indirecta. De ahí la urgencia de establecer un mecanismo que permita a los servidores públicos trabajar con base a resultados.
Intrínsecamente a la rendición de cuentas, se encuentra el combate del fin último: la corrupción, y es que funcionarios aún continúan enriqueciéndose con sólo seis años de servicio público o menos, siguen acostumbrados a privilegiar la lealtad o deudas políticas sobre la responsabilidad pública,  los líderes sindicales que continúan adquiriendo ganancias, organizaciones sociales que han tomado por negocio la toma de oficinas públicas para favorecer intereses privados a costa de necesidades sociales y ciudadanos, la corrupción es el mal más grave que puede desviar la acción gubernativa de su propósito, estas pueden ser capturadas para satisfacer clientelas o intereses privados, y en general, retrasa y entorpece gravemente la obtención de resultados.
En esta renovación de la Administración Pública, hay una pequeña ventana para tomar decisiones deliberadas en torno a establecer una administración pública eficaz, un marco coherente de leyes que permita una adecuada coordinación institucional y mecanismos de rendición de cuentas funcionales, con el objetivo de lograr una adecuada implementación de la acción gubernativa, porque mejorar la administración no sólo es realizar cambios en el gabinete después de cada informe de gobierno, mejorar la administración conlleva una proceso  importante de modernización integral de la Administración Pública en su conjunto y desde fondo, si la nueva agenda de gobierno no empieza a prestar atención a estos supuestos ahora, a las y los oaxaqueños sólo nos quedará esperar a la suerte que la próxima Administración Pública siga dando los mismos resultados.
Es por eso que la verdadera posibilidad del cambio en la nueva administración de Alejandro Murat considero están de manera general en las siguientes premisas:
1. Los titulares de las siguientes áreas no se deben improvisar: tesorería, planeación, desarrollo urbano y obras públicas.
2. Deberá buscar mayor calidad en el gasto, que le permita mayor probabilidad de obtener recursos federales.
3. Si consigue mayor calidad y rentabilidad de los proyectos, asegurará un mayor impacto en los problemas públicos, cómo la pobreza y rezago en la entidad.
4. Deberá romper el círculo vicioso del “chantaje a cambio de dinero” por parte de las organizaciones sociales, por lo que debe generar las condiciones.
5. Porque no es un tema de cuanto recurso histórico tengamos, ni de cuanta deuda pública nos hayan dejado, el problema radica en la falta de efectividad en la ejecución del presupuesto de forma efectiva.
Por el bien de Oaxaca, espero que así sea.