Cinco hombres fueron asesinados a balazos en una barbería. El cuerpo de un hombre decapitado apareció cerca de una zona residencial. A tres más los asesinaron detrás de un salón de billar. Otros fueron ejecutados en un bar llamado Tres Mentiras.

Para fines de octubre por lo menos 96 personas habían sido asesinadas en Ciudad Juárez, una ciudad cerca de la frontera con Estados Unidos. Fue la cifra mensual más alta desde 2012, lo que provocó temor por un regreso del caos del crimen organizado que hace unos años convirtió a esta ciudad en el lugar más violento del mundo.

En ese entonces, el derramamiento de sangre no tenía comparación, pero ahora existen otros lugares de México que están igual o peor. El año pasado, el número de homicidios aumentó a niveles que no se habían visto en varios años.

En los primeros diez meses de este año hubo 17.063 casos de homicidios en México; esa cantidad ya supera al total del año pasado y es la cifra más alta recaudada en diez meses desde 2012. El aumento de la inseguridad inquieta a los mexicanos y hace que muchos se pregunten si el país está al borde de una guerra sangrienta entre grupos criminales.

“Es una conmoción. Es una especie de miedo entre todos los que vimos un asesinato o los que escuchamos disparos”, dijo Carlos Nájera, un activista de Juárez. “Todos están preocupados por un regreso del pasado”.

El aumento de la violencia refleja un paisaje criminal cada vez más volátil y las limitaciones de la estrategia antidrogas en la región; además ha contribuido con la drástica caída de aprobación del presidente Enrique Peña Nieto.

Uno de los principios de la lucha del gobierno contra el crimen organizado —respaldada por cientos de millones de dólares de apoyo estadounidense— ha sido convertir en objetivo a los capos de la droga, bajo la teoría de que cortar las cabezas hará que se pudran las organizaciones. Sin embargo, esa táctica fragmentó a las empresas criminales monolíticas y jerárquicas, convirtiéndolas en una variedad de grupos que son cada vez más violentos e incontrolables, según sostienen los analistas.

La creciente inseguridad plantea un problema para el presidente electo Donald Trump, quien no ha ofrecido mayores detalles sobre cómo pretende abordar la lucha contra el narcotráfico y el crimen en el hemisferio.

Lo que dijo en campaña sugiere que implementará una estrategia de control basada en la construcción de un muro a lo largo de la frontera para impedir el paso de drogas y la inmigración ilegal. A algunos expertos les preocupa que, como parte de sus planes, Trump pueda revocar el apoyo de Estados Unidos para iniciativas que buscan reforzar el estado de derecho en México, fortalecer las instituciones estatales y ayudar a las comunidades afectadas por el crimen.

Sin embargo, puede que una estrategia menos involucrada solo le dé más espacio a los grupos violentos en México y en otros lugares, lo cual desestabilizará la región, dijeron los analistas.

“Que Estados Unidos quiera protegerse como una fortaleza podría convertirse, de manera muy rápida, en una acción insuficiente”, dijo Alejandro Hope, un experto mexicano de seguridad.

Hope señaló que toda la heroína que se consume anualmente en Estados Unidos, gran parte de la cual proviene de México, “cabría en cerca de 1800 a 2000 piezas de equipaje”.

“Eso no se detiene con un muro”, dijo.

Durante décadas el gobierno mexicano ha estado atacando a los narcotraficantes, pero la lucha adquirió una nueva intensidad en 2006, cuando el presidente Felipe Calderón le declaró la “guerra” al crimen organizado.

El ejército tuvo algunos éxitos con esa estrategia, pues capturó o asesinó a muchos de los narcotraficantes más buscados del país. Las cifras mensuales de homicidios, que en mayo de 2011 aumentaron a un máximo de 2131, disminuyeron.

Juárez vivió lo peor de la violencia y se convirtió en un símbolo de la disfunción y la tragedia: en octubre de 2010 se cometieron 359 homicidios, según el Grupo de Trabajo por la Seguridad y Justicia en Juárez, un organismo independiente que incluye a representantes de la sociedad civil y el gobierno. Pero la saturación de la ciudad por parte de las fuerzas de seguridad del gobierno y una sólida participación de la sociedad civil ayudó a revertir la situación.

Sin embargo, la estrategia nacional de acabar con los capos se quedó corta en un aspecto importante: el tráfico de drogas siguió prosperando. Mientras los líderes cayeron, las grandes organizaciones de narcotraficantes se dividieron en pequeñas pandillas criminales que libraron una guerra de sucesión y eso provocó más violencia.

“Si los dejas en paz, estos grupos se hacen muy poderosos”, dijo Steven Dudley, codirector de InSight Crime, una fundación que estudia el crimen organizado. “Y si te metes con ellos y se fragmentan, se crean múltiples bestias incontrolables”.

Desde fines de 2014 las cifras de homicidios han mostrado una tendencia al alza, un aumento que Eduardo Guerrero, consultor de seguridad en Ciudad de México, ha calificado como “la segunda ola de la violencia”.

Septiembre —con 1976 casos de homicidio en todo el país— fue el mes más mortífero desde mayo de 2012, y uno de los peores que se haya registrado, según la Secretaría de Gobernación.

Mientras que durante la presidencia de Calderón la violencia se concentró en algunos lugares como Juárez, el aumento reciente en los homicidios se ha extendido. La violencia se ha desatado en lugares que casi no la habían experimentado como Colima, un estado de la costa del Pacífico que alguna vez fue pacífico y Guanajuato, un centro de la industria automotriz y donde se ubica San Miguel de Allende, un destino turístico muy popular entre los extranjeros.

En septiembre de 2015, por ejemplo, solo dos estados tuvieron más de 100 víctimas de homicidio a lo largo del mes. En septiembre de 2016, 11 estados sufrieron más de 100.

Aunque suele pensarse que los choques entre los grupos restantes de narcotráfico son una causa significativa para el aumento de la violencia, los analistas y funcionarios de gobierno también señalan otros factores, como los cambios en el control político de los gobiernos estatales y municipales después de las elecciones.

Mientras las viejas estructuras del poder político le abren camino a otras nuevas, la cooperación entre las autoridades corruptas y las bandas criminales se desbarata, explican los analistas.

“Los grupos intentan movilizarse con tal de tener una mejor posición para negociar con el gobierno entrante”, dijo Guerrero. “La incertidumbre de los criminales es muy alta”.

Además, las organizaciones criminales han diversificado sus modelos de negocio con la extorsión, el robo, el secuestro, la prostitución, las apuestas ilegales, la piratería y el robo de combustible.

“Lo que tenemos es una transición en el submundo criminal que va de organizaciones estructuradas jerárquicamente, a gran escala y relativamente identificables, cuyos negocios principalmente trataban de contrabandear drogas a Estados Unidos, para pasar a pandillas más pequeñas y diversificadas, más locales en cuanto a su alcance y más rapaces por naturaleza”, dijo Hope.

No obstante, aunque la naturaleza de las operaciones criminales ha cambiado en México, la respuesta del gobierno no lo ha hecho, dijo. “Son capaces de capturar a El Chapo, pero no pueden solucionar la extorsión de pequeñas tiendas familiares en Guerrero”.

En agosto, el gobierno de Peña Nieto anunció un plan para reforzar la seguridad en 50 municipalidades que conforman el 40 por ciento de los homicidios del país. El gobierno aún está por definir las municipalidades y durante meses ofreció pocos detalles sobre la estrategia. Pero el ministerio del interior dijo que el plan incluía la coordinación de autoridades locales y estatales, y el despliegue de fuerzas de reacción rápida en cada una de las 50 municipalidades, entre otras medidas.

Aunque reconocen el aumento en los homicidios, los funcionarios buscan restarle importancia. En una conferencia de prensa el mes pasado, Renato Sales Heredia, el comisionado nacional de seguridad, rechazó el aumento como algo “no sustancial”. Después su oficina aclaro en una entrevista que él no se había referido al aumento de la violencia de este año, sino al aumento más pequeño de 2014 a 2015.

Los funcionarios también han negado que el problema sea generalizado. La Secretaría de Gobernación señaló que un 42 por ciento de los homicidios en México se concentraron en dos por ciento de los municipios del país, aunque no ofreció un marco de tiempo para esa estadística.

Las respuestas han hecho que muchos analistas concluyan que el gobierno carece de una estrategia coherente para abordar el problema.

“Lo único que hacen es enfrentar las consecuencias pero no las causas, y lo hacen de una manera muy marginal”, dijo Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, un grupo que estudia los problemas de seguridad y justicia en México.

Sin embargo, algunos funcionarios expresaron en privado sus profundas preocupaciones por las cifras crecientes e incluso la posibilidad de un regreso a la desenfrenada guerra antidrogas.

En Juárez, la posibilidad es palpable. El aumento de homicidios ha agravado un tipo de trastorno de estrés postraumático común, aunque las cifras aún están fuera del máximo de la violencia que envolvió a esta ciudad hace varios años… pues pasó de 96 en octubre a 33 en noviembre, de acuerdo con El Diario de Ciudad Juárez.

“Dicen que Juárez renació, que es nuevo. ¡Qué mentiras!”, dijo Sergio Meza de Anda, director de Plan Estratégico de Juárez, una organización local. “Las causas persisten”. Mencionó problemas tanto nacionales como locales: corrupción, impunidad, instituciones débiles, pobreza, desigualdad de ingresos y desarrollo insuficiente.

“El Estado es cómplice del problema”, dijo.

El reverendo Mario Manríquez, un sacerdote conocido de Juárez, conoce el precio del abandono de las calles. Los hogares de su parroquia, ubicada en un vecindario al sur de la ciudad, están llenos de familias en crisis y vidas interrumpidas.

“La violencia jamás se fue”, dijo.

En el parque frente a su iglesia ha construido un monumento a las víctimas de la guerra antidrogas. Placas llevan los nombres de algunas víctimas que han sido asesinadas. El monumento solo tiene tres años, pero ya le queda poco espacio para agregar nombres nuevos.

The New York Times